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En 1971, Leonard J. Saccio, embajador norteamericano en Bogotá, hizo eco de un informe de la Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD) que afirmaba que “(los) colombianos predominaban en el tráfico de drogas desde América del Sur” y afirmó: “(el) problema en Colombia es aún más serio de lo que pensábamos”. Saccio ya había señalado que “el alcance del problema aquí es tal, que los esfuerzos de tiempo parcial del personal ya asignado” no serán suficientes. (Recomendamos: Otra investigación de Eduardo Sáenz Rovner: De los empresarios legales de mediados del siglo XX a los narcotraficantes).
Meses más tarde, en marzo de 1972, se abrió una oficina de la BNDD en Bogotá. Igualmente, se abrieron oficinas en Asunción, Caracas y Quito. Hasta entonces, las únicas oficinas latinoamericanas de la BNDD estaban en Ciudad de México, Panamá y Buenos Aires, y los agentes en la capital argentina se ocupaban de toda Suramérica. La Embajada norteamericana en Bogotá pidió un segundo agente permanente, “teniendo en cuenta el aumento del narcotráfico desde y a través de Colombia”.
Saccio opinó a comienzos de 1972: “(…) La Oficina de Aduanas es probablemente el servicio más corrupto de todos los que tiene el Gobierno de Colombia”. El diario El Espectador, en una serie de artículos, reportó sobre una investigación iniciada desde marzo de 1972 por una comisión del Senado sobre las aduanas de Colombia. La comisión, encabezada por Carlos Restrepo Arbeláez, declaró que los empleados de las aduanas recibían salarios mensuales por parte de “una mafia de contrabandistas” y que había empleados que vendían la cocaína decomisada.
El embajador norteamericano se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Alfredo Vásquez Carrizosa, el 18 de octubre de 1972 y le dijo que: “Estaba perturbado por los rumores de corrupción en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en cuanto a la aplicación de las leyes antinarcóticos”. Al mes siguiente se reunieron de nuevo y el embajador “se quejó de una aparente carencia de cooperación por parte de ciertas autoridades colombianas en el campo de la lucha contra los narcóticos”. Asimismo, insistió en que el Gobierno debía anunciar una política fuerte contra el narcotráfico. Según Saccio, el DAS había sido incapaz de crear “un escuadrón antinarcóticos”. (Más: Las cuatro generaciones del narcotráfico en Colombia).
Las presiones de Saccio tuvieron resultados. A comienzos de diciembre de 1972, Miguel Escobar Méndez, ministro de Justicia, le informó al embajador que el presidente Pastrana lo había nombrado coordinador de la política antinarcóticos, en la cual participarían diferentes organismos del Gobierno: el DAS, el F-2 (organismo secreto de la Policía), las Aduanas Nacionales, la Procuraduría General de la Nación y las Fuerzas Militares. Saccio le sugirió al ministro que le dijese a Pastrana que hiciera un pronunciamiento público sobre la política del Gobierno colombiano para combatir el tráfico y consumo de drogas. Días más tarde, Pastrana le respondió al embajador que haría un pronunciamiento sobre el nombramiento de Escobar Méndez como coordinador del esfuerzo colombiano contra el narcotráfico.
En enero de 1973, Morgan F. Murphy y Robert H. Steel, miembros del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitaron Colombia y expresaron críticas a lo que ellos consideraban las sanciones leves contra el narcotráfico en el Código Penal, la aplicación laxa de la ley y la corrupción entre policías, agentes de aduana y jueces. Se reunieron con el presidente Misael Pastrana, quien se comprometió a combatir el narcotráfico, que él mismo describió como “un peligro creciente que puede destruir nuestra sociedad”. Pastrana revisó el reporte de Murphy y Steel, y lo discutió con los jefes del DAS, la Policía Nacional y la Dirección de Aduanas, y les pidió explicaciones sobre las acusaciones de que altos oficiales de esos cuerpos estaban involucrados en el narcotráfico.
El 8 de febrero de 1973, Escobar Méndez presentó un proyecto de ley que establecía penas severas al cultivo de plantas que se podían transformar en drogas psicoactivas y al narcotráfico. Días después envió al embajador Saccio una copia del Plan Alborada, presentado por el F-2 de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico. Además, pedía “determinar la colaboración” de la Embajada norteamericana en esta campaña. Saccio respondió que su embajada colaboraría con la solicitud colombiana.
