De negociaciones y otros dilemas

Este sábado se cumplieron diez años desde la última vez que negociadores del Estado colombiano y el ELN se sentaron (o mejor, se separaron) a intentar una salida política al conflicto armado. La reunión, secreta para entonces, se realizó en Petaquire, Estado del Táchira, Venezuela, y venía precedida de intensas y exitosísimas negociaciones en Isla Margarita, que habían terminado el 27 de julio del 2001 con un compromiso verbal del ELN sin antecedentes: su decisión de avanzar unilateralmente liberando secuestrados y suspendiendo las voladuras de torres eléctricas y de oleoductos que estaban acabando literalmente, como el invierno hoy, con la infraestructura nacional. Una semana después, en lugar misterioso de Petaquire acondicionado por el temible Capitán Rodríguez Chacín para refrendar el acuerdo (para entonces el ELN había cambiado su eje de política internacional de Cuba a Venezuela), el ELN echaría todo para atrás, y de inmediato el 7 de agosto de 2001 el Presidente Andrés Pastrana anunciaría el final de las conversaciones con esa organización armada.

¿Qué pasó en una semana para cambiar una decisión que podría haber cambiado la historia de la ya triste y deprimente búsqueda de salidas políticas al conflicto armado? Muchas son las hipótesis: la división interna del ELN, en especial del sector liderado por Antonio García que en varias ocasiones anteriores se había atravesado al proceso de negociación con el Gobierno. Otra, que el temor a las FARC y su influencia sobre el ELN había forzado a éstos a suspender un proceso que corregía los errores de la negociación con las FARC, lo cual ponía una inmensa presión pública para que se reformara todo lo que pasaba en el Caguán. A estas variables se pueden sumar otras como el dominio militar y territorial que habían adquirido los paramilitares en el Sur de Bolívar, lugar donde se pretendía establecer una “Zona de Encuentro”; la oposición de las comunidades de San Pablo y Cantagallo, Bolívar, a que su territorio fuera usado para otro experimento de negociación; o la impopularidad del Gobierno luego del desgaste de la crisis financiera y de las negociaciones con la subversión. Pero tal vez la más importante, un país que francamente y con razón, se había “mamado” de la guerrilla colombiana.

Ahora conocemos un cruce de comunicaciones -“express”- de los líderes del ELN con “Colombianos por la Paz”, en la que aquellos expresan su voluntad de iniciar diálogos sin condicionamientos con el Estado. ¿Debe o no el Gobierno iniciar un diálogo con el ELN?
La particularidad de mis reflexiones es que se hacen desde la experiencia fracasada como negociador con ese grupo. No hay mejor aprendizaje que aquel que es producto del ensayo y error, pues es el resultado forzoso de bajar la cabeza, recibir el golpe y preguntarse que podríamos haber hecho mejor por el país. También me correspondió negociar uno a uno con Alfonso Cano la última vez que se encontraron Gobierno y FARC en el Acuerdo de Los Pozos en el 2001. Pero como Viceministro de Defensa en dos oportunidades del Gobierno de Álvaro Uribe, también tuve el privilegio de acompañar la campaña militar más importante, prolongada y exitosa de la historia moderna de Colombia.

¿Puede haber una plétora de lecciones aprendidas con la guerrilla para ser trasplantadas a la realidad actual del país, una década después? No necesariamente. Por muchas razones. Ni es el mismo país, ni es igual la situación de las partes. En estos años se acabó el paramilitarismo, aquel que entonces sí combatía a la guerrilla y que el ELN temía de verdad, pues los había arrinconado a la parte más alta de su lugar histórico en el Sur de Bolívar, y los enfrentaba en el Catatumbo, Arauca, Nariño. La Política de Seguridad Democrática de Uribe le dio una nueva esperanza al país, envigoró como nunca antes a la Fuerza Pública, en una alineación de astros extraordinaria con el sentimiento nacional. La Corte Penal Internacional cobró vida y es un referente que emascula cualquier intento, con la creatividad y el nombre que se quiera, de utilizar las figuras de perdón y olvido. La Ley de Víctimas del Presidente Santos va a la médula de miles de resentimientos de cuarenta años de guerra, que ni se hubiera soñado el más visionario de los negociadores insurgentes en obtener por la vía negociada. En fin, no hay lecciones pero si conceptos que el estratega puede tomar o dejar en su caja de herramientas.

1. Entre alternativas –negociar o no- el Gobernante debe escoger, éticamente, aquella que preserve un mayor número de vidas humanas. En momentos complejos de decisión como éstos, donde empiezan las presiones por negociar o “arreciar”, que si se es de izquierda o de derecha, debe existir un referente moral en la decisión de política pública, y no hay ninguna meta más importante en la democracia, como lo recuerda Ignatieff, que la protección de sus miembros, y los derechos existen precisamente para salvaguardar ese objetivo. Aquí hay un derecho práctico de los colombianos a que nos protejan la vida las autoridades, no un derecho retórico a la negociación por parte de la guerrilla. A diferencia de hace doce años, la salida política al conflicto armado no es un bien público incuestionado. En la guerra, como en la política, la distancia más cercana entre dos puntos no siempre es la línea recta, esto es, el diálogo no siempre va a ser el camino que más salve vidas humanas: durante las negociaciones del Caguán la tasa de homicidios fue el doble de aquella que entregó Uribe en su gobierno, como tampoco la negociación con los paramilitares redujo su participación en el negocio del narcotráfico.

