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De los ocho semestres de componen un cuatrienio del Congreso, el último es completamente atípico. Primero, porque no cuenta con seis meses, sino con apenas tres. Segundo, porque los parlamentarios están concentrados en aprovechar el tiempo para impulsar sus campañas, hacerse reelegir y promover a su candidato presidencial. Ese es el escenario del trimestre legislativo que va del 16 de marzo al 20 de junio de 2022, que cierra cuatro años de trabajo de los y las legisladoras que iniciaron labores en 2018. En ese contexto, ¿cuáles son los desafíos en el Capitolio? ¿tan siquiera los hay cuando todos tienen la mente en los comicios?
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Antes de entrar de lleno en la respuesta a esa pregunta, hay que tener en cuenta cómo se “clasifican” los años de un cuatrienio congresional. Las voces en voz baja que se escuchaban en los pasillos del Capitolio (mucho antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas), explicaron que el primer año es del Gobierno, el segundo lo maniobran en conjunto el Legislativo y el Ejecutivo, el tercero es de los congresistas y el cuarto año “no es de nadie”. Y no lo es porque, quizá, poco se puede hacer.
La preocupación
Una fuente que es de la entraña del Congreso, que lleva décadas conociendo los vaivenes de los parlamentarios fugaces y eternos, le dijo a este diario que uno de los desafíos centrales es “motivar y garantizar” que los legisladores asistan a sus obligaciones, ya sea de manera presencial o a distancia. Según dice, aquellos que no se inscribieron en las listas a Senado o Cámara para repetir curul tienen menos motivos para hacer un buen desempeño y aparecer en las plenarias.
“Tenemos identificados como 40 congresistas que no se inscribieron a las listas, entonces de esos se presume que no van a hacer mucho. Gustavo Petro, Rodrigo Lara, y Jorge Enrique Robledo son algunos que no vuelven. ¿Cómo hacer para que asistan? Como la legislatura es cortica y se está acabando, no tienen el mismo vigor”, afirmó.
La fuente vaticina que habrá renovación del Congreso en un 60 % aproximadamente. Su mayor preocupación es que en dicho trimestre no se pueda evitar que los corredores del Capitolio sean invadidos por “proselitismo en campaña”. Según dice, su inquietud se debe a que este tiempo serviría también para que algunos hagan campaña también para las presidenciales, lo que podría llegar a obstruir las sesiones de esta corta legislatura. Lo anterior, teniendo en cuenta que las elecciones al Congreso son el 13 de marzo de 2022 –los electos se posesionan el 20 de julio– y los parlamentarios vuelven del receso legislativo el 16 de marzo para cerrar el cuatrienio.
“No queremos que la actividad de la segunda vuelta se atraviese, pero es algo que pasa por lo general en el último período legislativo. Ahora más por la polarización que hay entre Gustavo Petro y el establecimiento. Es, sin duda, un factor que puede jugar en contra. Sin embargo, este período tiene ese efecto por las elecciones presidenciales. No se puede esperar que los congresistas que también son candidatos estén juiciositos”, agregó.
Congresistas hablan
A pesar de esta realidad y las preocupaciones que conlleva, algunos congresistas que también son candidatos explicaron que, si bien el último trimestre del cuatrienio no se hace mucho, ellos sí defenderán a capa y espada los proyectos de su autoría. Ese es el caso, por ejemplo, de la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde. La parlamentaria aseguró que luchará por tres proyectos de su corazón: regular la pólvora, penalizar el acoso callejero y el que busca dar segundas oportunidades laborales a las personas pospenadas.
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“En este último periodo legislativo del Congreso será muy difícil que se aprueben leyes o que el Gobierno promueva grandes reformas debido a lo corto que es y a que estaremos en plena contienda electoral. Sin embargo, trabajaré arduamente para que se aprueben mis proyectos de segundas oportunidades, regulación de pólvora y penalización de acoso callejero”, manifestó Miranda. Por cierto, los dos últimos llegan a marzo de 2022 esperando ser discutidos en tercer debate.
En ese mismo sentido habló José Daniel López, representante de Cambio Radical y cabeza de lista de ese partido a la Cámara en 2022. “La agenda del Gobierno todavía no es clara porque habrá que esperar a marzo y es, además, el semestre de salida, quizá en el que menos cosas pasan. Pero puedo hablar desde mi equipo. Nosotros tenemos dos prioridades muy claras: completar el trámite del proyecto de ley sin IVA, y el denominado ‘Colombia sin biopolímeros’”, dijo.
