El martes, antes de la alocución en la que el presidente Gustavo Petro anunció que la consulta popular irá por decreto, hubo un cónclave en el tercer piso de la Casa de Nariño. En el despacho presidencial se reunieron el jefe de Estado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y los abogados Luis Eduardo Montealegre (exfiscal general), Yefferson Dueñas (exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional) y Luis Ernesto Vargas (representante de Colombia ante la OEA).
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Los tres, además de coincidir en los argumentos de que los vicios en la votación permitirían el decretazo de la consulta popular, tienen otro punto en común: contratos con el Estado o hacen parte del Gobierno.
Montealegre y Dueñas han celebrado varios de estos procesos con entidades adscritas al Ejecutivo, como el ICFES, Positiva, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y RTVC, entre otras, que suman más de $1.570 millones desde el comienzo del actual mandato presidencial.
Y Vargas es embajador desde el comienzo del mandato de Petro. Además, y como se conoció este jueves, el exfiscal pasará de contratista a ministro de Justicia, reemplazando a Ángela María Buitrago, quien salió denunciando supuestas presiones para realizar nombramientos en entidades de esa cartera. El Espectador los buscó a los tres, pero no respondieron a las preguntas de este medio.
En total, los contratos de Montealegre y Dueñas, que se han hecho con entidades El encuentro, que se prolongó durante buena parte de la tarde, sirvió para darle el piso argumental a la defensa de Petro y de Benedetti de que, aunque se votó el 14 de mayo, el resultado de la decisión en la que hubo 49 votos en contra de la realización de la consulta frente a 47 a favor. Los detalles de esa reunión se han conocido con el pasar de los días.
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Por ejemplo, y como le dijo el exfiscal Montealegre en entrevista con este medio, el presidente Petro lo llamó luego de que publicara un artículo de opinión en el que “di mi opinión en medios de comunicación y escribí un artículo donde exponía por qué razón el trámite del Congreso era inconstitucional y, por lo tanto, el presidente podía inaplicar ese acto del Congreso y convocar por decreto. Allí señalé cuáles son los vicios de inconstitucionalidad que tuvo el trámite en el Senado y expliqué por qué razón debía entenderse que el Congreso no se pronunció y eso habilita al presidente para convocar por decreto”.
Similar fue la razón por la que Dueñas, quien es cercano a Montealegre desde que los dos coincidieron en el alto tribunal, llegó a esa reunión. En medios de comunicación, el exmagistrado ha defendido que no “hubo un concepto del Senado”, toda vez que no se leyó la proposición que se votaría y que, por tanto, ello abrió “la vía para el decreto”. Finalmente, Vargas, quien también pasó por la Corte Constitucional -que según el presidente debería resolver la viabilidad del decreto-, ha estado presente en las denuncias del Gobierno ante
El Espectador corroboró con el SECOP los contratos celebrados por Montealegre y Dueñas. Montealegre, a través de Derecho, Economía y Sociedad SAS -de la que es representante legal-, ha celebrado procesos con varias entidades. Otros medios como El Tiempo dieron a conocer también la información de los convenios del exfiscal.
Con el ICFES, la firma fue contratada para prestar “servicios profesionales jurídicos especializados a la Secretaria General del Instituto y sus dependencias, brindando seguridad jurídica en el análisis de información estratégica requerida para la toma de decisiones que permitan la mejora de la gestión pública institucional”. Este acuerdo fue por $37,5 millones.
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El concejal opositor Daniel Briceño (Centro Democrático) también publicó un contrato de la firma de Montealegre con Positiva Compañía de Seguros por un valor de $480 millones.
Y en el caso de RTVC, el acuerdo fue para prestar servicios jurídicos y emitir conceptos y representar en procesos judiciales y acciones constitucionales “que se encuentren directamente relacionados con la afectación del buen nombre de la empresa”. De todos, este es el de mayor cuantía. El acuerdo se firmó el pasado 19 de febrero y tiene un plazo de ejecución de 10 meses, hasta el 31 de diciembre, $495 millones.
Este es el contrato más reciente entre RTVC y Economía, Derecho y Sociedad de Montealegre:
Por otra parte, Yefferson Dueñas, desde 2023, ha celebrado, a título personal, cuatro contratos con entidades del orden nacional que suman, en total, $558 millones.
Dos fueron con el ICFES. Uno en 2024 por $103 millones. Y el más reciente, firmado el pasado 26 de febrero, por $77 millones. Los otros dos, con la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, adscrita al Ministerio de Defensa. El primero lo firmó el 11 de enero de 2023 por $180 millones. Y el segundo, suscrito el 2 de febrero de 2024, por $198 millones.
Este es el contrato más reciente de Dueñas con la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial:
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Otro abogado que llegó ese día a la Casa de Nariño fue el exmagistrado del CNE y exsenador Héctor Helí Rojas. En su caso, el pasado 20 de mayo celebró un contrato por poco más de $100 millones con el Ministerio del Interior de Armando Benedetti. Sin embargo, al ser consultado por El Espectador aclaró que él no estuvo en la reunión del decretazo. Dijo que estaba en Palacio, toda vez que tenía una cita con el ministro para discutir un proyecto legislativo, que es, precisamente, el objeto de su contrato. En todo caso, la reunión se demoró, precisamente, por el cónclave sobre la consulta.
En todo caso, estos contratos hacen parte de su ejercicio profesional como abogados en asesorías que también han prestado en gobiernos anteriores. Sin embargo, cobran relevancia porque fueron quienes defendieron desde el foco jurídico el decretazo de la consulta.
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