Cuando se cierre la puerta

A un mes del cierre del puente Simón Bolívar, paso fronterizo entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano del Táchira, los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro se reúnen para buscar soluciones a la situación de frontera que desbordó a los dos países. El cierre fronterizo es un síntoma de una problemática tricéfala que históricamente ha afectado a la región: la primera cabeza es la securitización política, la segunda, la socio-humanitaria, y la tercera, la económico-comercial.

 

El Estado venezolano, desde el Segundo Plan Socialista que formuló Hugo Chávez, y el cual está ejecutando Nicolás Maduro, identifica la frontera como un espacio en el que se debe “incrementar la actividad operativa cívico-militar para la defensa del territorio”. A través de diferentes declaraciones, los funcionarios venezolanos identifican la zona fronteriza como un espacio de inseguridad causado por el “paramilitarismo colombiano”.

 

No obstante, en dicho Plan el llamado “Comandante Eterno” identificó la necesidad de “controlar y neutralizar el crimen transnacional y la acción de grupos generadores de violencia”. Al declarar que es un crimen transnacional reconoce, en primera instancia, que no es una cuestión de paramilitarismo, son organizaciones ilegales y no paraestatales; y en segunda, que al ser transnacional no es un problema únicamente colombiano: en él participan actores delincuenciales de ambos países.

 

Para Colombia, en la frontera se presenta fundamentalmente un problema socio-humanitario. No únicamente por el desplazamiento que ha ocurrido después del cierre, sino por las dificultades que ha tenido el Estado para hacer presencia en la región. Sumado a problemáticas locales de corrupción, de cacicazgos políticos y de presión de grupos armados, se ha formulado un plan de fronteras que tiene por objeto el desarrollo de la región. Una visión que se contrapone con la venezolana.

 

A pesar de la voluntad del Gobierno, el departamento de La Guajira continúa siendo uno de los más pobres de Colombia y la ciudad de Cúcuta, en vez de disminuir sus índices de pobreza, los aumenta, convirtiéndose en la quinta ciudad en donde algunos de sus habitantes no pueden comprar la canasta básica. Del lado venezolano las cosas no son mejores.

 

En materia económico-comercial existen dos modelos contrapuestos: el venezolano, estatalizado, proveedor de subsidios y que castiga la iniciativa privada; y el colombiano, de libre mercado, demandante de tributos y que privilegia la concentración de capital. Con lo que un ama de casa cucuteña compra una libra de harina en Colombia, compra 17 libras de harina en Venezuela, sin hablar del combustible. La diferencia de modelos promueve el desabastecimiento en la  frontera, no en toda Venezuela.

 

En la reunión de mandatarios se buscarán acuerdos iniciales para empezar a abordar esta problemática, no para resolverla. El cierre de la frontera y el aumento de los municipios con estado de excepción son una medida paliativa, y si se quiere de choque, pero no resuelven la situación de fondo. Únicamente la articulación de los dos estados permitirá hacer frente a la situación en el corto, mediano y largo plazo.

 

Colombia y Venezuela tienen la necesidad de sentarse a negociar. Por el lado colombiano, y aunque el Gobierno no lo quiera reconocer, existe un factor electoral. Es importante recordar que entre la primera y la segunda vuelta presidencial, de los siete departamentos fronterizos, Santos obtuvo tres en la primera vuelta y cinco en la segunda, siendo precisamente Arauca y Norte de Santander los que les sumaron votos a la Unidad Nacional –sin olvidar el departamento de Santander, que si bien no es fronterizo se ve afectado por la situación–.

 

En un panorama en el cual el Gobierno tenga que refrendar los acuerdos de La Habana, el que estos departamentos caigan en las manos de la oposición puede complicarle las cosas. Sin embargo, al final de cuentas, la motivación más fuerte es la actitud chavista que ha herido el orgullo nacional y muy a pesar de lo que cree el hijo de una colombiana, Nicolás Maduro, sus medidas no son aceptadas ni por el más humilde de los colombianos.

