En entrevista con El Espectador, el registrador nacional, Hernán Penagos, dio a conocer cuánto podría costarle al país la consulta popular que el presidente Gustavo Petro busca realizar para la aprobación de algunos puntos de la reforma laboral ante la negativa del Congreso a este proyecto.
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El registrador aclaró que hasta ahora solo hay un estimado, pues la cifra final dependerá de elementos como el número de preguntas que el Gobierno haga, el tamaño del tarjetón, entre otros asuntos.
"Aún no la hemos terminado de presupuestar, porque dependerá del número de preguntas, del papel que se requiera para imprimir. Una cosa es una pregunta, 20 o 50; el procesamiento no es el mismo si se trata de una única pregunta o de un número plural de ellas, dijo Penagos.
Sin embargo, dijo que el estimado está entre los $600.000 y $700.000 millones, pues se deberá organizar una jornada a nivel nacional y que no puede ser agendada el mismo día de unas elecciones ordinarias.
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“Si esa consulta se hiciera con otras elecciones, se podrían tener economías de escala, pero no es posible, no por voluntad de la Registraduría, sino porque la ley y la Constitución, en su artículo 104, lo prohíben”, señaló el registrador.
Ahora bien, desde el Gobierno han defendido el uso del erario para todo lo relacionado con la consulta, que no solo incluye la impresión de los tarjetones y la logística de la jornada, sino también, la campaña que empezó a adelantar el Gobierno. Son varias las entidades que ya hacen cotizaciones para la producción de gorras, camisetas y para su movilización por las regiones.
El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo también en entrevista que “la democracia cuesta y es cara” y que peor sería que el presidente decidiera gobernar a través de decretos y adoptara posturas autoritarias.
En contexto: “Ya aprendimos a gobernar y ellos no aprendieron a hacer oposición”.
Por ahora, el Ejecutivo avanza en la redacción de varias preguntas para finalizar la solicitud que le debe enviar al Senado, que será la corporación encargada de definir si se puede o no llevar a cabo la consulta.
De contarse con el sí del Legislativo, el presidente Petro tendría que definir una fecha para la jornada y hacérsela saber a la Registraduría para la organización del evento. La consulta necesitaría en promedio 13.6 millones de votos para que tenga validez.
“A la Registraduría lo único que le corresponde es, una vez convocada la consulta, construir el calendario electoral y garantizar toda la logística para los ciudadanos que quieran participar. Estamos esperando que se surtan esos pasos”, concluyó el registrador en entrevista.
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