Contraloría niega que proceso por carrusel de pensiones tenga tinte político
La jefa del ente fiscal, Sandra Morelli, dijo que sus decisiones han estado soportadas en las pruebas.
El Espectador
La contralora general de la República, Sandra Morelli, negó este miércoles que sus decisiones frente al carrusel de las pensiones de la Justicia, estén siendo motivadas por hechos políticos.
“La Contraloría no actúa ni por móviles políticos ni actúa sin base en pruebas”, aseguró Morelli en diálogo con los periodistas. Ni mencionó, ni hizo referencia a la defensa que hizo el presidente Juan Manuel Santos cuando pidió que no se “generalice”, pero sin dejar de respaldar la investigación.
La contralora defendió el proceso que lleva en marcha en contra de algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. “En términos jurídicos no podemos equiparar la función nominadora (de nombrar magistrados auxiliares), con el abuso del derecho para móviles distintos a los de ejercer la función pública”, dijo.
Además, Morelli señaló que al lado de su investigación sobre el presunto detrimento patrimonial que han causado las onerosas pensiones en la justicia, habrá una actuación judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación.
“De resultar cierto que se actuó de manera ilegitima estarían llamados a prosperar las decisiones judiciales apoyando lo que establezca la Contraloría y las acciones de la Fiscalía, estableciendo si hubo o no comisión de algún delito por parte de quienes no eran aforados”, aseguró.
La Contraloría General la semana pasada abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones.
Los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.
La contralora general de la República, Sandra Morelli, negó este miércoles que sus decisiones frente al carrusel de las pensiones de la Justicia, estén siendo motivadas por hechos políticos.
“La Contraloría no actúa ni por móviles políticos ni actúa sin base en pruebas”, aseguró Morelli en diálogo con los periodistas. Ni mencionó, ni hizo referencia a la defensa que hizo el presidente Juan Manuel Santos cuando pidió que no se “generalice”, pero sin dejar de respaldar la investigación.
La contralora defendió el proceso que lleva en marcha en contra de algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. “En términos jurídicos no podemos equiparar la función nominadora (de nombrar magistrados auxiliares), con el abuso del derecho para móviles distintos a los de ejercer la función pública”, dijo.
Además, Morelli señaló que al lado de su investigación sobre el presunto detrimento patrimonial que han causado las onerosas pensiones en la justicia, habrá una actuación judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación.
“De resultar cierto que se actuó de manera ilegitima estarían llamados a prosperar las decisiones judiciales apoyando lo que establezca la Contraloría y las acciones de la Fiscalía, estableciendo si hubo o no comisión de algún delito por parte de quienes no eran aforados”, aseguró.
La Contraloría General la semana pasada abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones.
Los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.