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“La falsa paz total llegó a su fin”: De la Espriella tras aprobación de ley de sometimiento

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que “la falsa paz total llegó a su fin”. Ley de sometimiento pasó a sanción.

El presidente Abelardo de la Espriella, junto al ministro de Defensa , Jorge Eduardo Mora, durante una ceremonia militar en Cúcuta (Norte de Santander). La imagen es de este 3 de noviembre, día en que el Congreso aprobó la ley de sometimiento. EFE / Mario Caicedo
Foto: EFE - Mario Caicedo
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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la ley de sometimiento que se aprobó en el Congreso es una parte fundamental en la nueva estrategia de paz y seguridad que se quiere implementar durante el siguiente cuatrienio.

De acuerdo con el mandatario, esta normatividad es necesaria para evitar que se den negociaciones de carácter político con estructuras criminales ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal, y que, por el contrario, se aplique una estrategia de combate frontal contra su militancia.

Más información: Ley de sometimiento fue aprobada en Cámara y Senado: será sancionada por De la Espriella

Esto, además, les permitirá a estructuras ilegales encontrar rutas jurídicas para que sus integrantes —o incluso a nivel colectivo- puedan hacer tránsito a la democracia.

“La falsa paz total llegó a su fin. (…) Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa”, precisó De la Espriella.

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Y agregó: “Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”.

Esta norma pide que los máximos responsables de los grupos ilegales paguen, al menos, 10 años de cárcel; se les obliga a entregar a todos los que dejen las armas los recursos que lograron en la criminalidad; no se admiten diálogos de carácter político; quienes se sometan y sus estructuras serán siempre tratadas desde la óptica de la ilegalidad; no habrá intermediarios directos y se podrán solicitar acompañamientos de abogados; y, entre otras cosas, se le permite al Gobierno establecer las condiciones de definición de estas organizaciones.

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El ministro Cancino, tras las votaciones en las plenarias de Senado y Cámara –y por lo que ahora la norma pasa a sanción presidencial–, explicó que los puntos clave de la discusión se enfocaron en poner “un límite de 6 años para tener la libertad condicional. En cuanto a la duración de la ley que al principio el proyecto traía 10 años, ya quedó en 4 años; se eliminó un artículo que daba la facultad al Ministerio del Interior de trabajar algunos gastos como reservados cuando eran de seguridad pública en uno de los fondos que maneja el ministerio”.

Cancino señaló que “hay absoluto respeto por las víctimas, mano dura con los reclutadores. Este proyecto de ley exige el cumplimiento de todos los requisitos o, si no, salen expulsados de manera inmediata hacia la justicia ordinaria; no hay suspensión de orden de captura, no hay suspensión de órdenes de extradición, no hay un proceso de negociación”.

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Esta norma pasa ahora a la sanción del mandatario, pues la ley actual de orden público tenía vigencia precisamente hasta este 4 de noviembre. El senador Hernán Cadavid, ponente de la iniciativa en el Senado, confirmó que con esta norma se le puso punto final a la “fracasada paz total” de la anterior administración. En esto lo respaldó el representante Daniel Briceño, coordinador del debate en la Cámara.

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Vea aquí la Gaceta del Congreso con el texto aprobado en Senado:

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