¿Criminalización de la protesta?

Endureciendo las sanciones penales el Gobierno busca evitar que se repitan las protestas que se vivieron en las últimas semanas y que prácticamente paralizaron el país. Por este motivo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó un proyecto de ley mediante el cual “se dictan medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo”. La iniciativa plantea una serie de medidas para “evitar los desmanes en las manifestaciones”, sin embargo, el proyecto ya genera polémica, pues podría ir en contravía del derecho a la protesta social.

La iniciativa tiene como fin reformar el artículo 353 A del Código Penal, el cual se refiere a la obstrucción de vías públicas. Al respecto el ministro Pinzón planteó que “la protesta social es legítima, la promovemos, la respetamos e invitamos a los ciudadanos a que se manifiesten, pero no es aceptable cuando termina en bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, pero más grave aún en una promoción de la violencia, por eso quienes promueven estas protestas van a tener que pagar las consecuencias”.

Pero la polémica está en los detalles. El artículo del Código Penal que el Gobierno pretende reformar originalmente señala que el que por medios “ilícitos” incite a la propuesta será objeto de las sanciones. Curiosamente el término “ilícitos” fue sacado del artículo, y aunque se trata de una simple palabra, las implicaciones de fondo resultan preocupantes para quienes desde ya se declaran opositores de la propuesta.

Uno de los que ya anuncian su rechazo a la iniciativa del Gobierno es el senador Camilo Romero. El parlamentario del Polo Democrático señaló que “este es un gobierno tramposo, dice que va a solucionar los problemas y preparar las medidas para que la gente no pueda protestar. Saben que van a incumplir y buscan seguros para imponer sus medidas lesivas acallando el justo reclamo de las comunidades. Ahora, con un mico en una ley pretenden que no podamos protestar o ilegalizar el derecho a gritar que no soportamos más gobiernos enemigos de la población”.

El senador Jorge Enrique Robledo fue contundente al advertir que “retirar la palabra ilícitos es un cambio tenebroso, eso quiere decir que actos legales como la protesta se convertirían en delitos. Yo le pregunto al presidente Juan Manuel Santos ¿si acciones como está, o tomar la decisión de duplicar la cantidad de agentes del Esmad en el país no son las que diferencian una dictadura de una democracia?. Con este artículo tenga claro que pueden ser procesados dirigentes gremiales, líderes sociales y a los políticos que estén de acuerdo con los justos reclamos de las personas”.

Haciendo referencia al Paro Nacional Agrario, líderes de diferentes gremios agrarios, asociaciones campesinas y hasta congresistas estuvieron apoyando las protestas y bloqueos. Al punto que, el ministro de Interior saliente, Fernando Carrillo acusó al senador Robledo de influenciar las protestas de los cafeteros y señaló que “se muestra como el defensor de los campesinos y resulta que lo que quiere es violencia”. Esta declaración generó la airada respuesta de Robledo quien dijo que públicamente ha apoyado y promovido las protestas campesinas. Por eso, al conocer de la iniciativa gubernamental manifestó su preocupación porque “se podría estar criminalizando la opinión”.

El titular de la cartera de Defensa se refirió específicamente a sanciones penales más drásticas. Por ejemplo, señala la norma: “Quien incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar (…) las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 3 a 5 años”. Con el agravante de que si utiliza capucha o algún elemento que impida su identificación durante la protesta la condena podrá llegar a seis años y medio, sin ningún beneficio de reducción de penas.

La iniciativa del Gobierno también busca combatir el tráfico de drogas y procesar a quienes amparados en la legalidad de la dosis personal aprovechan para comerciar sustancias ilícitas en pequeñas cantidades. Asimismo, el articulado establece sanciones mayores para quienes trafiquen con estas sustancias cerca de instituciones educativas.

El ministro Pinzón explicó que se busca enfrentar de forma adecuada el delito de la extorsión. “Si alguien es capturado haciendo una extorsión y si resulta que el monto fue menor o si no fue detenido en flagrancia, el delincuente vuelve a la calle y los ciudadanos están temiendo y dejando de creer en la justicia. Esto se tiene que acabar”, dijo Pinzón. El proyecto de ley también castiga el tráfico de combustibles.

