La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y el concejal bogotano Daniel Briceño, del Centro Democrático, denunciaron una “maratón de contratos” que se realizó entre el 1 y el 8 de noviembre, a pocas horas de que entrara en vigor la Ley de Garantías. Dicha contratación habría comprometido más de $2,1 billones en recursos públicos a través de contratos interadministrativos.
Miranda advirtió que el volumen de convenios alcanzó cifras históricas en tan solo un día: “Faltando minutos para que comenzara la Ley de Garantías, el Gobierno se dedicó a vaciar el Presupuesto General de la Nación. Más de $1,5 billones en contratos en 24 horas”, señaló la congresista.
Cifras que preocupan a los órganos de control
De acuerdo con los reportes de Colombia Compra Eficiente, el monto total de la contratación estatal se disparó entre el 7 y el 8 de noviembre, pasando de $1,02 billones a $2,52 billones, lo que representa un aumento superior al 140 % en solo 24 horas. Entre las entidades involucradas figuran el Ministerio del Trabajo ($770.095 millones), el ICBF ($311.686 millones), el Ministerio del Interior ($292.700 millones) y el Ministerio del Deporte ($155.039 millones), según datos compartidos por Briceño.
El concejal cuestionó la magnitud de los recursos movilizados: “Entre el 1 y el 7 de noviembre se firmaron convenios interadministrativos por $2,1 billones. Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?”, expresó.
Alertas de la Contraloría General
La Contraloría General de la República también ha detectado picos inusuales en la contratación durante los meses previos. El organismo señaló que en septiembre se registraron $4 billones en convenios, mientras que en octubre la cifra fue de $3,5 billones, los valores más altos del año.
Ante esta situación, el ente de control anunció que “se hará seguimiento a los incrementos inusuales en contratos de servicios y a las transferencias excepcionales de recursos públicos a entidades locales, así como a la detección de contratistas inhabilitados por exceder los límites legales de financiación política”.
La representante Miranda pidió una acción inmediata: “Contratos a dedo: sin concursos, sin reglas, sin decencia, sin convocatorias públicas. Esto no es gestión, es convertir recursos públicos en maquinaria electoral a favor del Pacto Histórico”.
Finalmente, la Contraloría reiteró su compromiso con la vigilancia del gasto estatal, subrayando que “mediante la presente estrategia, la Contraloría General de la República consolida su función institucional como garante de la correcta administración de los recursos públicos”.
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