Contratos millonarios entre una fundación y el municipio de Ocaña

Los convenios entre la Alcaldía de Ocaña y la Fundación Catatumbo superan los $500 millones. / Cortesía: Wichos Informa

Una serie de convenios por más de $800 millones (US$200.000) fueron entregados por el municipio de Ocaña a una oenegé con vínculos tanto con el alcalde Samir Casadiego como con funcionarios y contratistas de la Alcaldía: la Fundación Catatumbo. Extrabajadores de Catatumbo y fuentes del municipio aseguran que la Fundación es manejada por el alcalde y sus cercanos.

En el caso del alcalde Casadiego, desde 2015 empezó a figurar en redes sociales explicando los proyectos de la Fundación junto a su esposa, Magda Pallares. Además representantes legales de Catatumbo han sido sus jefes de campaña y su actual secretario de Vías e Infraestructura, Yorbi Franco Téllez, fue parte del directorio de la oenegé hasta que Casadiego lo llevó a la Alcaldía, en 2019. En esta investigación, además, se identificó que al menos tres contratistas de la alcaldía tienen vínculos con la Fundación.

Antes de 2015, poco se conocía de Catatumbo. De hecho, en su ficha de experiencia no figuran contrataciones en el sector público ni en el privado. Ese año Samir Casadiego, después de perder una elección municipal, se acercó a la Fundación y empezó a figurar en redes sociales hablando de los proyectos de la oenegé. Incluso en algunos sitios web lo identificaban como presidente de Catatumbo. Eso sí, su nombre no consta en las actas legales de la organización.

Con la ayuda de Casadiego, un actor relevante en la política del Norte de Santander, los contratos a Catatumbo empezaron a llover. Entre septiembre de 2015 y febrero de 2019, la Fundación recibió más de $1.700 millones. Los fondos llegaron desde el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Norte de Santander y las organizaciones privadas Credicoop y Corporación Lexcom de Colombia.

Pero el mejor momento para la oenegé estaba por venir: esta investigación de Wichos Informa y Connectas encontró que, entre febrero y diciembre de 2021, la Fundación recibió cinco contratos a través de convenios de asociación por $500 millones (US$125.000) desde el municipio de Ocaña. Nunca había recibido tantos fondos en menos de un año. El dato clave es que ya en ese momento Samir Casadiego era el alcalde de Ocaña.

El 22 de febrero Catatumbo firmó el primer acuerdo con el municipio, para fortalecer 15 proyectos productivos por un monto de $160 millones (US$40.000). Seis meses después, la Secretaría de Vías e Infraestructura de la Alcaldía de Ocaña, dirigida por Yorbi Franco Téllez, exintegrante de la junta directiva de la Fundación, entregó un contrato de remodelación del parque de La Modelo por $48 millones (US$12.000).

Al ser consultado, Franco Tellez, secretario de Vías e Infraestructura, expresó que fue la Fundación Catatumbo la que escogió a la Secretaría que él dirige para ejecutar esos recursos, los cuales le habían sobrado a Catatumbo de las alianzas con la UAEOS.

Ese mismo mes, la Secretaría de Gobierno de Ocaña concedió $40 millones (US$10.000) a Catatumbo para el fortalecimiento empresarial del programa “Mi plante y pa’lante”, y entre octubre y diciembre de ese mismo año, recibió $150 millones (US$37.500) para fortalecimiento de proyectos agrícolas y de las juntas de acción comunal de Ocaña.

Ese mismo año, Catatumbo recibió otros $300 millones (US$75.000) de parte del Ministerio de Cultura, con participación del municipio, para organizar actividades de celebración de los 450 años de la ciudad de Ocaña.

Una de las cosas que llaman la atención de estos contratos es la diversidad de labores para las que fue contratada la Fundación, cuyo objeto misional es el apoyo a personas en condición de vulnerabilidad.

En el caso del proyecto “Mi plante y pa’lante”, la meta de la iniciativa era capacitar y conectar con mercados a 22 emprendimientos de Ocaña. Para este reportaje se contactó a cuatro de los supuestos beneficiados. A pesar de que los cuatro confirmaron que se les entregaron equipos para sus negocios, solo uno de ellos afirmó haber recibido la conexión con mercados para la venta de sus productos.

