De los falsos positivos al fuero militar

Una vez más, la oenegé Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el estado de las investigaciones sobre los llamados falsos positivos en Colombia. Y no es para menos, ya que, según cifras oficiales, se habla de que un número de civiles, equivalente a la población de La Calera, fueron asesinados en total indefensión por miembros de la Fuerza Pública, que buscaban ascensos o permisos de fin de semana.

“Este es el patrón de violaciones más crueles que se han cometido en los últimos años en Colombia y la mayoría de estos casos permanecen en total impunidad”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

Aunque Vivanco expresó que hay avances en esta materia, como la condena de 800 soldados, también fue incisivo en alertar que las investigaciones contra oficiales de alto rango no avanzan y denunció que la Fuerza Pública ha desplegado toda una estrategia para dilatar las investigaciones y ocultar las “actuaciones criminales” de cientos de uniformados. Según el defensor de derechos humanos, la Fiscalía investiga 3.400 casos, el 60% de los cuales están en etapa preliminar, y se ha vinculado a 70 coroneles y 15 generales, pero sólo se han proferido siete condenas, ninguna contra estos últimos.

“No cabe duda de que, a la luz de las evidencias, estas conductas constituyen una práctica sistemática de violaciones de las más graves a los derechos humanos. Una práctica que compromete al Ejército de Colombia, tanto a soldados como a altos oficiales. Pero lo que más preocupa es la lentitud con que avanzan las investigaciones por las dilaciones de los abogados defensores de los uniformados. Y también hay falta de cooperación militar cuando funcionarios judiciales hacen investigaciones”, refirió Vivanco.

Para ilustrar su acusación, mencionó el caso de Nixon de Jesús Carcamo, un soldado condenado por falsos positivos que venía colaborando con la justicia y que apareció muerto el pasado 27 de octubre en la Brigada 11 de Montería, donde estaba detenido. “Carcamo venía implicando a sus superiores, aportando pruebas y denunció que había recibido amenazas de muerte. Luego aparece muerto y el Ejército afirma que se suicidó”, reseñó.

“Todos los casos de falsos positivos, que dejaron 4.300 víctimas, tienen un registro documental que pretende dar apariencia de legalidad de la actuación. A través de documentos oficiales se ha sugerido que estos asesinatos han sido realizados en el curso del conflicto armado. Para esto han utilizado tres documentos: las órdenes de operaciones, la misión táctica y los informes de patrullaje. Estos documentos han sido utilizados como barniz de legalidad”, denunció el director de HRW.

Y aunque el tema de los falsos positivos no reviste mayor novedad para la opinión pública, sí existe un hecho coyuntural que obliga a recordarlos: el avance en el Congreso de la República de tres iniciativas —una reforma constitucional y dos proyectos de ley— que ampliarían el fuero militar, permitiendo que los tribunales castrenses tengan competencia exclusiva para investigar homicidios, que es hoy la única tipificación de las ejecuciones extrajudiciales.

“Paralelamente a la falta de cooperación en las investigaciones de falsos positivos, hay una verdadera emboscada legislativa, encabezada por el ministro de Defensa, contra la justicia. Son tres proyectos que buscan que estas investigaciones nunca vean la luz del día, especialmente si comprometen a altos mandos. Los tres proyectos tienen que ver directamente con el futuro de los casos de falsos positivos. Si alguna de estas iniciativas es aprobada, estaremos ante la completa impunidad en casos de falsos positivos y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública”, puntualizó Vivanco.

Una vez más, la oenegé Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el estado de las investigaciones sobre los llamados falsos positivos en Colombia. Y no es para menos, ya que, según cifras oficiales, se habla de que un número de civiles, equivalente a la población de La Calera, fueron asesinados en total indefensión por miembros de la Fuerza Pública, que buscaban ascensos o permisos de fin de semana.

“Este es el patrón de violaciones más crueles que se han cometido en los últimos años en Colombia y la mayoría de estos casos permanecen en total impunidad”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

Aunque Vivanco expresó que hay avances en esta materia, como la condena de 800 soldados, también fue incisivo en alertar que las investigaciones contra oficiales de alto rango no avanzan y denunció que la Fuerza Pública ha desplegado toda una estrategia para dilatar las investigaciones y ocultar las “actuaciones criminales” de cientos de uniformados. Según el defensor de derechos humanos, la Fiscalía investiga 3.400 casos, el 60% de los cuales están en etapa preliminar, y se ha vinculado a 70 coroneles y 15 generales, pero sólo se han proferido siete condenas, ninguna contra estos últimos.

“No cabe duda de que, a la luz de las evidencias, estas conductas constituyen una práctica sistemática de violaciones de las más graves a los derechos humanos. Una práctica que compromete al Ejército de Colombia, tanto a soldados como a altos oficiales. Pero lo que más preocupa es la lentitud con que avanzan las investigaciones por las dilaciones de los abogados defensores de los uniformados. Y también hay falta de cooperación militar cuando funcionarios judiciales hacen investigaciones”, refirió Vivanco.

Para ilustrar su acusación, mencionó el caso de Nixon de Jesús Carcamo, un soldado condenado por falsos positivos que venía colaborando con la justicia y que apareció muerto el pasado 27 de octubre en la Brigada 11 de Montería, donde estaba detenido. “Carcamo venía implicando a sus superiores, aportando pruebas y denunció que había recibido amenazas de muerte. Luego aparece muerto y el Ejército afirma que se suicidó”, reseñó.

“Todos los casos de falsos positivos, que dejaron 4.300 víctimas, tienen un registro documental que pretende dar apariencia de legalidad de la actuación. A través de documentos oficiales se ha sugerido que estos asesinatos han sido realizados en el curso del conflicto armado. Para esto han utilizado tres documentos: las órdenes de operaciones, la misión táctica y los informes de patrullaje. Estos documentos han sido utilizados como barniz de legalidad”, denunció el director de HRW.

Y aunque el tema de los falsos positivos no reviste mayor novedad para la opinión pública, sí existe un hecho coyuntural que obliga a recordarlos: el avance en el Congreso de la República de tres iniciativas —una reforma constitucional y dos proyectos de ley— que ampliarían el fuero militar, permitiendo que los tribunales castrenses tengan competencia exclusiva para investigar homicidios, que es hoy la única tipificación de las ejecuciones extrajudiciales.

“Paralelamente a la falta de cooperación en las investigaciones de falsos positivos, hay una verdadera emboscada legislativa, encabezada por el ministro de Defensa, contra la justicia. Son tres proyectos que buscan que estas investigaciones nunca vean la luz del día, especialmente si comprometen a altos mandos. Los tres proyectos tienen que ver directamente con el futuro de los casos de falsos positivos. Si alguna de estas iniciativas es aprobada, estaremos ante la completa impunidad en casos de falsos positivos y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública”, puntualizó Vivanco.