Cruzada contra el matrimonio gay

“Un abuso de autoridad y un acto de profunda discriminación”, así catalogó la concejal Angélica Lozano la actuación del procurador delegado Gustavo Trujillo Cortés, antes de instaurar ayer en la Fiscalía una denuncia penal contra el funcionario que desplegó todos los recursos jurídicos a la mano para obstaculizar la decisión de un juez de unir en matrimonio a una pareja homosexual, como ya lo había hecho en dos oportunidades más.

Lo que más preocupa a la comunidad LGBTI es que estas actuaciones de Trujillo parecen ser el reflejo de una estrategia sistemática de la Procuraduría General de la Nación, implementada después del 20 de junio, cuando quedó en firme la decisión de la Corte Constitucional que autorizó a las parejas del mismo sexo a legalizar sus uniones ante notarios y jueces.

“Una persecución arbitraria”, diría Mauricio Albarracín, de Colombia Diversa, que estaría contenida en la Circular 013 de 2013 proferida por la Procuraduría. El documento ordena a todos los procuradores del país “intervenir, de manera preferente, en todos las solicitudes de matrimonio que hagan las parejas del mismo sexo”. Atendiendo esa directriz, el procurador Trujillo entabló un conjunto de acciones jurídicas que le negaron los jueces e interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión de la audiencia y, de paso, la nulidad de un matrimonio que se realizó el 20 de septiembre. Ese día, el juez 48 civil de Bogotá, Juan Carlos Andrés Cerón Díaz, “conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional”, declaró “legalmente unidos en matrimonio civil, con todas las prerrogativas que el ordenamiento jurídico otorga”, a la primera pareja gay.

Antes de eso, Trujillo fracasó en otro intento en el que se terminó protegiendo el derecho a la igualdad matrimonial de otra pareja homosexual. “Esta es una prueba de que se trata de una acción sistemática de persecución y obstrucción al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Estas acciones de la Procuraduría fomentan la discriminación. La igualdad es imparable. Que no se le olvide al Ministerio Público que su labor es defender los intereses de todos los colombianos”, señaló Lozano.

Para Albarracín, la estrategia está clara y no es sólo del abogado Trujillo: los procuradores intervienen en todos los procesos de matrimonio y, cuando los jueces admiten los procesos, el procurador interpone recurso de reposición para que los jueces rechacen la solicitud. Después pide la nulidad del matrimonio y si se la niegan apela. Se ha llegado a pedir un recurso de queja cuando niegan esta apelación. Agotados estos recursos, se ha acudido a la acción de tutela, que en este caso aduce que el matrimonio de parejas del mismo sexo viola los derechos humanos, aunque no haya una víctima ni un derecho vulnerado específico.

En el caso del matrimonio civil de Gonzalo Ruiz y Carlos Rivera, la Procuraduría presentó seis recursos legales para detener esa unión, que al final fue formalizada el 24 de julio por el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá. No siendo suficiente, el organismo de control presentó una queja disciplinaria contra la jueza que declaró civilmente casados a Gonzalo y Carlos.

De acuerdo con María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, llama mucho la atención la intervención tan activa de la Procuraduría en todas las peticiones de matrimonios igualitarios, porque nunca se han involucrado en los matrimonios heterosexuales.
Otra de las medidas contenidas en la Circular 013 de 2013, que preocupa a la comunidad LGBTI, es la directiva a las procuradurías regionales, judiciales y provinciales, a las personerías, a los juzgados civiles municipales y promiscuos municipales de entregar informes al Ministerio Público sobre parejas del mismo sexo.

En su línea de pensamiento la Procuraduría insiste en que el matrimonio entre homosexuales es una institución jurídica inexistente, porque la Constitución Política sólo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo mismo piensa Javier Suárez, teólogo y presidente de la Fundación Marido y Mujer, quien interpuso una acción de tutela contra esa unión.

Mientras la directriz de la Procuraduría sigue concentrada en interponerse a estas uniones, la comunidad LGBTI manifiesta su sorpresa e indignación por el silencio de este organismo ante las denuncias de abusos y homicidios en su contra.

