Con el argumento de que a lo largo del proceso se cometieron graves irregularidades, la Unión Temporal Protección Integral Carcelaria, conformada por cinco empresas, pidió al Ministerio del Interior suspender el procedimiento para la compra de tecnología para 10 centros de reclusión del país, una de las licitaciones más grandes que se hayan abierto en materia de seguridad carcelaria.
Según los denunciantes, que pidieron una investigación exhaustiva y acompañamiento en el proceso a la Procuraduría General, en el Ministerio se cometieron “toda suerte de maniobras para que sólo pudiera presentarse a ofertar un solo proponente”. Así lo aseguró a El Espectador Álvaro Arango, vocero de la asociación, quien dijo que funcionarios de esa cartera permitieron que se fraguara una especie de complot para descalificar a la unión temporal que él representa, y además escogieron como ganador un proponente que “de manera clara no cumple con todos los requisitos”.
Se estima que el presupuesto oficial para este proyecto, cuyo proceso de selección se abrió el pasado 29 de agosto, es de unos 53 mil 548 millones de pesos. El problema radica en que la sociedad que denuncia las anomalías, y que presentó su oferta el 20 de octubre, el mismo día de cierre del proceso, fue rechazada debido a que dos de las empresas que la conforman aparecen ofertando también como parte de la propuesta de la Unión Temporal Cárceles 2008. Una de las causales para que un oferente sea eliminado es, precisamente, que haya entregado más de una oferta a su nombre, ya sea individualmente, en consorcio o como unión temporal.
De acuerdo con la explicación de Arango, la Unión Temporal Cárceles 2008 fue constituida el 19 de septiembre con el fin de participar en el proceso de selección. Sin embargo, una adenda que el Ministerio incluyó 10 días después a la licitación, en el sentido de que todos los oferentes tendrían que haber manifestado “interés en participar” —es decir, haber comprado pliegos— entre los días 1, 2 y 3 de septiembre, hizo que los integrantes de dicha asociación decidieran disolverla y crear otra con empresas que sí cumplieran con lo estipulado.
De esa manera, fundaron la Unión Temporal Protección Integral Carcelaria. La sorpresa se la llevaron cuando al presentar oferta a nombre de ese grupo se encontraron con que la primera asociación, la que habían disuelto, también había ofertado. “Una de las empresas de la primera unión temporal, a la que no quisimos incluir en la segunda compañía, utilizó un documento de constitución de la Unión Temporal Cárceles 2008, firmado por todas las empresas, para licitar”, aseguran los denunciantes.
De inmediato, enviaron por fax un documento al Ministerio para pedir la anulación de la oferta de la unión disuelta, pero no fue posible, al parecer porque ese no era el procedimiento adecuado.
La secretaria general de ese despacho, María del Pilar Serrano, le aseguró a El Espectador que el proceso se llevó a cabo con transparencia y, por si las dudas, ya le pidió acompañamiento a la Procuraduría.
El próximo martes se realizará la audiencia de la licitación, en la que se anunciará la empresa ganadora: Seguridad Carcelaria. Eso, a menos que se comprueben las supuestas anomalías.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, dijo que invitaba a todos los ciudadanos a consultar los términos del proceso en la página web del Ministerio. “Todas nuestras licitaciones son claras. De eso no tengo ninguna duda”, aseguró.
Por El Espectador
