Tras semanas de expectativa, el Senado arrancó la discusión de la consulta popular impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sobre las 4:30 p.m. arrancó la plenaria citada, exclusivamente, para la votación de la propuesta del Ejecutivo con la que, de aprobarse, las personas votarían 12 preguntas que tienen que ver con asuntos de materia laboral, como el pago de horas extra.
El debate, como se esperaba, ha estado caldeado incluso desde antes de su inicio. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo han mandado mensajes. Además, ha habido pronunciamientos de partidos y reuniones de bancadas en una votación que es a cuentagota, ante la falta de consenso entre los congresistas para darle vía libre.
Por ejemplo, desde las 11:30 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, los senadores del Partido Conservador se reunieron en la oficina del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Allí, según supo El Espectador, se tomó la decisión de bancada de votar en contra de la consulta. Las cuentas fueron de 12 senadores que apoyaron la propuesta de los 15. Los senadores Miguel Barreto, Carlos Andrés Trujillo y Liliana Benavides, quienes han apoyado iniciativas gubernamentales, no asistieron a la reunión.
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“El Partido Conservador, leal a sus principios, ha tomado una decisión unánime de votar negativa la consulta popular que ha propuesto Gustavo Petro. 12 de los 15 senadores asistimos, los 12 votamos negativa la consulta, los 3 restantes pues tendrán que acogerse a la decisión de bancada o si se ausentan y no vienen a votar, que le respondan cada uno de ellos a la opinión pública y al partido conservador”, aseguró el senador godo Germán Blanco.
También el Partido Cambio Radical se pronunció al respecto, reiterando la decisión de votar en contra de la consulta. Argumentaron que la consulta es “inconveniente” y manifestaron estar en contra del “juego populista del Gobierno de Gustavo Petro, el cual, bajo el disfraz de ‘hablar por el pueblo’, lo que realmente pretende es afanar el camino para perpetuarse en el poder. Una consulta que le costaría a los colombianos más de $600.000 millones”, indicó la colectividad de Germán Vargas Lleras en un comunicado.
Desde el Gobierno Petro respondieron a esas críticas e insistieron en el argumento de que el Senado debe respaldar la consulta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que “es la forma que el pueblo se pronuncie sobre sus derechos laborales, que se les dé un trabajo digno, un trabajo decente, tiene impacto en la familia. Son derechos colectivos de la clase obrera”.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseveró que hay “un sentimiento cada vez más grande en la ciudadanía a favor de la consulta: la gente quiere que haya consulta popular. Esa voz debe ser escuchada por el Senado de la República”.
Y la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro le habló a quienes ya anunciaron su voto en contra: “Cada uno tiene que decidir con su voto si le da la cara, si le responde a sus electores, a sus regiones o, definitivamente, les da la espalda. No es un mecanismo que deba asustar. Se está poniendo la decisión en manos del pueblo de Colombia. Es momento de decidir si los colombianos pueden caminar con sus propios pies y decidir sobre los asuntos que les afectan”.
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Sin embargo, hay otra carta que podría complicar aún más el debate: la apelación que ya corre en el Congreso para salvar la reforma laboral. De hecho, el Partido de La U ya cantó que respaldará que, a través de esta, se reviva el proyecto que hundió la Comisión Séptima del Senado. No obstante, desde el Gobierno hay prevenciones.
“En principio, yo como Gobierno, no podría decir que no me gusta, pero realmente yo no entiendo eso porque lo están haciendo diez semanas después de que se hundió la comisión y faltan cinco semanas: no alcanza a mandarlo a la comisión, a que se den ponentes, se haga ponencia, salga de comisión y vaya a plenaria. Los tiempos no dan”, aseveró Benedetti.
En la misma línea, Sanguino afirmó: “Resulta muy sospechoso que se dmeoraran nueve o diez semanas para tramitar una apelación y estamos a cinco semanas y se hunda por tiempos. Quieren darle otro entierro a la reforma laboral y, al mismo tiempo, enterrar la consulta popular”.
En ese panorama avanza el que será uno de los debates claves en el Congreso en 2025, con los votos para aprobarla o hundirla aún lejos de ser una certeza.
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