Al de IVA solo le falta un debate para ser aprobado, más el aval del Ministerio de Hacienda. Según López, es importante porque busca eliminar el cobro del IVA sobre los planes de internet móvil y de telefonía móvil, que cuestan $73.000 aproximadamente. “Es una iniciativa que, en la medida en que reduce precios de los planes pospago, puede ayudar a cerrar la brecha digital y así ampliar el acceso permanente a internet por parte de usuarios que acceden a través de sistemas prepago. Eso es clave en un país en el que el acceso a internet sigue siendo símbolo de desigualdad. Mientras el 98 % de los hogares de estrato 6 tiene internet, el 22 % de los hogares de estrato 1 lo tiene”, explicó.
Por otro lado, ‘Colombia sin biopolímeros’ es una iniciativa que daría respuestas a colombianos, en su mayoría mujeres, que han sido víctimas de la aplicación de biopolímeros en sus cuerpos y que, a la hora de enfrentar estas situaciones, no tienen suficientes herramientas legales para combatirlas. “Con esto queremos asegurar que esos tratamientos, que son cirugías de extracción de estos materiales, sean incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que tenga tratamiento como delito autónomo en el Código Penal, entre otras cosas”, añadió.
Para Antonio Sanguino, senador verde, una de las prioridades de último semestre del cuatrienio es el bastante postergado Acuerdo de Escazú. Como dice la CEPAL, este pacto tiene como objetivo garantizar en América Latina y el Caribe “los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. Aunque el presidente Iván Duque se unió a este acuerdo en 2018, después de varios intentos en el Congreso no ha sido ratificado. Sanguino, como han hecho otros parlamentarios, le echa la culpa de esto a Duque, pues ni él ni el partido de gobierno han querido ratificarlo.
“El presidente, el Gobierno y el Congreso no deberían hacerle conejo a Escazú. Duque posa como el ambientalista de moda, pero no debería mamarle más gallo al continente. En esta legislatura radicó su ratificación en un proyecto sin mensaje de urgencia. Lo hizo en noviembre, 100 días después de iniciado el año legislativo. Por su parte, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez (conservador), lo tuvo engavetado y el 20 de diciembre lo sacó para asignarle ponente. No sé si en tres meses, sin mensaje de urgencia, se logre votar en comisiones y en las dos plenarias, para que el presidente lo sancione”, explicó.
Además de Escazú, Sanguino resaltó que hay proyectos que corresponden a las demandas del Paro Nacional y que son urgentes. Por ello expuso que el Gobierno debería “echárselos al hombro” para que encuentren la luz en el corto período legislativo. La reforma al Icetex es uno de ellos. “Fue aprobado en su primer debate, en la Comisión Sexta del Senado. El Gobierno debería meterle acelerador para que sea una oportunidad de acceso a la educación superior”, contó, pues es uno de los 10 proyectos de este tipo que busca satisfacer demandas del Paro.
Con otras consideraciones se expresó Gabriel Velasco, senador del Centro Democrático. “El 2021 trajo en materia social grandes retos para Colombia, y el 2022 continuará en esta senda. La agenda social que se está desarrollando en el Congreso deberá continuar siendo la que marque el paso del Legislativo. Temas como caminos para la reactivación y la formalización, así como el emprendimiento y la reestructuración empresarial. También la actualización del Programa Ampliado de Inmunización, más con el incremento de la propagación del virus que hemos visto. Lo mismo ocurre con temas que fueron polémicos, pero que son clamados por la sociedad, como la disminución de las vacaciones del Congreso o los controles políticos a la contratación”, comentó a este diario.
Control político, clave en el último suspiro del Congreso
Varios de los congresistas consultados recalcaron que más allá de sacar adelante proyectos de ley, lo más importante es hacer control político en medio de los últimos suspiros tanto del Congreso como del Gobierno. “El gran reto que tiene el Legislativo en lo que queda del período es el de realizar control político al Ejecutivo y hacer una veeduría extenuante a todo el proceso electoral, sobre todo si tenemos en cuenta la derogación de la Ley de Garantías y fiscalizar la inversión de recursos de un Gobierno que también va de salida”, señaló Katherine Miranda.
Algo en lo que concuerda Gabriel Santos, representante del Centro Democrático y quien también quiere repetir curul en 2022. “El mayor reto del Congreso va a ser hacerle control político y detener los abusos de un Gobierno que ha demostrado ser excesivamente peligroso impulsando temas como la censura a la prensa o el aumento desbordado de las plantas de las entidades del Estado”, dijo, refiriéndose a la reciente noticia sobre el aumento de 1.208 puestos en la Procuraduría de Margarita Cabello.
