Contratistas que financian campañas políticas enreda Estatuto Anticorrupción
Para el próximo martes se aplazó el debate, discusión y votación de un artículo que busca limitar ese tipo de financiación.
El Espectador
El límite para que los contratistas del Estado financien campañas políticas enredó este miércoles la maratónica jornada que llevaba la comisión primera de la Cámara de la discusión y aprobación del proyecto que contempla un Estatuto Anticorrupción para el país.
Aunque el Gobierno Nacional estaba confiado en su aprobación final, se postergó para el próximo martes la decisión frente a la iniciativa.
La polémica surgió por cuenta del representante del Partido Verde, Alfonso Prada. Según él, aún no está claro qué se entiende por contratista y los límites para que financien jornadas electorales.
“Hay que definir porque una cosa es cuando usted le recibe una plata a unas personas en una campaña y éstas tienen por su objeto central real la contratación pública y buscar que le adjudiquen contratos, y otra cuando marginalmente en su actividad social tiene actividades con el Estado (…) esa persona con que sólo tenga un contrato de depósito de una pequeña cuenta de un municipio queda inhabilitada para aportar a las campañas”, explicó.
Para Prada, aunque no está defendiendo a unos contratistas que financian las campañas, si es necesario establecer una autorización a quienes sus actividades dependen en un porcentaje que aún está por definir –podría ser cercano al 30%– pues no solventan sus negocios en actividades netamente relacionadas con el Estado.
Sin embargo, Prada recalcó que “es necesario evitar que los contratistas se conviertan en un partido y decidan quién es el próximo presidente, alcalde y gobernador”.
El representante agregó que cerrarse la financiación privada de las campañas podría abrir la puerta a la ilegalidad.
“Eso lo único que lograría es estimular la financiación mafiosa porque ésta no va en los libros de contabilidad de las campañas”, agregó.
En ese sentido, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, admitió que la idea del Gobierno no es llevar un régimen de inhabilidades al extremo.
“No se trata de establecer una norma que sea incumplible; eso lo entiendo y si la redacción del artículo está así me parece la pena revisarlo”, agregó.
Para el próximo martes quedó planteada una nueva sesión donde se espera la aprobación del proyecto que es vital para establecer normas contra la corrupción en el país.
El límite para que los contratistas del Estado financien campañas políticas enredó este miércoles la maratónica jornada que llevaba la comisión primera de la Cámara de la discusión y aprobación del proyecto que contempla un Estatuto Anticorrupción para el país.
Aunque el Gobierno Nacional estaba confiado en su aprobación final, se postergó para el próximo martes la decisión frente a la iniciativa.
La polémica surgió por cuenta del representante del Partido Verde, Alfonso Prada. Según él, aún no está claro qué se entiende por contratista y los límites para que financien jornadas electorales.
“Hay que definir porque una cosa es cuando usted le recibe una plata a unas personas en una campaña y éstas tienen por su objeto central real la contratación pública y buscar que le adjudiquen contratos, y otra cuando marginalmente en su actividad social tiene actividades con el Estado (…) esa persona con que sólo tenga un contrato de depósito de una pequeña cuenta de un municipio queda inhabilitada para aportar a las campañas”, explicó.
Para Prada, aunque no está defendiendo a unos contratistas que financian las campañas, si es necesario establecer una autorización a quienes sus actividades dependen en un porcentaje que aún está por definir –podría ser cercano al 30%– pues no solventan sus negocios en actividades netamente relacionadas con el Estado.
Sin embargo, Prada recalcó que “es necesario evitar que los contratistas se conviertan en un partido y decidan quién es el próximo presidente, alcalde y gobernador”.
El representante agregó que cerrarse la financiación privada de las campañas podría abrir la puerta a la ilegalidad.
“Eso lo único que lograría es estimular la financiación mafiosa porque ésta no va en los libros de contabilidad de las campañas”, agregó.
En ese sentido, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, admitió que la idea del Gobierno no es llevar un régimen de inhabilidades al extremo.
“No se trata de establecer una norma que sea incumplible; eso lo entiendo y si la redacción del artículo está así me parece la pena revisarlo”, agregó.
Para el próximo martes quedó planteada una nueva sesión donde se espera la aprobación del proyecto que es vital para establecer normas contra la corrupción en el país.