Petro regresa a las calles en “campaña por el sí” y mide fuerzas en epílogo de su mandato

El presidente Gustavo Petro regresó esta semana a un lugar que le evoca un profundo simbolismo y que está conectado con lo que fue su campaña para llegar a la Casa de Nariño: la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue allí donde hizo el cierre de la misma en 2022 y ahora, casi tres años más tarde, volvió para lanzar la “gran campaña por el sí” a su consulta popular y dejar sellado el inicio del nuevo capítulo del proyecto progresista para su objetivo de reelegirlo el próximo año.

Mientras el mandatario dialogaba “con los sabios de la Sierra sobre los días por venir” y llamaba a las comunidades indígenas, campesinas y sindicales a la movilización, sus bases se desplegaron en diferentes regiones para hacer sonar la idea de realizar una consulta popular que determine si se deben o no hacer las reformas sociales.

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En las citas se acordaron puntos de encuentro, temas logísticos y todo lo relacionado con la movilización del próximo martes 18 de marzo, mismo día en el que la Comisión Séptima del Senado le responderá a Petro si hunde definitivamente su reforma laboral, el proyecto que estalló la relación entre Ejecutivo y Legislativo se convirtió en un frente de la campaña de la izquierda e incluso de la derecha.

Y aunque todos los congresistas que estuvieron en ‘correrías’ y haciendo pedagogía sobre la consulta desmienten que el Gobierno esté haciendo campaña electoral, sí aceptan que los llamados a la movilización, las visitas a las regiones y la defensa del proyecto crecerán.

También lo viene afirmando el mismo mandatario, que ya ha adelantado reuniones en la Casa de Nariño con agrupaciones indígenas, grupos sindicales y campesinos, que prometieron movilizarse. Además, durante su intervención en la sierra dijo que será el primero en salir a la marcha que se denominó #18M y por la cual se decretó día cívico, una medida que Petro también adoptó el año pasado para ahorrar agua, precisamente el 19 de abril, fecha de su cumpleaños y que invoca la creación de la guerrilla M-19 en la que militó.

“Yo encabezaré la manifestación en Bogotá y ese día comenzaremos la gran campaña por el sí”, sostuvo.

Pidió que otras ciudades se sumen y, por ello, los congresistas tuvieron una intensa agenda. La senadora María José Pizarro estuvo en Medellín para iniciar el movimiento de la consulta popular “desde la cuna del uribismo”; la legisladora Martha Peralta viajó al Cauca, desde donde saldrá la Minga Indígena; el representante David Racero se encontró con los militantes del Pacto Histórico de Santander en Bucaramanga y Barrancabermeja y los legisladores Wilson Arias y Alejandro Ocampo pactaron encuentros en Cali.

Además, otro grupo de la coalición estuvo en el Concejo de Bogotá para defender la resolución del Ministerio de Ambiente para el ordenamiento de la Sabana y de la capital, que ha traído fuertes choques con el alcalde Carlos Fernando Galán y que por ahora fue suspendida por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Desde la corporación aprovecharon para lanzar críticas contra la administración distrital e igualmente –aunque se trate de escenarios distintos– para cuestionar el freno que le puso el Legislativo a la reforma laboral.

El panorama político se ha ido calentando desde varios frentes y en ello han ‘colaborado’ tanto izquierda como derecha. Lo cierto es que se espera que el próximo martes suba aún más la temperatura cuando las bases petristas estén en las calles mientras la Comisión Séptima del Senado vota la ponencia de archivo de la reforma laboral, la cual fue firmada el pasado martes por ocho de sus 14 miembros.

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Aún hay quienes esperan que algunos de estos senadores se echen para atrás y que el fin de semana les haya servido para “reflexionar”. Pero no solo el tiempo, sino también los señalamientos, críticas y dardos que lanzaron el presidente, sus funcionarios y sus militantes contra los legisladores. O dado el caso, las posibles negociaciones que podrían surtir a cambio de apoyo.

Nada más el Gobierno está a la espera para determinar a quién nombrará en la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que se quedó vacante ese mismo martes en el que se hundió virtualmente la reforma.

Los dos votos que tienen los grupos religiosos (MIRA y Colombia Justa Libres) en la Comisión Séptima del Senado serán claves para la definición del nuevo funcionario y para el relacionamiento de la Casa de Nariño con las iglesias, que están bajo la advertencia de ponérseles impuestos en una eventual reforma tributaria.

Así como algunos esperan que haya un cambio en los votos, otros ven en este episodio el preámbulo ideal para iniciar la campaña de cara al 2026: la derecha para impulsar el no, como ya el mismo expresidente Álvaro Uribe lo indicó, y la izquierda para ir por el sí. De paso, casi que dejan al centro político sin un discurso tajante que vibre en medio de la polarizada campaña que se avecina.

Tanto el Centro Democrático, como Cambio Radical encontraron en la idea del Legislativo una punta para mover su campaña: impedir la consulta y la realización de las reformas. Y así como habrá marchas del Gobierno, también los opositores examinan fechas.

En todo caso, el presidente confirmó que ya está realizando las preguntas de la consulta y fuentes del alto Gobierno manifestaron que Petro está a la espera de la votación en la Comisión Séptima para enviarle al Senado la solicitud de este mecanismo con la justificación y la firma de cada uno de sus ministros.

