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Esta semana, la Registraduría Nacional expidió la Resolución 7110, con la que formaliza su postura frente al decreto del presidente Gustavo Petro que convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto y el cual el mismo mandatario dijo que va a retirar si prospera la conciliación de la reforma laboral en el Congreso.
En el documento, firmado por el registrador Hernán Penagos, la entidad ordena unas actuaciones administrativas generales para evaluar si se cumplen los requisitos constitucionales que permitirían avanzar con la convocatoria a las urnas. En ese sentido, la Registraduría trasladó el análisis jurídico a las altas cortes y otras autoridades, y se abstiene por ahora de fijar un calendario electoral.
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En el texto, Penagos recopila los antecedentes del caso: desde la solicitud del Ejecutivo al Senado el pasado 1 de mayo, pasando por la votación negativa del 14 de mayo, hasta el decreto.
También menciona que ya hay decenas de demandas de nulidad por inconstitucionalidad radicadas contra el decreto, así como solicitudes formales de partidos y congresistas al mismo Registrador para que no se convoque la consulta.
De hecho, la decisión se conoce un día antes de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto presidencial, una medida que fue celebrada por sectores de oposición.
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El presidente Petro respondió en sus redes sociales que la suspensión no implica una declaración de ilegalidad y que la discusión sobre la consulta “ya no es jurídica, sino política”, haciendo referencia al tema de la conciliación de la laboral este viernes 20 de junio.
Ni lo uno, ni lo otro. Ni el consejo de estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fué a la Corte Constitucional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2025
Pero ya la discusión no es… https://t.co/nYRIK7eWti
Desde el martes la Registraduría ha reiterado que no se puede poner en marcha un proceso electoral si persisten dudas jurídicas de fondo: “No se puede llevar a la Registraduría a cometer errores”, advirtió Penagos, quien también señaló que, además, el tiempo que propone el Gobierno para la consulta es insuficiente.
Con esta resolución, la Registraduría evita, al menos por ahora, tomar una decisión de fondo y espera que las cortes definan si se puede o no avanzar con la convocatoria.
Lea la resolución de la Registraduría sobre el decretazo:
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