Endureciendo las sanciones penales el Gobierno busca evitar que se repitan las protestas que se vivieron en las últimas semanas y que prácticamente paralizaron el país. Por este motivo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó un proyecto de ley mediante el cual “se dictan medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo”. La iniciativa plantea una serie de medidas para “evitar los desmanes en las manifestaciones”, sin embargo, el proyecto ya genera polémica, pues podría ir en contravía del derecho a la protesta social.

La iniciativa tiene como fin reformar el artículo 353 A del Código Penal, el cual se refiere a la obstrucción de vías públicas. Al respecto el ministro Pinzón planteó que “la protesta social es legítima, la promovemos, la respetamos e invitamos a los ciudadanos a que se manifiesten, pero no es aceptable cuando termina en bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, pero más grave aún en una promoción de la violencia, por eso quienes promueven estas protestas van a tener que pagar las consecuencias”.

Pero la polémica está en los detalles. El artículo del Código Penal que el Gobierno pretende reformar originalmente señala que el que por medios “ilícitos” incite a la propuesta será objeto de las sanciones. Curiosamente el término “ilícitos” fue sacado del artículo, y aunque se trata de una simple palabra, las implicaciones de fondo resultan preocupantes para quienes desde ya se declaran opositores de la propuesta.

Uno de los que ya anuncian su rechazo a la iniciativa del Gobierno es el senador Camilo Romero. El parlamentario del Polo Democrático señaló que “este es un gobierno tramposo, dice que va a solucionar los problemas y preparar las medidas para que la gente no pueda protestar. Saben que van a incumplir y buscan seguros para imponer sus medidas lesivas acallando el justo reclamo de las comunidades. Ahora, con un mico en una ley pretenden que no podamos protestar o ilegalizar el derecho a gritar que no soportamos más gobiernos enemigos de la población”.

El senador Jorge Enrique Robledo fue contundente al advertir que “retirar la palabra ilícitos es un cambio tenebroso, eso quiere decir que actos legales como la protesta se convertirían en delitos. Yo le pregunto al presidente Juan Manuel Santos ¿si acciones como está, o tomar la decisión de duplicar la cantidad de agentes del Esmad en el país no son las que diferencian una dictadura de una democracia?. Con este artículo tenga claro que pueden ser procesados dirigentes gremiales, líderes sociales y a los políticos que estén de acuerdo con los justos reclamos de las personas”.

Haciendo referencia al Paro Nacional Agrario, líderes de diferentes gremios agrarios, asociaciones campesinas y hasta congresistas estuvieron apoyando las protestas y bloqueos. Al punto que, el ministro de Interior saliente, Fernando Carrillo acusó al senador Robledo de influenciar las protestas de los cafeteros y señaló que “se muestra como el defensor de los campesinos y resulta que lo que quiere es violencia”. Esta declaración generó la airada respuesta de Robledo quien dijo que públicamente ha apoyado y promovido las protestas campesinas. Por eso, al conocer de la iniciativa gubernamental manifestó su preocupación porque “se podría estar criminalizando la opinión”.

El titular de la cartera de Defensa se refirió específicamente a sanciones penales más drásticas. Por ejemplo, señala la norma: “Quien incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar (…) las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 3 a 5 años”. Con el agravante de que si utiliza capucha o algún elemento que impida su identificación durante la protesta la condena podrá llegar a seis años y medio, sin ningún beneficio de reducción de penas.

La iniciativa del Gobierno también busca combatir el tráfico de drogas y procesar a quienes amparados en la legalidad de la dosis personal aprovechan para comerciar sustancias ilícitas en pequeñas cantidades. Asimismo, el articulado establece sanciones mayores para quienes trafiquen con estas sustancias cerca de instituciones educativas.

El ministro Pinzón explicó que se busca enfrentar de forma adecuada el delito de la extorsión. “Si alguien es capturado haciendo una extorsión y si resulta que el monto fue menor o si no fue detenido en flagrancia, el delincuente vuelve a la calle y los ciudadanos están temiendo y dejando de creer en la justicia. Esto se tiene que acabar”, dijo Pinzón. El proyecto de ley también castiga el tráfico de combustibles.