 

Quizás es el oficialismo venezolano el que tiene una mayor necesidad de resolver la situación. A pesar de que su discurso de confrontación les significó réditos en un primer momento, poco a poco sienten el desgaste institucional, sobre todo los militares y guardias venezolanos que están expuestos a las condiciones de las zonas de frontera.

 

Ante el gusto de las analogías relacionadas con la Segunda Guerra Mundial que despertó el incidente de las casas marcadas de los colombianos, como aquella comparación majadera de asemejar la deportación con el Holocausto judío, la posición que debe asumir el presidente Santos con respecto a su homólogo venezolano debe ser como aquella que asumió Winston Churchill ante Joseph Stalin. Guardando las proporciones, ni Santos es un Churchill de sabana ni Maduro es un Stalin del trópico. Pero el líder británico entendió que en ese momento el enemigo no era ni el líder soviético ni la ideología comunista.

 

En el caso de la frontera, el enemigo no es Maduro ni el chavismo. Son las bandas criminales que actúan de forma transnacional, que tienen componentes de los dos países y que aprovechan la asimetría de los dos sistemas.

 

El presidente colombiano le puede exigir a su homólogo venezolano que para empezar a enfrentar este problema, deberían ajustarse a lo que reza en el “Plan de la Patria”. Que llamen las cosas por su nombre: criminales transnacionales y no paramilitarismo colombiano. Y así como se exige, también se puede dar. En las casas de cambio de Cúcuta el fenómeno de “raspar tarjeta”, es decir, de pasar los cupos asignados por el oficialismo para tarjetas de crédito a los turistas venezolanos como si estuvieran en otro país –particularmente Panamá–, puede tener  mayor control por parte de las autoridades colombianas.

 

Esto no solucionará el problema económico de Venezuela, cuyas causas estructurales son responsabilidad del oficialismo, de 16 años de políticas desacertadas, del despilfarro presupuestal y de la cooptación de los medios de producción por parte del Estado. Cuando se cierre la puerta, Santos y Maduro tienen la obligación de crear instrumentos para abrir la frontera en el corto plazo, no de encontrar una solución a los problemas de una relación.

 

* Profesores U. del Rosario

A un mes del cierre del puente Simón Bolívar, paso fronterizo entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano del Táchira, los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro se reúnen para buscar soluciones a la situación de frontera que desbordó a los dos países. El cierre fronterizo es un síntoma de una problemática tricéfala que históricamente ha afectado a la región: la primera cabeza es la securitización política, la segunda, la socio-humanitaria, y la tercera, la económico-comercial.

 

El Estado venezolano, desde el Segundo Plan Socialista que formuló Hugo Chávez, y el cual está ejecutando Nicolás Maduro, identifica la frontera como un espacio en el que se debe “incrementar la actividad operativa cívico-militar para la defensa del territorio”. A través de diferentes declaraciones, los funcionarios venezolanos identifican la zona fronteriza como un espacio de inseguridad causado por el “paramilitarismo colombiano”.

 

No obstante, en dicho Plan el llamado “Comandante Eterno” identificó la necesidad de “controlar y neutralizar el crimen transnacional y la acción de grupos generadores de violencia”. Al declarar que es un crimen transnacional reconoce, en primera instancia, que no es una cuestión de paramilitarismo, son organizaciones ilegales y no paraestatales; y en segunda, que al ser transnacional no es un problema únicamente colombiano: en él participan actores delincuenciales de ambos países.

 

Para Colombia, en la frontera se presenta fundamentalmente un problema socio-humanitario. No únicamente por el desplazamiento que ha ocurrido después del cierre, sino por las dificultades que ha tenido el Estado para hacer presencia en la región. Sumado a problemáticas locales de corrupción, de cacicazgos políticos y de presión de grupos armados, se ha formulado un plan de fronteras que tiene por objeto el desarrollo de la región. Una visión que se contrapone con la venezolana.

 

A pesar de la voluntad del Gobierno, el departamento de La Guajira continúa siendo uno de los más pobres de Colombia y la ciudad de Cúcuta, en vez de disminuir sus índices de pobreza, los aumenta, convirtiéndose en la quinta ciudad en donde algunos de sus habitantes no pueden comprar la canasta básica. Del lado venezolano las cosas no son mejores.

