El Gobierno de Gustavo Petro le pasó la pelota al Senado, con advertencia de por medio, para que le den el visto bueno a la última gran apuesta de su administración antes de que finalice su mandato. En un documento de 29 páginas quedaron fijas las aspiraciones del mandatario para hacer, de una u otra forma, que la ciudadanía vaya a las urnas en los próximos meses.
Precedido por la espada de Simón Bolívar que había desenvainado minutos antes –y acompañado de sus ministros y congresistas–, el jefe de Estado le dejó claro al Congreso que, aunque no viniera armado, estaba acompañado por el pueblo y el “ejército libertador”, porque lo que se iba a decidir “no es de poca monta”. Ahora, la cámara alta tendrá 30 días para decidir sobre la viabilidad de la consulta popular a la que el Ejecutivo le apuesta todo.
Y es que si bien la “minirreforma laboral” que presentó el Partido Liberal –por la que ya se desataron diferencias internas por la ponencia positiva que cambió algunos puntos del texto original– ya acumula apoyos de varios partidos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que, para la Casa de Nariño, “el camino más seguro para asegurar los derechos de los trabajadores es la consulta popular”.
Esto deja a un Congreso que no tiene buena relación con el presidente Petro analizando sus cartas para ver si, en el próximo mes, le dará vía libre al Ejecutivo para que realice sus ambiciones. En todo caso, no quedan atrás las peleas ni las pullas –notorias en el discurso que el mandatario dio en la Plaza de Bolívar– para el análisis que tendrá que desarrollarse en el Legislativo en torno a la iniciativa.
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En el documento se dejó claro que hubo una “renuencia de los poderes públicos frente a la recuperación de [las] garantías [laborales]”. Incluso, que el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo “incurrió en la transgresión de máximas constitucionales como la participación política, el principio democrático y el principio de publicidad, al omitir el deber constitucional de garantizar un debate sustancial, informado y participativo”.
“Archivar esta iniciativa sin permitir su discusión en condiciones sustanciales equivale a frustrar una política pública estructural de justicia social y a desconocer compromisos del Estado respecto de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Es por ello que la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana se convierte en la herramienta que permite al pueblo expresarse, en las urnas, respecto de los ejes centrales que orientaron la propuesta de reforma laboral en mención, ante la renuencia del poder legislativo a abordar su estudio”, quedó escrito en el documento firmado por los 19 ministros del presidente.
Y no será superficial la labor a la que se enfrenta el Senado. Las 12 preguntas iniciales ya sufrieron alteraciones. En la tres se cambiaron las “tasas preferenciales” para las micro, pequeñas y medianas empresas a “tasas de interés en materia de crédito”; la cuatro pasó de “tratamientos médicos” a “citas médicas”; la sexta ya definió que para los jóvenes aprendices del SENA no será “contrato laboral” sino “contrato de aprendizaje de carácter laboral”; y en la novena se eliminó la parte en la que establecía que los contratos sindicales para la tercerización e intermediación laboral “violan los derechos laborales”.
¿Qué sigue para la consulta?
Una vez radicada en el Congreso, el pleno del Senado tiene un mes (20 días otorgados y 10 de prórroga) para emitir un concepto sobre la viabilidad de la iniciativa. Para llegar hasta ahí, de todas formas, hay varios puntos sobre los que tendrán que tomarse decisiones: este es un hecho inédito, pues esta es la primera vez que el mismo Ejecutivo presenta una consulta de esta naturaleza.
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La forma de realizar el trámite será decidida por el presidente del Legislativo, Efraín Cepeda (Partido Conservador), y puede tomar diversas vías. Ya sea a través de una proposición o incluso una comisión accidental que estudie la viabilidad de la consulta y luego presente en la plenaria un informe sobre el concepto favorable o desfavorable. A partir de ahí, es a voto limpio que se dirimirá si el Senado le da el guiño o no.
Para que la cámara alta le dé el visto bueno, se tendría que sumar una mayoría simple (la mitad de los votos de los senadores presentes más uno, superado el quórum decisorio). Las cuentas para el Gobierno están, al menos fijos, de 25 votos (los de la bancada del Pacto más los cinco de Comunes). A ellos se les pueden sumar uno que otro de otros partidos, como los de León Fredy Muñoz (de Alianza Verde y quien salió a marchar este jueves) y Antonio José Correa (de La U y férreo defensor de Petro).
Ambos partidos de oposición ya anunciaron, por su lado, que votarán negativamente para el trámite. Eso dejaría 23 votos: 12 de Centro Democrático y 11 de Cambio Radical. En juego quedan los 15 del Partido Conservador y 14 del Partido Liberal, que serán decisivos.
Eso sí, el Senado no se pronuncia directamente sobre las preguntas, es decir, no puede entrar a modificarlas, sino hablar únicamente sobre si es viable hacerla o no.
Pero quizás el debate central que se abrió con la consulta es el de la posibilidad de convocarla vía decreto, algo que el mismo presidente no ha descartado. Y puede que sea este el camino que tome la Casa de Nariño en caso de que se haya agotado el plazo para que el Senado debata: en el mismo documento radicado con las 12 preguntas se cita el artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, el cual establece que “tras haberse emitido tal concepto o una vez agotado el plazo previsto para el efecto, el presidente de la República deberá emitir un decreto fijando la fecha para el desarrollo de la jornada de votación correspondiente”.
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El argumento no convence a todo el mundo. Expertos consultados por este diario señalan que el voto favorable de la cámara alta es imperativo para la realización de la consulta, por lo que no sería posible hacerlo. Además, bajo concepto de algunos, la posibilidad de que el presidente decrete la iniciativa solo aplicaría para las consultas populares de origen ciudadano ―con firmas recogidas― y esta, al ser de origen del Gobierno, no se ampararía bajo esa norma.
La fecha máxima para realizar la consulta es, en todo caso, el 1° de septiembre, seis meses antes de las elecciones al Congreso y ocho de las presidenciales. Y no es secreto que esa votación en las urnas será una forma de medir el músculo electoral para la izquierda que se quiere reelegir en 2026.
Este es el texto completo radicado por el presidente Petro:
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Por María José Barrios Figueroa