“Un abuso de autoridad y un acto de profunda discriminación”, así catalogó la concejal Angélica Lozano la actuación del procurador delegado Gustavo Trujillo Cortés, antes de instaurar ayer en la Fiscalía una denuncia penal contra el funcionario que desplegó todos los recursos jurídicos a la mano para obstaculizar la decisión de un juez de unir en matrimonio a una pareja homosexual, como ya lo había hecho en dos oportunidades más.

Lo que más preocupa a la comunidad LGBTI es que estas actuaciones de Trujillo parecen ser el reflejo de una estrategia sistemática de la Procuraduría General de la Nación, implementada después del 20 de junio, cuando quedó en firme la decisión de la Corte Constitucional que autorizó a las parejas del mismo sexo a legalizar sus uniones ante notarios y jueces.

“Una persecución arbitraria”, diría Mauricio Albarracín, de Colombia Diversa, que estaría contenida en la Circular 013 de 2013 proferida por la Procuraduría. El documento ordena a todos los procuradores del país “intervenir, de manera preferente, en todos las solicitudes de matrimonio que hagan las parejas del mismo sexo”. Atendiendo esa directriz, el procurador Trujillo entabló un conjunto de acciones jurídicas que le negaron los jueces e interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión de la audiencia y, de paso, la nulidad de un matrimonio que se realizó el 20 de septiembre. Ese día, el juez 48 civil de Bogotá, Juan Carlos Andrés Cerón Díaz, “conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional”, declaró “legalmente unidos en matrimonio civil, con todas las prerrogativas que el ordenamiento jurídico otorga”, a la primera pareja gay.

Antes de eso, Trujillo fracasó en otro intento en el que se terminó protegiendo el derecho a la igualdad matrimonial de otra pareja homosexual. “Esta es una prueba de que se trata de una acción sistemática de persecución y obstrucción al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Estas acciones de la Procuraduría fomentan la discriminación. La igualdad es imparable. Que no se le olvide al Ministerio Público que su labor es defender los intereses de todos los colombianos”, señaló Lozano.

Para Albarracín, la estrategia está clara y no es sólo del abogado Trujillo: los procuradores intervienen en todos los procesos de matrimonio y, cuando los jueces admiten los procesos, el procurador interpone recurso de reposición para que los jueces rechacen la solicitud. Después pide la nulidad del matrimonio y si se la niegan apela. Se ha llegado a pedir un recurso de queja cuando niegan esta apelación. Agotados estos recursos, se ha acudido a la acción de tutela, que en este caso aduce que el matrimonio de parejas del mismo sexo viola los derechos humanos, aunque no haya una víctima ni un derecho vulnerado específico.

En el caso del matrimonio civil de Gonzalo Ruiz y Carlos Rivera, la Procuraduría presentó seis recursos legales para detener esa unión, que al final fue formalizada el 24 de julio por el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá. No siendo suficiente, el organismo de control presentó una queja disciplinaria contra la jueza que declaró civilmente casados a Gonzalo y Carlos.

De acuerdo con María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, llama mucho la atención la intervención tan activa de la Procuraduría en todas las peticiones de matrimonios igualitarios, porque nunca se han involucrado en los matrimonios heterosexuales.
Otra de las medidas contenidas en la Circular 013 de 2013, que preocupa a la comunidad LGBTI, es la directiva a las procuradurías regionales, judiciales y provinciales, a las personerías, a los juzgados civiles municipales y promiscuos municipales de entregar informes al Ministerio Público sobre parejas del mismo sexo.

En su línea de pensamiento la Procuraduría insiste en que el matrimonio entre homosexuales es una institución jurídica inexistente, porque la Constitución Política sólo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo mismo piensa Javier Suárez, teólogo y presidente de la Fundación Marido y Mujer, quien interpuso una acción de tutela contra esa unión.

Mientras la directriz de la Procuraduría sigue concentrada en interponerse a estas uniones, la comunidad LGBTI manifiesta su sorpresa e indignación por el silencio de este organismo ante las denuncias de abusos y homicidios en su contra.