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La pandemia por el COVID-19 puso freno a muchas actividades humanas de forma presencial, incluyendo los servicios judiciales. Por primera vez, ante la contingencia de salud pública, el país tuvo que saltar a la virtualidad y esto incluyó el ejercicio de impartir justicia.
Como el país tenía un amplio rezago en estos temas, a pesar de los continuos mandatos para integrar las tecnologías a la justicia, el salto a la virtualidad se tuvo que hacer a través de una orden presidencial enmarcado en la emergencia económica, social y ecológica. A través del decreto 806 de 2020, el presidente habilitó que se pudieran celebrar audiencia a través de canales virtuales, al igual que la instauración de demandas, el manejo de expedientes de forma digital entre otros elementos propios de la justicia.