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¿Consulta popular tocaría a plataformas de transporte? Polémica por una pregunta

La discusión sobre el contenido de la séptima pregunta gira en torno a la seguridad social de los trabajadores en escenarios digitales. Estas son las voces.

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Andrés Felipe Prieto Rodríguez - Estudiante de posgrado de la Sergio Arboleda
11 de mayo de 2025 - 04:12 p. m.
El futuro legislativo de la consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro se definirá en la plenaria del Senado.
El futuro legislativo de la consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro se definirá en la plenaria del Senado.
Foto: El Espectador - José Vargas
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En el marco del debate sobre la consulta popular, propuesta radicada ante el Senado por el presidente Gustavo Petro el pasado 1° de mayo, se abrió una nueva controversia por los alcances de una de las 12 preguntas debido a su posible impacto en la regulación de plataformas digitales de transporte.

Se trata de la séptima pregunta, la cual gira en torno a si los trabajadores de plataformas de reparto y transporte deben acordar su tipo de contrato y recibir garantías en seguridad social. Esta formulación dividió opiniones entre expertos, políticos, gremios tradicionales y líderes del sector tecnológico.

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“¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?”, es el contenido que generó el debate más reciente.

El presidente presentó la consulta como una herramienta para avanzar en su reforma laboral, bloqueada en el Senado en marzo pasado. En respuesta a esto, acudió a un proceso que, de pasar por el examen legislativo, terminaría en una convocatoria a urnas para decidir sobre la cirugía al sistema de empleabilidad colombiano. La discusión está prevista entre el 13 y 14 de mayo próximos, con el plazo límite para pronunciarse hasta 1° de junio.

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Desde el gremio de taxistas, el líder Fredy Malagón rechazó la pregunta al considerarla “mal formulada” y “populista”. Además, sostuvo que estas plataformas “no cumplen con la legislación colombiana”, ya que no son empresas de transporte ni pueden operar con vehículos particulares. Y advirtió que “el modelo informal comprometerá las finanzas del Estado” si no se garantiza un esquema sólido de aportes en salud y pensión.

En contraste, Samai Camacho, presidenta de Conduapps Colombia, celebró la posibilidad de un avance. “Representa un paso importante hacia la formalización y dignificación de su labor”, declaró. No obstante, reconoció que “existe un vacío normativo en el Código de Tránsito”.

Álvaro Velasco, del sindicato Asdiapp Reparto (Asociación de domiciliarios independientes de aplicaciones), pidió claridad sobre qué tipo de transporte abarca la pregunta. Aseguró que “la redacción actual genera confusión” y recomendó que se especifique si se trata de transporte público, privado o domiciliario.

El analista político, Freddy Serrano Díaz, afirmó que “acordar el tipo de contrato demanda condiciones uniformes”, y advirtió que “el populismo podría conducir al fracaso si se prometen condiciones laborales que las plataformas no pueden sostener económicamente”.

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También señaló que regular el transporte por consulta popular “representa un enfoque erróneo” y que “la legalización de estas plataformas debe responder a criterios técnicos y no a presiones democráticas”.

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la inclusión de la pregunta en la consulta. “Las plataformas de reparto incluyen también servicios de transporte, y quisimos ser más precisos”, dijo. Recalcó que “estos trabajadores operan en desprotección y la formalización de sus contratos es urgente”.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, rechazó la consulta en su totalidad. Afirmó que “la consulta no resolverá ningún problema” y que “es una maniobra política para favorecer al presidente y su partido”.

Frente a estas críticas, el viceministro de Empleo, Iván Daniel Jaramillo, aclaró que la intención “no es regularizar las plataformas, sino proteger al trabajador”. Y señaló que la propuesta solo busca garantizar “cobertura en seguridad social” y no modificar el estatus legal de los vehículos o las aplicaciones.

Mientras tanto, la propuesta sigue su curso legislativo. El Congreso tiene tres semanas para decidir si aprueba la consulta, y, de ser así, se convocará a las urnas el 1 de septiembre. Tanto el Ejecutivo como los partidos de todas las vertientes se alistan para el desenlace de esta consulta en el Senado.

* Este contenido hace parte de un ejercicio académico realizado en el módulo “Fundamentos de Comunicación e Información”, de la Especialización en Periodismo y Narrativas Digitales que se dicta en la Universidad Sergio Arboleda.

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Por Andrés Felipe Prieto Rodríguez - Estudiante de posgrado de la Sergio Arboleda

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