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Desde Puerto Carreño, capital de Vichada, el registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció por primera vez sobre la polémica que desató el decretazo de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. En medio de la instalación de las elecciones atípicas para gobernador de este departamento, el funcionario aseguró que su entidad ya fue notificada de la promulgación del decreto y que en las próximas horas se conocerá el rumbo a tomar.
De acuerdo con Penagos, la Registraduría sabe que el acto administrativo del Ejecutivo ha recibido múltiples demandas ante el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y que incluso la Procuraduría ya abrió una indagación previa contra los ministros que lo firmaron. Por otra parte, explicó que a su despacho ya han llegado solicitudes para que niegue el llamado a urnas, por lo cual su equipo jurídico revisa detalladamente todos los pronunciamientos que están sobre la mesa.
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“La Registraduría, con todo su equipo jurídico, está estudiando con el rigor debido este decreto, así como la decisión que adoptó el Senado y también fue comunicada a la Registraduría (...) En esta semana que empieza, la Registraduría se pronunciará de fondo sobre el asunto”, dijo Penagos.
El funcionario también resaltó que ha conocido que, desde que se firmó el decreto, se han presentado unas 30 demandas de nulidad ante el Consejo de Estado y cerca de seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. A esto se suman seis o siete peticiones a la Registraduría para que use la figura de excepción de inconstitucionalidad, más múltiples derechos de petición y 80 tutelas en otros despachos judiciales.
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“Se hace necesario estudiar con mucho rigor y juicio esa convocatoria, así como las demás solicitudes, por lo pronto no tenemos más que informar”, recalcó Penagos. El procurador general, Gregorio Eljach, quien lo acompañó durante la jornada electoral de este domingo, también se refirió al tema, pero no quiso hablar sobre la decisión que tiene en sus manos el organismo electoral.
De acuerdo con Eljach, la decisión del Senado de negar la consulta popular, con 49 votos contra, ya es definitiva, pero le corresponde al Consejo de Estado determinar su legalidad. Sobre el debate de la posibilidad de que el registrador use la figura de excepción de inconstitucionalidad, el procurador aseguró que no le corresponde dar recomendaciones y que espera que todos los actores involucrados en el debate puedan deliberar sin presiones.
Por otra parte, explicó que el proceso de indagación contra los ministros que suscribieron el decreto se dio porque se presentaron muchas quejas, pero que ahora se revisarán detalladamente las pruebas para decidir si hay mérito para abrir o no una investigación formal contra los integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro.
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