 

En materia económico-comercial existen dos modelos contrapuestos: el venezolano, estatalizado, proveedor de subsidios y que castiga la iniciativa privada; y el colombiano, de libre mercado, demandante de tributos y que privilegia la concentración de capital. Con lo que un ama de casa cucuteña compra una libra de harina en Colombia, compra 17 libras de harina en Venezuela, sin hablar del combustible. La diferencia de modelos promueve el desabastecimiento en la  frontera, no en toda Venezuela.

 

En la reunión de mandatarios se buscarán acuerdos iniciales para empezar a abordar esta problemática, no para resolverla. El cierre de la frontera y el aumento de los municipios con estado de excepción son una medida paliativa, y si se quiere de choque, pero no resuelven la situación de fondo. Únicamente la articulación de los dos estados permitirá hacer frente a la situación en el corto, mediano y largo plazo.

 

Colombia y Venezuela tienen la necesidad de sentarse a negociar. Por el lado colombiano, y aunque el Gobierno no lo quiera reconocer, existe un factor electoral. Es importante recordar que entre la primera y la segunda vuelta presidencial, de los siete departamentos fronterizos, Santos obtuvo tres en la primera vuelta y cinco en la segunda, siendo precisamente Arauca y Norte de Santander los que les sumaron votos a la Unidad Nacional –sin olvidar el departamento de Santander, que si bien no es fronterizo se ve afectado por la situación–.

 

En un panorama en el cual el Gobierno tenga que refrendar los acuerdos de La Habana, el que estos departamentos caigan en las manos de la oposición puede complicarle las cosas. Sin embargo, al final de cuentas, la motivación más fuerte es la actitud chavista que ha herido el orgullo nacional y muy a pesar de lo que cree el hijo de una colombiana, Nicolás Maduro, sus medidas no son aceptadas ni por el más humilde de los colombianos.

 

Quizás es el oficialismo venezolano el que tiene una mayor necesidad de resolver la situación. A pesar de que su discurso de confrontación les significó réditos en un primer momento, poco a poco sienten el desgaste institucional, sobre todo los militares y guardias venezolanos que están expuestos a las condiciones de las zonas de frontera.

 

Ante el gusto de las analogías relacionadas con la Segunda Guerra Mundial que despertó el incidente de las casas marcadas de los colombianos, como aquella comparación majadera de asemejar la deportación con el Holocausto judío, la posición que debe asumir el presidente Santos con respecto a su homólogo venezolano debe ser como aquella que asumió Winston Churchill ante Joseph Stalin. Guardando las proporciones, ni Santos es un Churchill de sabana ni Maduro es un Stalin del trópico. Pero el líder británico entendió que en ese momento el enemigo no era ni el líder soviético ni la ideología comunista.

 

En el caso de la frontera, el enemigo no es Maduro ni el chavismo. Son las bandas criminales que actúan de forma transnacional, que tienen componentes de los dos países y que aprovechan la asimetría de los dos sistemas.

 

El presidente colombiano le puede exigir a su homólogo venezolano que para empezar a enfrentar este problema, deberían ajustarse a lo que reza en el “Plan de la Patria”. Que llamen las cosas por su nombre: criminales transnacionales y no paramilitarismo colombiano. Y así como se exige, también se puede dar. En las casas de cambio de Cúcuta el fenómeno de “raspar tarjeta”, es decir, de pasar los cupos asignados por el oficialismo para tarjetas de crédito a los turistas venezolanos como si estuvieran en otro país –particularmente Panamá–, puede tener  mayor control por parte de las autoridades colombianas.

 

Esto no solucionará el problema económico de Venezuela, cuyas causas estructurales son responsabilidad del oficialismo, de 16 años de políticas desacertadas, del despilfarro presupuestal y de la cooptación de los medios de producción por parte del Estado. Cuando se cierre la puerta, Santos y Maduro tienen la obligación de crear instrumentos para abrir la frontera en el corto plazo, no de encontrar una solución a los problemas de una relación.

 

* Profesores U. del Rosario