Estaría entonces por verse la respuesta del Senado, que debe dar un concepto y viene marcando su distancia con la Casa de Nariño por la manera en que abordó el parcial hundimiento de la reforma.

Nada más el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, dijo que fue necesario reunirse con Policía para que se estudiara si los esquemas de seguridad de él y de los ocho congresistas deben ser reforzados y aseguró que la decisión es legítima y debe ser respetada por los 22 millones de votos que tiene el Legislativo.

“El argumento del jefe de la banda antirreformas, que es como el presidente del Senado se autodenomina, es algo absurdo, pues no estamos hablando de 22 millones, sino de los del jefe y sus miembros que son muchísimo menos”, señaló la senadora Pizarro sobre esto.

Sea cual sea su respuesta, el Gobierno se moverá para agitar la temporada electoral y su discurso, como ya empezó a hacerlo vía marchas, pronunciamientos, e incluso a través del Presupuesto General que no aprobó el Congreso el año pasado.

Y es que aunque el mismo Ejecutivo viene señalando que el panorama financiero es realmente apretado, ahora planea disponer recursos para lo que implica llevarse a cabo marchas y una campaña por la consulta en lo largo y ancho del país. No solo eso, sino que varias de sus propuestas para demostrar que la crisis también toca sus bolsillos siguen sin llevarse a cabo, como el plan de austeridad que prometió redactar el ministro de Hacienda, Diego Guevara, y que continúa siendo solo un borrador.

Eso sí, lleva posponiendo varios pagos importantes. Apenas en marzo vino a girarle a la Cámara ($52.000 millones) y al Senado ($25.000 millones) los recursos de funcionamiento para esta legislatura. Sin embargo, hay algunas comisiones, como la de Acusaciones que lo está investigando por presuntas irregularidades en su campaña, que vienen pidiéndole al Gobierno un aumento, pues solo tendrían cubierto su funcionamiento hasta abril o mayo.

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Los partidos son otros de los grandes afectados, pues no se les ha pagado la totalidad de la reposición de votos de las elecciones de 2023.

“La absoluta ineficiencia con que se ha tramitado el pago a los candidatos de las elecciones del 2023 dice mucho del fracaso de la política de financiación pública y se produce por la pelea que hay entre el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Nosotros presentamos 1.500 informes de nuestros candidatos de esas elecciones y apenas se nos ha pagado cinco asambleas y tres gobernaciones”, contó el director de Cambio Radical, Germán Córdoba.

Precisamente, el CNE viene reclamando que se le hayan congelado $600.000 millones de su presupuesto, pero la Casa de Nariño sostiene que es porque querría duplicar funciones con la Registraduría, que también está a la espera del levantamiento de recursos para iniciar las contrataciones requeridas para las elecciones de 2026.

El Gobierno argumenta que está sumamente endeudado debido al gobierno del expresidente Iván Duque y espera reducir el gasto a la vez que aumenta la ejecución presupuestal de todas las carteras que están renovadas tras el reajuste ministerial. A propósito, la vicepresidenta Francia Márquez, quien salió del Minigualdad, ha mantenido su silencio frente a la consulta.

Además, el jefe de Estado ha dado la directriz de que esas contrataciones se deben adelantar con las juntas de acción comunal, los campesinos y las comunidades indígenas.

Ya han ido cumpliendo las carteras. Por ejemplo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que estuvo presente en la última alocución presidencial en la que Petro habló de la consulta, tiene contratos activos con el Ejecutivo por más de $10.500 millones.

O la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), que este jueves se reunió con la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, tiene otros activos por más de $5.700 millones. Se espera la participación de ambos grupos en las movilizaciones de este 18 de marzo.

Mientras este escenario se mueve, Petro no deja de lado los acuerdos con los partidos. Está esperando la respuesta de los cristianos para decidir quién llega a la Dirección de Asuntos Religiosos, y de la de los liberales para nombrar en propiedad en el Ministerio de Comercio, pero, como dicen los mismos militantes de este partido, no han logrado ponerse de acuerdo en torno a una única hoja de vida.

Ya se vio que con el Partido de la U los ánimos se calmaron y por lo mismo la senadora Norma Hurtado, de la Comisión Séptima, no habría acompañado el archivo de la reforma laboral.

El escenario puede cambiar en cualquier momento, pero hay algo que no soltará el mandatario y será el constante llamado a la plaza pública y a la participación popular. Desde el mismo Ejecutivo aseguran que nada está cantado y que hay dudas en que se logre aprobar la consulta, sea por una respuesta negativa del Senado o porque no se alcancen los 13 millones de votos necesarios.

En todo caso, Petro sabe moverse por esas aguas turbias y tiene como compañero a un funcionario que también lo sabe hacer bien, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha estado influyendo en que todo este panorama se esté forjado.

En menos de seis meses, Colombia conocerá si la consulta popular resultará siendo otra de las ideas de Petro que no se llevan a la práctica, como el acuerdo nacional, la asamblea constituyente o incluso la misma consulta popular de la que llegó a hablar para que los colombianos decidieran por las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

El próximo martes, en medio de todo este panorama agitado, el Gobierno se expondrá y mostrará la fuerza que tiene para el epílogo del mandato de la primera administración de izquierda pura. La oposición hará lo propio, aunque ya vio truncado el intento que tuvo el año pasado por también hacer una consulta popular en contra de las reformas. En definitiva, por donde se mire, el país entró en modo campaña electoral.

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