El 23 de marzo el Senado de Colombia aprobó un proyecto que aumentó las penas por narcóticos. El 2 de abril el embajador norteamericano en Bogotá escribió: “Con ayuda de la Embajada (norteamericana) la Aduana colombiana ha desarrollado un plan detallado para la ejecución antinarcóticos (…). Todo indica que la Aduana, a pesar de sus problemas con la aplicación general de las leyes aduaneras, tiene la voluntad y la habilidad para hacer una contribución seria al control del narcotráfico”.
El 7 de mayo, el embajador Saccio se reunió con Jaime Castro, nuevo ministro de Justicia. Castro afirmó que “había sido instruido por el presidente (de la República) para hacer que el programa de abuso de drogas fuese su más alta prioridad”. Tres días después Pastrana firmó un decreto que requería la destrucción de las drogas y la marihuana decomisada por las autoridades. Según el embajador norteamericano, el decreto fue redactado por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría con asistencia de la Embajada de Estados Unidos. No es raro, entonces, que Nixon le hubiera escrito a Pastrana agradeciéndole sus esfuerzos para combatir el narcotráfico entre ambos países.
A mediados de año, Pastrana firmó otro decreto, por el cual se creaba el Consejo Nacional de Estupefacientes, dependiente del Ministerio de Justicia y con la participación de la Procuraduría, el DAS, la Policía y la Aduana. El Gobierno también creó la Unidad Fija de Estupefacientes en el aeropuerto El Dorado, integrada por el F-2, el DAS y la Aduana Nacional. Colombia compró equipos de vigilancia electrónica con un préstamo del Export-Import Bank. Los equipos, destinados a la Policía Nacional, serían usados para prevenir los secuestros de personas y contra el narcotráfico. Finalmente, y terminando su gobierno, Pastrana expidió un decreto presidencial, el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que establecía controles a la producción y distribución de drogas y fijaba penas carcelarias más altas.
En la Embajada norteamericana sostenían “que la cocaína de hecho se refina en Colombia, pero en la ausencia de investigaciones a fondo de los funcionarios colombianos el proceso no es detectado”. Los casos de colombianos que traficaban con todo tipo de drogas (marihuana, cocaína y heroína) entre Colombia y diferentes ciudades de Estados Unidos, a principios de la década de 1970, eran incontables. No era nada nuevo; durante los años sesenta los colombianos ya desempeñaban un papel importante en el narcotráfico en ciudades como Miami y Nueva York. Demasiados colombianos y bandas participaban en el proceso y tráfico de drogas, venían de diferentes sitios del país (un número importante procedía de Bogotá y sus alrededores) y tenían varias rutas con paradas en países centroamericanos, en Venezuela, en México y en el Caribe. Colaboraban con narcos de otras nacionalidades: norteamericanos, franceses, chilenos, cubanos, ecuatorianos, por ejemplo. Por supuesto, también había freelancers extranjeros, sobre todo norteamericanos.
Las autoridades calculaban (con las limitaciones de medir actividades ilegales) que, en 1971, se producían en Colombia alrededor de 300 toneladas de marihuana al año, exportadas principalmente a Estados Unidos y Venezuela. El tráfico mensual de cocaína era cercano a media tonelada. Entre 50 y 60 kilos de heroína llegaban al mes a Colombia desde Marsella (algunos franceses e italianos estaban involucrados en el negocio); de Colombia era reexportada a Estados Unidos con mulas desde los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, o por mar haciendo transbordo en la isla de San Andrés.
Los barcos de la Flota Mercante Gran Colombiana eran utilizados por bastantes tripulantes para llevar marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. El Gobierno de Colombia puso agentes secretos que aparentaban ser marineros en varios barcos, como el Ciudad de Bogotá, el Ciudad de Buenaventura y el República de Colombia. Sin embargo, se siguieron encontrando contrabandos de marihuana y cocaína en los barcos de la Flota con destino a Estados Unidos: el Ciudad de Popayán (300 libras de marihuana), el Ciudad de Pasto (374 libras de marihuana), el Ciudad de Buenaventura (más de 500 libras de marihuana), el Ciudad de Neiva (4,5 libras de cocaína), el Ciudad de Cúcuta (1,9 kilos de cocaína) y el Ciudad de Bogotá (8,3 y 2,9 kilos de cocaína en dos viajes diferentes).
