El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió al paso a los cuestionamientos a la polémica reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).
Aunque esta semana fue aprobada en sus ocho debates en el Congreso, aún hay quienes ven con desconfianza el impacto económico que traería aumentar las transferencias de recursos a los departamentos del actual 22 % al 39,5 % en un periodo de 12 años.
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Ante esto, el ministro Cristo, y respondiendo al editorial de este domingo de El Espectador, recordó que la discusión aún no cesa. “En la misma línea hemos venido trabajando. Hemos insistido en que el paso a seguir es una Ley de Competencias que logre este equilibrio, para lo cual estamos construyendo el mejor equipo técnico posible”, señaló el político en su cuenta en X.
“La reforma al SGP depende de que se trasladen funciones del gobierno central a los entes territoriales, lo que deja abiertas preguntas y dudas. Por ejemplo, ¿cuándo tendremos esa definición de responsabilidades locales, pues ya sabemos lo que sucede cuando el Congreso deja asuntos para resolver después?”.
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Adicional a ello, sobre la mesa está la posibilidad de que Cristo salga del gabinete en el anunciado remezón ministerial. De darse esto, algo que el ministro evade responder, el trámite de la ley de competencias podría verse afectado.
“Se va a quebrar el Estado si seguimos con el centralismo en el que estamos, que no ha cerrado las brechas territoriales, que no permite un desarrollo económico de las regiones. Parece increíble que haya economistas anclados en el pasado que quieren desconocer los principios de la Constitución del 91. Este proyecto tiene cero costo fiscal”, dijo Cristo en una reciente entrevista con este medio antes de que se aprobara la reforma.
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Y agregó: “El giro de recursos tiene que cumplir ese propósito fundamental, cerrar las brechas entre los territorios. Si seguimos con esa desigualdad territorial, vamos a seguir los próximos 10, 15 y 20 años en la misma guerra”.
Según la misma reforma, luego de la conciliación en el Senado y la Cámara y de la sanción presidencial, se deberá presentar una ley de competencias para definir cómo se destinarán los recursos. Para ello, tendrá el plazo de un año. De aprobarse, la implementación de la reforma empezaría en 2027.
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