Después de la orden expresa del presidente Gustavo Petro a su ministro del Interior, Armando Benedetti, para que desde las cabezas del Congreso envían al Consejo de Estado una lista de inasistencia de los congresistas para que se evalúen posibles sanciones, volvieron a crecer las sanciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Todo ocurre a 27 días de las elecciones, lo que ha incidido en ese debate.
Precisamente, en torno a ese llamado a urnas es que la actividad legislativa ha decrecido. Esta última legislatura ha sido designada, generalmente, como la menos eficaz, pero el Gobierno quiere poner a andar proyectos propios que, a la fecha, siguen estancados.
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Por ejemplo, este lunes irá Benedetti, junto con los ministros Martha Carvajalino (Agricultura) y Jorge Iván Cuervo (Justicia), a radicar el mensaje de insistencia del proyecto de ley ordinaria para la jurisdicción agraria. En un primer debate, el texto fue el centro de acuerdos incluso con la bancada de oposición, pero desde ese momento —cuando en el frente de las carteras del Interior y Justicia estaban Juan Fernando Cristo y Ángela María Buitrago, respectivamente— no ha vuelto a las agendas de las plenarias.
En todo caso, ese mensaje desde la Casa de Nariño, en el que el mandatario insistió en su intervención del 1° de mayo, no cayó bien en el Congreso. El presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), le recordó al jefe de Estado que “no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas”. Y subrayó que “el Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara”.
“El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley. Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro. Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”, afirmó en su cuenta de X, después de que Petro lo señalara de tener “engavetado” el proyecto de reforma a la salud.
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Entre los proyectos que el mandatario ha mencionado están la iniciativa para reglamentar la jurisdicción agraria, la reforma a la salud —que espera ser “resucitada” en la plenaria del Senado tras una apelación a su hundimiento en la Comisión Séptima— y una reforma tributaria que ya fue rechazada en dos ocasiones. A eso se suma el proyecto para resucitar el Ministerio de Igualdad que sigue estancado en las comisiones primeras, por lo que, según conoció El Espectador, se estaría analizando pedir una prórroga a la Corte Constitucional.
No es menor, tampoco, la incidencia del relato constituyente en esa relación. El presidente ha dicho que se presentará la iniciativa para convocar una Asamblea Constituyente el 20 de julio, el día de la posesión del nuevo Congreso. Todo ello ha dividido al Legislativo.
¿Qué dice la solicitud del ministro del Interior al Congreso?
A través de una carta, radicada el mismo viernes, Benedetti solicitó a las cabezas del Senado y de la Cámara, Julián López (Partido de la U), remitir al Consejo de Estado “los listados de inasistencia de los Congresistas a todas las sesiones plenaria y de comisiones constitucionales permanentes durante la legislatura 2025-2026″. Todo ello con el objetivo de que “se adelanten los trámites judiciales a que haya lugar en lo que respecta a la pérdida de investidura y que son competencia de esa Alta Corporación y que además se impongan las sanciones que correspondan”.
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En ella, cita que el Ejecutivo “viene observando con preocupación un creciente fenómeno de inasistencia” que afecta “la discusión de proyectos trascendentales, como lo son la reforma a la salud, la jurisdicción agraria o el Código Minero”. Incluso, apunta a la aplicación del numeral 2° del artículo 183 de la Constitución: “Los congresistas perderán su investidura: Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”. Y a ella suma el artículo 271 de la Ley 5 de 1992, donde se lee que “la falta de asistencia de los congresistas a las sesiones, sin excusa válida, no causará los salarios y prestaciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar”.
Lo cierto es que las elecciones han sacudido el ambiente en el Congreso, especialmente con los senadores Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático) como candidatos presidenciales. Desde sus bancadas, así como otras que ya han definido respaldos, están volcados a las campañas y giras regionales.
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