En 1972, el embajador colombiano en Washington, Douglas Botero Boshell, le escribió al secretario de Estado norteamericano. Le mencionó que a la Flota Mercante Grancolombiana (de propiedad estatal) le cobraban multas en Estados Unidos por la droga que les era incautada a algunos tripulantes, a pesar de la vigilancia que ejercían las autoridades colombianas, y pedía que las multas fuesen condonadas. El Departamento de Estado le manifestó su “preocupación” por el excesivo tráfico de drogas procedentes de Colombia y le señaló que la Flota había sido tratada en forma justa y que algunas multas habían sido perdonadas o reducidas.
El puerto de Turbo sobre el Urabá antioqueño y la zona Guajira-Magdalena eran los puntos de salida de grandes cantidades de marihuana colombiana hacia Estados Unidos. Embarcaciones con banderas de diferentes nacionalidades y con tripulaciones multinacionales que, por supuesto, incluían a marineros colombianos, hacían viajes frecuentes a Miami, Tampa y Jacksonville. Cargamentos de cocaína también iban en los buques bananeros no pertenecientes a la Flota Mercante Grancolombiana que se dirigían a Estados Unidos.
Según José Ómar Botero Vélez, director encargado del DAS en Antioquia, la marihuana en el área de Urabá se cultivaba en Barranquillita, Chigorodó, El Tres, El Dos, Tulapa, Mulatos y las Bocas del Atrato. Un alto porcentaje de la población, desde campesinos hasta terratenientes, se dedicaba al cultivo y exportación de la yerba. Para Carlos Guzmán Benítez, jefe nacional del F-2, “el incremento del cultivo de marihuana (en Antioquia) alcanza(ba) proporciones alarmantes”. Se cultivaba a lo largo y ancho del departamento en Turbo, Apartadó, Dabeiba, Caicedo, Carmen de Viboral, Granada, San Vicente y Santuario.
El 7 de abril de 1973, el periódico El Colombiano de Medellín informó que Botero Vélez había sido destituido de su cargo. Carlos Alberto Vásquez Marulanda fue nombrado como director encargado. Se rumoraba en Medellín que el mismo Botero Vélez era contrabandista y narcotraficante. Vásquez Marulanda le comentó al vicecónsul norteamericano en Medellín sobre esa destitución Después, el vicecónsul se enteró de que la idea salió de una reunión en la oficina del alcalde de la ciudad, en la que también se discutió la conducta del secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Emilio Monsalve Arango, socio de Botero Vélez en el negocio bananero en Turbo. Las autoridades civiles también sospechaban de las conexiones de Botero Vélez y un tal coronel Ibáñez, director de la Policía en Antioquia.
Jorge Ordóñez Valderrama, director del DAS, manifestó a la Embajada norteamericana que tanto Botero Vélez como Julio Calderón, designado a principios de año como director antinarcóticos, salieron de la entidad por sospechas de narcotráfico. Ordóñez Valderrama solicitó una colaboración más cercana con la Embajada en el asunto de narcóticos. Escribió el embajador norteamericano: “Consideramos esta reunión como una señal positiva de cambio”. Ordóñez Valderrama nombró a Alberto Romero como jefe de la lucha antinarcóticos en el DAS. Romero había colaborado durante años con los agentes antinarcóticos norteamericanos en Panamá.
Sin embargo, las autoridades norteamericanas del Latin American Inter-Agency Narcotics Control Committee estaban “inquietas por el progreso lento de parte de las autoridades colombianas para frenar el flujo del tráfico de narcóticos, en particular el papel del DAS… (y la) extensión de la corrupción que incluye el nivel del general Ordóñez”. Otro problema en Colombia, según las autoridades norteamericanas, era la impunidad. Señalaban que en 1972, 225 personas habían sido arrestadas por cuestiones de narcotráfico, pero todas, según ellos, salieron libres.
A pesar de la apertura de la BNDD y su cooperación con el Gobierno colombiano y del aumento de los arrestos y decomisos de cocaína, en la Embajada norteamericana no estaban satisfechos y afirmaban que el DAS estaba politizado y era corrupto. Igualmente sospechaban que Ordóñez Valderrama tenía nexos con el narcotráfico. Asimismo, percibían al sistema judicial colombiano “plagado de ineptitud y corrupción”; el sistema era laxo con traficantes colombianos como con norteamericanos. La corrupción en el DAS estaba desbordada y jefes de varias seccionales fueron capturados e investigados por narcotráfico. Entre la corrupción local y el aumento de la demanda norteamericana, los augurios sobre el combate al narcotráfico en Colombia no eran los mejores.
* Se publica con autorización del Grupo Editorial Planeta, sello Crítica.
Por Eduardo Sáenz Rovner * / Especial para El Espectador
