De La Haya a La Habana

Al tiempo que el presidente Juan Manuel Santos se entrevistaba con su homólogo de Estados Unidos, Barck Obama, para solicitar su respaldo al proceso de paz con las Farc, el procurador Alejandro Ordóñez se reunían en la haya con funcionarios de la Corte Penal Internacional para pedirles que estuvieran atentos a las negociaciones que se adelantan en La Habana (Cuba). Durante la vista a La Haya (Países Bajos), el Jefe del Ministerio Público se reunió con la primera vicepresidenta de la CPI, la juez Sanji Monageng, y la fiscal Fatou Bensouda.

Ordóñez insistió en su preocupación por los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana, pues según él “que se basen exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación), deja por fuera el castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la Corte, lo que significaría impunidad, una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país”.

“La Procuraduría busca que en este proceso de negociación la justicia colombiana se adapte a los estándares internacionales, pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria, buscando que exista un castigo para los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio”, expresó Ordóñez Maldonado, quien ha sido enfático en sus advertencias sobre el proceso de paz.

Mientras tanto, en La Habana avanza el decimoséptimo ciclo de diálogos, dedicado a buscar un acuerdo en el cuarto punto de la agenda que se refiere al problema de las drogas ilícitas. Esta semana las Farc han dado a conocer sus diez propuestas mínimas para abordar la discusión sobre drogas. En el primer punto la guerrilla propone implementar una política antidrogas integral, que “considere todas las fases del proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo) de drogas ilícitas”.

La segunda propuesta consiste en reformar las condiciones socioeconómicas de las comunidades que han accedido a los cultivos ilícitos. Para esto, la guerrilla sostiene que “las Zonas de Reserva Campesina constituyen un pilar de la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos, razón por la cual deben tener una protección constitucional y legal”.

Finalmente, la delegación de las Farc insistió en la suspensión de las aspersiones aéreas, en la sustitución de cultivos ilícitos, en el estímulo a los cultivos de amapola, marihuana y coca que se destinen a usos legales, así como también el tratamiento del consumo de drogas como un asunto de salud pública. De igual manera, la guerrilla señaló que para encontrar una solución al tema de las drogas ilícitas es necesario “asumir compromisos regionales” y tratar el tema como un problema de carácter global. “En ese sentido, se hace necesaria la realización de una Conferencia internacional que involucre a los principales países productores y consumidores”, concluye el documento.