Derly Giselle Guidelman, quien en 2021 tenía un negocio de producción de dulces, aparece en los documentos de ejecución de este convenio como firmante de una alianza con la panadería y heladería Fresco Pan. En el plan de trabajo se comprometieron a comercializar 40 cajas de chocolates mensuales durante un año. Sin embargo, a pesar de que al final de documento aparece la firma de Derly Giselle, ella manifiesta que nunca firmó ni hubo acuerdos con dicho negocio. La panadería donde supuestamente se firmó la alianza es de propiedad de Jesús Alberto Carrascal, padre del representante legal de la Fundación Catatumbo. Se le consultó a la Fundación sobre esto, pero hasta el momento de publicar esta investigación no se recibió respuesta.

Según exmiembros de la Fundación, Catatumbo ha estado ligada por años a la familia de Samir Casadiego Sanjuán y sus cercanos. En 2016, la revista Gestión Social de la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas) citó a Magda Pallares Torrado como representante de la oenegé. Esa posición de poder dentro de Catatumbo fue confirmada por un extrabajador de la entidad, quien a comienzos de 2016 asegura haberle enviado un correo a Magda Pallares para que ella interviniera en el pago de unos viáticos.

Esta misma fuente reveló que, en 2015, cuando Casadiego aspiraba por primera vez a la Alcaldía de Ocaña, el hoy alcalde participaba en las reuniones de la entidad. Además Wilson Casadiego, su tío y exconcejal de Ocaña, fungía como sociólogo de la oenegé y Laura Páez Álvarez, cuñada de Magda Pallares, era la coordinadora. A estas tres personas se les envió comunicación para conocer sus versiones, pero no respondieron. De igual manera, Dogny Pallares, cuñada de Casadiego, ha participado como representante pedagógica de la Fundación Catatumbo.

Actualmente, Samir Casadiego niega los vínculos con Catatumbo. Al consultarle sobre un documento donde aparece su firma como presidente ad hoc de la Fundación, aseguró que su identidad fue suplantada y por ello realizó una denuncia penal.

Otro dato que llama la atención de los nexos entre Casadiego y Catatumbo es que en las dos últimas elecciones quienes eran en ese momento los representantes legales de la fundación fueron jefes de su campaña: Otoniel Quintero (en 2015) y Jonathan Carrascal Rojas (en 2019).

La administración de Casadiego también ha entregado contratos a integrantes y cercanos de la mesa directiva de Catatumbo. Tal es el caso de Paula Guerrero Santos (con tres años en la Fundación), quien ha recibido contratos que alcanzan los $94 millones a través de la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Vías e Infraestructura, oficina en la que dirige el gasto Yorbi Franco Téllez (otro exmiembro de la Fundación). Guerrero fue contactada para la presente investigación, pero no respondió a nuestras preguntas.

Otro de los beneficiados en la contratación de la Alcaldía de Samir Casadiego, con estrecha relación con integrantes de la Fundación Catatumbo, es Carlos Carrascal Rojas, hermano de Jonathan Carrascal Rojas (representante legal actual de Fundación Catatumbo), quien en los tres últimos años ha recibido contratos que superan los $1.400 millones a través de la papelería Jhanca.

Esta empresa funciona en el barrio Los Altillos de Ocaña; sin embargo, al visitar el lugar en horario laboral, las cortinas están cerradas y parece abandonado. Según vecinos del sector, la papelería no abre desde hace muchos años. Se contactó a Jesús Carrascal, pero no se recibió respuesta.

Según Vanessa Bermúdez, abogada con 12 años de experiencia en contratación estatal, lo que está ocurriendo con la Fundación Catatumbo en la Alcaldía de Ocaña podría tratarse para de una “contratación sastre” (a la medida). “Cuando comparas la relación entre quienes conforman la persona jurídica del contratista con las personas que están en gobierno, ahí te das cuenta de que pudo haber un pliego a la medida”, dice.

Daniel Eduardo Rojas, abogado con maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual de la Universidad Externado de Colombia, afirma que las entidades territoriales pueden suscribir contratos con entidades sin ánimo de lucro siempre y cuando el objeto del contrato cumpla con la ejecución de lo establecido en el plan de desarrollo. Así mismo, estás asociaciones o fundaciones deben tener una reconocida idoneidad y la capacidad organizacional en términos financieros.

* Este trabajo fue realizado por Adrián Jaimes y Duvan Jaimes para Wichos Informa y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.