¿Por qué le están dando tan duro en los medios de comunicación?
Hay varias hipótesis. Una animadversión personal, una convicción absoluta y desprevenida de que la Contraloría y yo estamos haciendo las cosas muy mal y somos corruptos. Un ánimo deliberado de desacreditar la institución de control y afectar en concreto algunos procesos.
¿Por qué un periodista tendría animadversión hacia usted?
La verdad es que yo al doctor Bejarano no lo conozco como periodista, él era profesor de la misma universidad donde trabajé algún tiempo. Él ha tenido épocas donde muy amablemente me ha saludado, pero digamos que desde que él dictaba clases en el mismo salón, antes que yo, entraba a criticar mi clase, yo no le caigo bien.
No me estaba refiriendo a Ramiro Bejarano, hay muchos periodistas criticando su gestión. ¿Ellos también sienten animadversión por usted?
El resto, no sé, no los conozco. A Cecilia Orozco la he visto dos o tres veces, más que saludarnos no hemos pasado de ahí, y al señor Samper no tengo el gusto de conocerlo.
Sobre el caso de Ramiro Bejarano, hay quienes dicen que la forma en que usted le respondió uno de sus derechos de petición fue amenazante.
Uno no puede formular un derecho de petición con el ánimo de incriminar a alguien, no puede haber abuso del derecho. Aquí recibimos numerosas solicitudes de información todos los días de parte de la misma persona, que es el doctor Bejarano. Hay muchos que implican una acusación y realmente la respuesta técnica es decirle: “Mire, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, así que ponga la denuncia”. Además, me imagino que si uno es un gran abogado litigante tiene que decir en sus artículos a quién defiende y cuáles son sus intereses.
¿Es la respuesta a un derecho de petición el documento en donde usted como funcionaria debe expresarlo?
Él me dice que la información que solicita será utilizada en un medio de comunicación a lo largo de este año; entonces le digo con muchísimo gusto, señor, pero usted tiene que informar si tiene algún interés directo o indirecto en alguno de los asuntos que se ventilan en la Contraloría, porque me parece que sus lectores tienen derecho a saberlo.
¿No cree que eso es meterse en cómo deben los periodistas hacer su trabajo?
Me he leído varios códigos de deontología periodística y hay muchos países en donde está prohibido ejercer otra profesión. Le pongo un ejemplo, Hernando Yepes en un programa de televisión dijo que no sabía en la Contraloría cuál era la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, pero nunca dijo que él tenía un caso aquí. ¡Eso no es justo! Se debe decir, yo litigo allá, así la gente sabe que está haciendo una denuncia en donde tiene un interés y se le pagan unos honorarios por eso. A mí me parece que la opinión publica tiene el derecho a eso y no sé por qué se ponen tan bravos.
La gente ve su accionar como que usted está utilizando su poder en retaliación a las críticas que le hacen.
¿Como cuál retaliación? ¿A usted le parece que la pregunta es espuria como ciudadana?
Como la respuesta que le dio al señor Bejarano en su derecho de petición, mencionándole que su esposa está involucrada con unos procesos que investiga la Contraloría.
¿Está o no está? Eso el señor aún no lo ha respondido. Hoy no lo sé. Él me pregunta que de dónde saqué esa información, y le respondo que está en su página web. Lo que no sé es si intervino en un proceso en la Contraloría. A mí me parece sano que cuando uno escribe en un medio diga yo hago esto en la vida.
Entiendo. Sin embargo, no sé si sea función suya y mucho menos decirlo en respuesta a un derecho de petición.
Él nunca me mandó un derecho de petición cuando era asesora de la Federación y eso que yo era contraparte. Resulta que soy la contralora y debo proteger la institucionalidad y por eso le hice referencia. No me parece que sea una pregunta ilegítima, porque usted puede salir a decir lo que quiera, pero que la gente sepa si está siendo totalmente objetivo o no.
Para cerrar ese tema, ¿no le parece mal la forma en que respondió ni se arrepiente?
Conociendo a Ramiro Bejarano, él de cualquier manera iba a hacer lo mismo. Todo lo que pregunta es un interrogatorio y nadie está obligado a declarar contra sí mismo, entonces también le puedo decir que no estoy obligada a responder, ese interrogatorio me lo hace una autoridad y punto. Además, el derecho de petición es para obtener información en los casos que se tenga legítimo interés, no para acusar a una persona y ponerla contra los palos para después salir a hablar pestes.
Ya que habla del mal de la burocracia, a usted se le critica la “nómina paralela de la entidad”.
La Sentencia 614 de la Corte Constitucional dice que se prohíbe que cualquier persona que esté en funciones misionales sea de contrato.
La Contraloría tiene 4.000 funcionarios en todo el país. ¿Éstos no son suficientes para hacer el control fiscal?
No. Le doy un ejemplo, en Neiva son cuatro abogados atendiendo 90 procesos cada uno. ¿Entonces usted qué hace? Pues contratar adicionales para reforzar.
Usted da explicaciones frente a las críticas que se le hacen de lo que pasa con el Estado, ¿por qué esa misma oportunidad no la tienen sus vigilados?
No es cierto. En este tema específico nosotros hicimos la evaluación que pidió la Corte Constitucional. Aquí a nadie se le ha abierto un proceso por temas de nómina paralela.
Sí, pero hay casos en que los funcionarios sienten que ustedes salen a desacreditar sin ni siquiera tener un fallo en firme. ¿Por qué?
Aquí tenemos un problema estructural, hay mucha gente haciendo auditorías, pero no se transforman en procesos con fallos definitivos. Por eso fui al Congreso a que me crearan una oficina anticorrupción, como la tiene la Fiscalía, y la generaron con 11 personas. Esa oficina es la que falla los procesos importantes.
En algún momento usted dijo que se sentía muy sola por la falta de acompañamiento de la Fiscalía. ¿Se sigue sintiendo así?
Cuando llegué ya existían los mecanismos para hacer copias espejo y todo lo que encontraba se lo trasladaba a la Fiscalía, y ahí empezó el debate sobre la competencia de policía judicial, porque no querían utilizar nuestro material. En el país hay un debate al respecto, pero la ley dice que existen varias entidades que tienen la facultad. Edgardo Maya chuzaba, por ejemplo. Lo que pasa es que a la gente se le olvida.
Hoy en día, cuando hacen esas visitas y ustedes recolectan esas pruebas, ¿la Fiscalía se las acepta o todavía no?
No quiero entrar en esa discusión, porque al fin y al cabo ellos verán lo que hacen. Pero debo decirle que procesos como el de AIS y de cárceles se hicieron con base en nuestras pruebas. Hay unas que usan, otras que no. Lo que a mí me enerva y no puedo permitir es que vengan a anular mis procesos con argumentos criados allá.
No me respondió si se seguía sintiendo sola en algunos procesos.
Esa labor de coordinación es difícil y nosotros no hemos vuelto a hacer diligencias conjuntas; además me limito a dar el traslado y ellos verán lo que hacen. No ha habido un intento de ver cómo actuamos al unísono.
¿Se siente la mujer más poderosa del país como dicen?
No. Aunque la primera vez que lo comentaron les dije aquí: “Huy, prepárense porque eso es terrible, porque en un Estado de Derecho nadie puede ser poderoso, porque es sinónimo de abusador”.
Por Camila Zuluaga / Especial para El Espectador
