Críticas de FARC a nuevo proyecto de tratamiento diferenciado a pequeños cultivadores

En un comunicado, el componente de la exguerrilla de las Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) presentó sus reparos al nuevo proyecto que desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores ilícitos, radicado en Senado con mensaje de urgencia el pasado martes por Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

Según los representantes de la exguerrilla, esta nueva versión resulta “más lesiva que la versión anterior”, al señalar que, por ejemplo, “limita los bene­ficiarios a la de­finición de pequeño cultivador que se refiere exclusivamente a los agricultores y agricultoras de cultivos de coca, marihuana y amapola que tengan cultivos de 18 mt2 a 1,78 hectáreas (ha) de coca; 19 y 84 mts2 marihuana y 0,8 mt2 y 3,34 ha para amapola”.

Lea: Minjusticia radica proyecto de trato penal diferencial a pequeños cultivadores de coca

Esto, de acuerdo con el documento de la FARC en la Csivi, desconoce de facto el enfoque territorial del acuerdo de paz y dejaría por fuera a muchos cultivadores que tienen predios de mayor densidad de hectáreas por las condiciones territoriales. De igual forma, criticaron que el proyecto radicado guardara los beneficios exclusivamente para los cultivadores de coca, marihuana y amapola procesados por el delito de conservación o financiación de plantaciones.

Para la FARC, esta limitación se hace “desconociendo que en el desarrollo de esta economía tenían lugar otras acciones relacionadas con el transporte, la primera transformación de la hoja de coca, el transporte de insumos a menor escala, entre otras”.

Otro de los reparos va enfocado a la implementación del enfoque de género ni étnico en el nuevo proyecto radicado. Según la FARC, “no incluye ninguna medida contemplada en el Acuerdo para las mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales”.

En cuanto a lo étnico, señalan que se desconocen “los usos ancestrales y medicinales que hacen algunos pueblos indígenas como parte de su identidad cultural. En ese sentido, se niega a distinguir estos usos de los ­fines de la producción, estigmatizando tácitamente dichas prácticas”.

“La existencia de los cultivos está ligada a la persistencia de condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional en las zonas rurales; por lo tanto, si estas condiciones no se superan, forzarán un ciclo de profundización de la violencia y el abandono de estos territorios y en ese sentido, la solución al problema de los cultivos de uso ilícitos requiere esfuerzos compartidos entre comunidades e instituciones del Estado y no es responsabilidad exclusiva de los campesinos”, concluye el comunicado.

En un comunicado, el componente de la exguerrilla de las Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) presentó sus reparos al nuevo proyecto que desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores ilícitos, radicado en Senado con mensaje de urgencia el pasado martes por Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

Según los representantes de la exguerrilla, esta nueva versión resulta “más lesiva que la versión anterior”, al señalar que, por ejemplo, “limita los bene­ficiarios a la de­finición de pequeño cultivador que se refiere exclusivamente a los agricultores y agricultoras de cultivos de coca, marihuana y amapola que tengan cultivos de 18 mt2 a 1,78 hectáreas (ha) de coca; 19 y 84 mts2 marihuana y 0,8 mt2 y 3,34 ha para amapola”.

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Esto, de acuerdo con el documento de la FARC en la Csivi, desconoce de facto el enfoque territorial del acuerdo de paz y dejaría por fuera a muchos cultivadores que tienen predios de mayor densidad de hectáreas por las condiciones territoriales. De igual forma, criticaron que el proyecto radicado guardara los beneficios exclusivamente para los cultivadores de coca, marihuana y amapola procesados por el delito de conservación o financiación de plantaciones.

Para la FARC, esta limitación se hace “desconociendo que en el desarrollo de esta economía tenían lugar otras acciones relacionadas con el transporte, la primera transformación de la hoja de coca, el transporte de insumos a menor escala, entre otras”.

Otro de los reparos va enfocado a la implementación del enfoque de género ni étnico en el nuevo proyecto radicado. Según la FARC, “no incluye ninguna medida contemplada en el Acuerdo para las mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales”.

En cuanto a lo étnico, señalan que se desconocen “los usos ancestrales y medicinales que hacen algunos pueblos indígenas como parte de su identidad cultural. En ese sentido, se niega a distinguir estos usos de los ­fines de la producción, estigmatizando tácitamente dichas prácticas”.

“La existencia de los cultivos está ligada a la persistencia de condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional en las zonas rurales; por lo tanto, si estas condiciones no se superan, forzarán un ciclo de profundización de la violencia y el abandono de estos territorios y en ese sentido, la solución al problema de los cultivos de uso ilícitos requiere esfuerzos compartidos entre comunidades e instituciones del Estado y no es responsabilidad exclusiva de los campesinos”, concluye el comunicado.