DD.HH. son considerados "incómodos" para el proceso de paz, según expertos
Esta fue una de las conclusiones de un encuentro sobre derechos humanos liderado por Amnistía Internacional y celebrado en la Universidad Complutense.
EFE
Los derechos humanos son considerados "incómodos" en el proceso de paz en Colombia que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las Farc desde 2012, según destacó un grupo de expertos este lunes en Madrid.
El director de Amnistía Internacional (AI) España, Esteban Beltrán, dirige un curso sobre derechos humanos organizado junto a la Universidad Complutense, la directora del centro de documentación "No Habrá Paz sin las Mujeres Colombia", Patricia Simón, y el activista José Ricaurte.
Una de las ideas que destacó Beltrán en su intervención fue la de que Colombia "no está aún en el posconflicto", ya que sigue habiendo desplazados y asesinato de sindicalistas y otros activistas defensores de los derechos humanos.
Beltrán, que reconoció que en este momento la comunidad internacional "presta más atención" al caso colombiano, dijo que esta debería dar la oportunidad "de que las cosas mejoren".
La directora de "No habrá paz sin las mujeres Colombia", Patricia Simón, criticó la falta de observadores internacionales en el país y alertó sobre el abandono de muchas organizaciones no gubernamentales, que en la actualidad "derivan sus recursos a otras crisis humanitarias mas acuciantes", como la de Siria.
El activista José Ricaurte explicó su experiencia como víctima de la guerrilla después de haber sido desplazado en cuatro ocasiones y haber sufrido dos atentados y lamentó que quienes defienden los derechos humanos en Colombia no pueden hacer "ninguna denuncia" porque el Gobierno considera que "atentan contra la paz".
No obstante, Simón explicó que gracias a la presión internacional se empezó a incorporar a mujeres a la mesa negociadora de La Habana, que actualmente cuenta con tres mujeres en la parte del gobierno y con diecisiete por el lado de las Farc.
La activista española se refirió al "duro patriarcado" que se vive en el país e insistió en el sufrimiento de violencia sexual y empobrecimiento de las mujeres, especialmente de las afrodescendientes y desplazadas.
Asimismo, Simón enfatizó en el "estigma" que sufren las guerrilleras colombianas, ya que la sociedad "las culpabiliza por haber abandonado a su familia y son vistas como más díscolas que los hombres".
Los expertos destacaron otros temas que a su juicio no están en debate publico, como es el derecho al retorno de aquellas víctimas desplazadas por las FARC.
Según Simón, no hay buenas condiciones de seguridad ni acompañamiento psicológico real para las víctimas ni garantías para los campesinos después de que se les devuelvan las tierras.
Amnistía Internacional inició hace dos años una investigación para ver cómo está aplicando el gobierno la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, y si había logrado su meta, que era restituir por lo menos dos millones de hectáreas para 2014.
Las conclusiones de la organización fueron que "el proceso ha tenido tantos problemas en su aplicación, que solo se han podido emitir órdenes de restitución de apenas 80.000 hectáreas de tierra y la ley tiene una vigencia de diez años".
Los derechos humanos son considerados "incómodos" en el proceso de paz en Colombia que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las Farc desde 2012, según destacó un grupo de expertos este lunes en Madrid.
El director de Amnistía Internacional (AI) España, Esteban Beltrán, dirige un curso sobre derechos humanos organizado junto a la Universidad Complutense, la directora del centro de documentación "No Habrá Paz sin las Mujeres Colombia", Patricia Simón, y el activista José Ricaurte.
Una de las ideas que destacó Beltrán en su intervención fue la de que Colombia "no está aún en el posconflicto", ya que sigue habiendo desplazados y asesinato de sindicalistas y otros activistas defensores de los derechos humanos.
Beltrán, que reconoció que en este momento la comunidad internacional "presta más atención" al caso colombiano, dijo que esta debería dar la oportunidad "de que las cosas mejoren".
La directora de "No habrá paz sin las mujeres Colombia", Patricia Simón, criticó la falta de observadores internacionales en el país y alertó sobre el abandono de muchas organizaciones no gubernamentales, que en la actualidad "derivan sus recursos a otras crisis humanitarias mas acuciantes", como la de Siria.
El activista José Ricaurte explicó su experiencia como víctima de la guerrilla después de haber sido desplazado en cuatro ocasiones y haber sufrido dos atentados y lamentó que quienes defienden los derechos humanos en Colombia no pueden hacer "ninguna denuncia" porque el Gobierno considera que "atentan contra la paz".
No obstante, Simón explicó que gracias a la presión internacional se empezó a incorporar a mujeres a la mesa negociadora de La Habana, que actualmente cuenta con tres mujeres en la parte del gobierno y con diecisiete por el lado de las Farc.
La activista española se refirió al "duro patriarcado" que se vive en el país e insistió en el sufrimiento de violencia sexual y empobrecimiento de las mujeres, especialmente de las afrodescendientes y desplazadas.
Asimismo, Simón enfatizó en el "estigma" que sufren las guerrilleras colombianas, ya que la sociedad "las culpabiliza por haber abandonado a su familia y son vistas como más díscolas que los hombres".
Los expertos destacaron otros temas que a su juicio no están en debate publico, como es el derecho al retorno de aquellas víctimas desplazadas por las FARC.
Según Simón, no hay buenas condiciones de seguridad ni acompañamiento psicológico real para las víctimas ni garantías para los campesinos después de que se les devuelvan las tierras.
Amnistía Internacional inició hace dos años una investigación para ver cómo está aplicando el gobierno la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, y si había logrado su meta, que era restituir por lo menos dos millones de hectáreas para 2014.
Las conclusiones de la organización fueron que "el proceso ha tenido tantos problemas en su aplicación, que solo se han podido emitir órdenes de restitución de apenas 80.000 hectáreas de tierra y la ley tiene una vigencia de diez años".