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Así presionarían contratistas en La Ceja para votar “sí” a proyecto de Gob. de Antioquia

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La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa, junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. / Ilustración: Jonathan Bejarano
Foto: Jonathan Bejarano

El mensaje llegó por el grupo oficial de Whatsapp un día antes de la reunión. La cita era para las cuatro de la tarde del 10 de noviembre, en el Teatro Municipal de La Ceja, Antioquia. “Nos disculpan la premura de la convocatoria, pero es realmente importante”, decía. Los contratistas de la Secretaría de Cultura y Juventud no sabían exactamente de qué se trataba. Solo que incluso quienes ya habían terminado sus contratos debían asistir a una reunión “sumamente importante de la Secretaría”.

Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

Una vez allí, les habló Luis Alejandro Agudelo López, secretario encargado de Cultura. Según el relato de varios de los asistentes, comenzó hablando de algo que preocupaba a todos: la renovación de los contratos para 2027, y luego dijo que se anticipaban recortes. La alcaldesa María Ilbed Santa Santa, de Alianza Verde, revisaría personalmente cada caso y decidiría quién continuaba y quién no.

La advertencia precedió a una petición. Agudelo les habría comunicado que la alcaldesa los invitaba a respaldar “un proyecto muy importante”: que ganara el Sí en la consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, conocida como Área Metropolitana de Oriente (AMO). Después, según los testimonios recogidos por El Espectador, les entregaron unas planillas que ya venían marcadas con el nombre de cada contratista. Debían llenar 20 filas con número de cédula, nombre, celular, dirección, correo electrónico, puesto de votación y número de mesa de familiares y amigos.

La instrucción tenía una salvedad: llenar el formulario era una decisión libre. Pero Agudelo habría añadido que “la alcaldesa lo tendría muy en cuenta”.

Formulario entregado a contratistas de La Ceja. Venía previamente marcado con el nombre de cada contratista.
Foto: El Espectador

Cuatro contratistas que estuvieron en aquella reunión confirmaron esta versión. En la mañana del 17 de noviembre, un contratista de la Secretaría de Cultura de La Ceja solicitó por el chat de WhatsApp “Cultura y juventud 2026” que le hicieran llegar los formularios, pues “Luis Alejandro lo debe entregar hoy a las 2 p. m.”. Los contratistas coinciden en afirmar que cuando entregaron las planillas les advirtieron que “ojo con poner datos inventados”, pues cada nombre sería verificado.

Foto: Captura de pantalla

No sería la única vez

El cargo principal de Luis Alejandro Agudelo es subsecretario de Familia y Entornos Protectores. Contratistas de esa dependencia afirman que fueron llamados por tandas de 20 minutos a la oficina de Agudelo.

Según sus testimonios, durante esos encuentros Agudelo les pidió diligenciar planillas con información de familiares y amigos, y les recordó que su vinculación con la Alcaldía dependía de su voluntad política. También aseguran que les insistió en la necesidad de entregar datos verídicos y de conseguir personas dispuestas a respaldar el Sí en la consulta.

Una de las contratistas accedió a llenar el formulario, aunque afirma que está en desacuerdo con la creación del área metropolitana y quiere votar No. Dice que sintió que no tenía margen para negarse.

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La Alcaldía no sabe y no responde

El Espectador se reunió con la alcaldesa María Ilbed Santa en su despacho para conocer su respuesta a estos cuestionamientos en la mañana del 19 de noviembre. En la sala de espera había un bolso sobre un sillón, que pisaba una planilla vacía idéntica a las que los contratistas afirman que el subsecretario Agudelo les entregó.

Ante la pregunta por la entrega de los formularios a contratistas, la respuesta de la alcaldesa fue: “Desconozco el tema” y dijo “No” cuando se le preguntó si estaba al tanto de que esas planillas existen. Sin embargo, cambió la respuesta cuando se le mostró una foto de la planilla que se vio en la sala de espera: “es un formato para asistencia a reuniones, que las podemos hacer libremente”. También dijo que era normal pedir datos personales y el puesto y mesa de votación, y aseguró que los contratistas podían estar “completamente” tranquilos, incluso, de hacer campaña por el No, si así lo desean, y que esto no tendría repercusión laboral. De igual manera, la alcaldesa negó haberle dado a Agudelo instrucción de presionar contratistas en su nombre.

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En la sede de gobierno también se encontraba Luis Alejandro Agudelo. El reportero de El Espectador lo abordó en la sala de espera. El funcionario se negó a dar cualquier declaración al respecto de las reuniones y enfatizó que solo la alcaldesa estaba autorizada a hablar de la campaña por el Sí. Se le mostró la planilla que estaba en el sillón junto al bolso. Agudelo preguntó a quién pertenecía eso: una contratista, trabajadora de aseo, respondió que era de ella.

Planilla encontrada en Alcaldía de La Ceja
Foto: José David Escobar Franco

¿Esto es constreñimiento al votante?

