Tanto en la Casa de Nariño como en el Congreso tienen previsto entrelazar este fin de semana los últimos hilos de las estrategias que –a partir de este mismo lunes– desplegarán en estas dos ramas del poder y que por cuenta de sus cabezas están metidas en una dura disputa que derivó en un nuevo llamado a las calles y la puesta en marcha de una consulta popular para intentar impulsar las reformas que el Ejecutivo quiere y que la mayoría del Legislativo frena.
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Delegados de ambas instancias buscan que, con el arranque de la semana, estén definidas las movidas que se van a dar. Y no es un tema menor, porque si bien el presidente Gustavo Petro quiere mostrar músculo popular y de paso presionar a otras instituciones por decisiones a favor de sus intereses convocando a más manifestaciones callejeras, en el Capitolio tienen previsto comenzar el tercer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y quieren darle la mayor visibilidad posible para esquivar señalamientos sobre la forma en que se realice este trámite.
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El Espectador estableció que el propio jefe de Estado dio instrucciones precisas para que su gabinete y líderes de otras entidades promuevan con fuerza las marchas progobierno de este 18 de marzo, y que de paso se le notifique cada movimiento. Lo que quiere es que este martes en las calles se escuchen arengas que promuevan su administración y les den impulso a las reformas laboral, a la salud y pensional; las dos primeras por lo que no han podido avanzar más allá de su tercer debate y la última porque pende de un hilo en su examen ante la Corte Constitucional.
En paralelo, de acuerdo con la estrategia desplegada, el ministro del Interior, Armando Benedetti, está en diálogos constantes con delegados de las bancadas de los partidos Conservador, Liberal, La U, Alianza Verde y otras fuerzas que no necesariamente reconocen las jefaturas de sus colectividades y que, en medio de negociaciones por representatividad, pueden ajustar sus decisiones de fondo.
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“Los trinos del presidente de la República han sido ofensivos contra el Congreso de la República. Violencia contra los de paz que somos los del Congreso, y negociación y paz con los narcotraficantes; eso no lo podemos entender”, aseguró el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador).
“No, señor Efraín, la Constitución ordena y reglamenta la participación del pueblo en la consulta popular. No he cruzado más límite que entrar de lleno a la democracia. Usted no puede considerarse ni dueño del Congreso ni dueño del país. Millones de personas queremos aplicar la Constitución y la libertad que nos da”, le respondió el presidente Petro sin hacer referencia a lo dicho por su par del Legislativo.
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Esa pugnacidad refleja las acciones de ambos sectores, porque las agendas de esta semana que viene son claves para sus intereses particulares. De hecho, el ministro Benedetti le notificó al país en una reciente entrevista con este diario que la consulta que busca el mandatario contaría al menos con ocho millones de votos; y desde el Legislativo, para dar la discusión de fondo, citaron para el mismo día de las marchas la discusión de la reforma laboral que tiene cuatro ponencias (positiva, negativa y dos alternativas) y se convirtió en el detonante de un nuevo pulso que oficialismo y oposición coinciden en sellar en las urnas.
Pero ahí no para el asunto. En efecto, la próxima semana también deben quedar radicadas oficialmente las mociones de censura en el Congreso contra dos de los jefes de cartera que asumieron en el cuarto remezón ministerial y que hacen parte ya de los más de 50 ministros que ha tenido la primera administración de izquierda pura en menos de tres años.
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Una la impulsará la oposición que encarna el Centro Democrático y será liderada por el representante Jaime Uscáteguí contra el ministro Benedetti. Lo que quiere este sector contradictor de la Casa de Nariño es que en la Cámara se le mida el pulso a la aceptación que puede o no tener el funcionario que asumió oficialmente el cargo el pasado primero de marzo.
La otra la prepara desde el Senado el también opositor Cambio Radical, desde donde el senador Carlos Fernando Motoa quiere pasar al banquillo a la canciller Laura Sarabia por el manejo que se ha tenido de la política exterior, en especial por las relaciones con Estados Unidos y Venezuela. Lo que se sabe es que se está en proceso de determinar si es vía moción de censura o debate de control político.
Eso, por supuesto, tiene a los alfiles del Ejecutivo moviéndose en el Capitolio para evitar que se consigan los respaldos necesarios desde la oposición y que, por el contrario, las mociones y los debates de control se caigan por falta de apoyo. El pulso es muy fuerte en los pasillos del Congreso y las llamadas y mensajes de ambos bandos no paran.
Entre tanto –según se ha conocido de las agendas que están construyéndose– también se espera que esta semana se retome en el Congreso la discusión del proyecto con el que se busca reducir los salarios de los congresistas.
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Esta iniciativa la lidera el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, pero tiene el respaldo de la bancada oficialista y ha obtenido el apoyo de otros sectores políticos. Entre ellos están legisladores como Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, y Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal.
Este intento de reducir los salarios de los miembros electos de la rama Legislativa no es el primero; de hecho, en los últimos nueve años se han intentado pasar 24 articulados con fines similares. Todos fueron intentos fallidos.
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De acuerdo con el senador del Pacto, hay 57 congresistas detrás de esta reducción salarial. Por más de que, en el pasado, no se han podido pasar por el Congreso articulados como este, Cepeda considera que, dadas las ambiciones electorales que se están formando entre los partidos políticos, es probable que ahora muchos apoyen esta iniciativa.
Además, y si no cambian los pronósticos planteados por los mismos legisladores, en la agenda también entrará la segunda vuelta de la reforma constitucional con la que se quiere revivir el transfuguismo, que les permitiría a los congresistas cambiar de partido sin el temor de las sanciones que establece la ley.
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Esta norma tiene un apoyo mayoritario en el Capitolio e incluso la Casa de Nariño la ve con buenos ojos, porque tanto a la oposición como al oficialismo les funciona que se dé un espacio de reacomodo de fuerzas de cara a las elecciones de 2026.
En todo caso, con un día cívico de por medio, que decretó Petro para garantizar que las movilizaciones a favor de su administración a las que llamó para el 18 de marzo tengan impulso (la última vez que hizo algo similar fue el pasado 19 de abril, día que coincide con su cumpleaños y que se identifica con el extinto M-19), el plato fuerte seguirá siendo el pulso por la consulta popular.
La Casa de Nariño, que ya trabaja en el diseño de las preguntas, quiere demostrar que sus propuestas tienen respaldo, mientras que el Congreso busca defender la separación de poderes. Y, entre tanto, la vicepresidenta Francia Márquez, con quien el presidente Petro tuvo serias y recientes diferencias, está alejada por ahora de todo este debate y hay expectativa sobre qué postura tomará.
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