“Yo no veo ningún constreñimiento realmente”, dijo la alcaldesa Santa. “Se habla de constreñimiento político cuando estamos eligiendo candidatos o cuando estamos eligiendo un partido o movimiento político, pero aquí es una consulta popular”. Pero esta apreciación no corresponde a la ley.

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El constreñimiento electoral puede presentarse en cualquier tipo de votación. Así lo dice el artículo 387 de la Ley 1864 de 2017: quien presione a un ciudadano “por cualquier medio” a votar de cierta forma en cualquier certamen electoral —incluyendo una consulta popular— “incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Esta conducta se conoce como “constreñimiento al sufragante” y, de acuerdo con la ley, “la pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento o acceso a beneficios otorgados con ocasión de programas sociales o de cualquier otro orden de naturaleza gubernamental”.

Para Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, los hechos que se denuncian en La Ceja, en el caso de que se demuestren, sí podrían configurar constreñimiento, pues “someten la voluntad del elector a la de la Alcaldía y comprometen los pilares democráticos de cualquier elección: votar en libertad e igualdad”. Gutiérrez considera que la cantidad de información personal que piden las planillas y, particularmente, el hecho de que se incluya el puesto y mesa de votación, pueden ser mecanismos para vigilar que los contratistas “sí cumplan”. Su lectura es la siguiente: “Si están llevando contabilidad de cuántos votarán en cada mesa, sí se puede establecer quiénes votarán Sí en qué parte, y si le están pidiendo al contratista que informe dónde votan los suyos y luego la cantidad esperada de votos por el Sí no aparece, la Alcaldía puede decir que el contratista incumplió”.

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“El voto es secreto. Nadie se da cuenta si usted vota por el sí o vota por el no”, recordó en su despacho la alcaldesa María Ilbed Santa Santa. No obstante, el mecanismo de vigilancia que intuye el exmagistrado Gutiérrez funcionaría en un contexto donde voten muy pocas personas, que es lo esperado en estos comicios.

¿Decidirá el 5 %?

Cada municipio en el que gane el Sí con una participación mínima del 5 % del censo electoral pasará a ser parte del AMO. Hasta 2019, se requería una participación de al menos el 25 %, pero ese año el Congreso bajó el umbral específicamente para las votaciones sobre conformación de áreas metropolitanas. Sucedió mediante la Ley 1993, impulsada por quienes entonces eran congresistas antioqueños del Centro Democrático: los representantes Esteban Quintero, John Jairo Bermúdez y Óscar Darío Pérez, y la senadora Paola Holguín. Argumentaban que exigir una participación del 25 % del censo electoral era muy difícil en un país con altos niveles de abstención.

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Esteban Quintero Cardona, hoy senador y uno de los promotores del AMO, pertenece al clan Quintero de Antioquia, que podría consolidar su influencia en la región si Rionegro se convierte en la sede de la nueva entidad. Junto a él, su padre y patriarca del clan, Rubén Darío Quintero, excongresista que cumplió condena por parapolítica y exalcalde de ese municipio, ha promovido la iniciativa junto a su sobrino y primo del senador, Andrés Julián Rendón Cardona, actual gobernador de Antioquia y también exalcalde de Rionegro.

El Espectador consultó a la Gobernación de Antioquia por su opinión frente a los hechos denunciados. Su respuesta fue: “La Gobernación de Antioquia no tiene información sobre el particular. La Gobernación está promoviendo, de acuerdo con lo que permite la ley, una figura asociativa legítima como es el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás y también hará lo propio en Urabá, respaldando esta misma iniciativa, en marzo del próximo año”.

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62.188 personas votan en La Ceja. 3.110 votos se requieren para superar el umbral del 5 %.
Foto: Jonathan Bejarano

El gobernador Rendón, y los promotores del Sí, sostienen que un área metropolitana es la mejor manera de atender problemas comunes de la subregión. Hablan de una juntanza administrativa para unir recursos, que “el que tiene más ponga más”, y así crear, por ejemplo, una red integrada de transporte y una policía metropolitana.

Entre quienes apoyan el No en La Ceja, sienten que perderían autonomía frente a Rionegro, desde donde están apostándole a crear burocracia para un modelo de desarrollo que compromete el estilo de vida de un pueblo aún rural.

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Pero los argumentos técnicos poco parecen ocupar las mentes de los familiares de los contratistas que accedieron a que sus datos estén en la planilla. De los sueldos de estos dependen familias enteras. “Le dije a mi tía que, si la llaman, diga que va a votar por el Sí, pero que no deje de votar como quiera”, coinciden contratistas.

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Por José David Escobar Franco

Periodista, internacionalista y especialista en televisión expandida y transmedia. Becario del Internationale Journalisten Programme (Alemania) en 2026, del International Center for Journalists (Estados Unidos) en 2024 y del programa Puentes de Comunicación de la DW Akademie, Efecto Cocuyo y El Faro en 2022. JoseD_Escobar jdescobar@elespectador.com
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