2. La negociación no es incompatible con una victoria militar, sino el resultado de ella. El país debe empezar a entender que uno es el objetivo político de la paz, que se puede lograr por varios caminos entre ellos con una negociación, y otro muy distinto es el objetivo militar de derrotar al adversario. En la guerra contrainsurgente no hay una batalla final como en las películas, ni habrá una bandera de Colombia clavada en lo más alto del Cañón de las Hermosas señalando la terminación del conflicto. El mejor indicador de victoria para nuestras Fuerzas será reducirle al adversario sus alternativas de lucha, para que la única viable sea la negociación política. Dicho de otra manera: las posibilidades reales de éxito de una negociación dependerá de la derrota interna en la guerrilla de la alternativa militar. Entre otras razones porque la negociación no va a servir para persuadir a nadie de dejar las armas: será para ver el cómo y a qué precio se logra esa decisión ya tomada. Y como no va a llegar una carta de Cano o Gabino a Santos diciendo “Debido a la derrota de mi propuesta militar durante los últimos cuarenta años, he tomado la decisión de negociar seriamente con el Estado, razón por la cual me dirijo a Usted…..”, un estadista, como lo es Santos, debe poner el oído en la tierra, oír e interpretar lo lejos o cerca de los pasos de esa decisión interna de la guerrilla, ayudar a provocarla a través de las superioridad de nuestras Fuerzas, y ahí sí abrir las puertas de un diálogo que tenga cimientos ciertos.

3. Yo no soy estadista y en cambio sí sordo, pero me aventuro a pensar, por la experiencia con ese grupo, que ese momento no ha llegado. Entre otras razones porque quienes han recibido los golpes estratégicos más importantes de nuestra historia antisubversiva han sido las FARC, no el ELN. En estos años, como lo dijera en Isla Margarita Oscar Santos, negociador ya fallecido del ELN, “somos un Ejército, y tenemos que financiarnos”, pues esa financiación vino en la forma de coca, que era un anatema ideológico para una guerrilla de extracción cristiana y que dificulta hoy la cohesión interna para tomar una decisión unificada de dejar las armas. Pero el Gobierno puede iniciar un proceso con una estrategia que vislumbre ese futuro de la salida política. Para eso puede abrir un canal de comunicación, serio y creíble, sin agenda propia, que le permita tomar el pulso de la contraparte y que aún no comprometa al estado. Para algo más que aprobar leyes debe servir la Unidad Nacional. Y por razones prácticas, pues no es gobierno pero si “las ideas que gobiernan”, ese canal podría ser el Partido Liberal, a través de su director Pardo, quien ya ha hecho tareas en negociaciones antes y lo hizo bien.

4. Esta va a ser, cuando sea, una negociación militar, de componentes militares, que debe ser liderada por el Ministro de Defensa y no por un Alto Comisionado para la Paz. El Ministro cumple la doble función de ser civil (que le da sentido a la autoridad política de la fuerza) y tener un mando de tropa para involucrar a las Fuerzas desde el principio. La principal presión que tendrá esa parte del ELN que no se quede delinquiendo en el narcotráfico en patéticas “bacrincitas de boina”, será qué hacer con sus combatientes, segunda y tercera generación de guerrilleros con una estructura mental adoctrinada al cuadrado, que es lo que resulta cuando uno mezcla la “Teoría de la Liberación” con el marxismo castrista. Se le pondrá toda la arandela social que se quiera y que se pueda, pero después de la Ley de Víctimas; de una Ecopetrol de propiedad de los colombianos (el ELN siempre imaginó la estatización petrolera modelo Noruega); de Familias en Acción y Familias Guardabosques, una negociación estructurada en las “causas objetivas de la violencia” tendrá poco sentido. Por lo demás, una visión exponenciada del ¨Plan de Consolidación”, que ideó el Presidente Santos durante su gestión como Ministro de Uribe, es el modelo adecuado para llegar a las poblaciones del área de influencia de la guerrilla, y para encontrar qué hacer con los excombatientes de esas organizaciones. Pero también habrá que mirar este lado de la mesa: 450.000 hombres y mujeres preparados y motivados para dar la vida contra esa insurgencia. Miles de mutilados, cientos y cientos de procesados por las particularidades del conflicto interno que exigirán, con razón, respuestas y soluciones a sus proyectos de vida y por la vida de las familias de aquellos compañeros que ya la entregaron.

5. La historia de los conflictos, aquí y en Cafarnaún, indican que las posibilidades prácticas de mantener la lucha armada, así sea una anacronismo histórico, serán proporcionales a la existencia de santuarios para la terrorismo. Ocurrió en Centroamérica, ocurrió en Irlanda del Norte, ocurre en cada unos de los conflictos africanos. Y me refiero a santuarios territoriales, pero también jurídicos. En este país no hay un “resort” de la comodidad de aquel en que aparecen los comandantes del ELN en las fotos que salieron en medios de comunicación esta semana. Un objetivo estratégico de nuestra política exterior debe ser aislar a la guerrilla de cualquier tipo de apoyo por parte de gobiernos extranjeros, y ahí coincido que sirve más la persuasión que la confrontación (lo que si no tendría sentido es la elusión), como lo hizo España con Francia en los 90 para enfrentar a los etarras. Y si tenemos un conflicto interno, debemos tener también una legislación interna para el conflicto: algo no está funcionando cuando más de dos mil quinientos soldados y policías, más que todos los miembros del ELN juntos, están hoy procesados e inmovilizados por órdenes judiciales. Un computador de Reyes que sirve sólo como nuestro “wikileaks” doméstico es decepcionante pero también peligroso, porque por esa puerta de declarar la ilegalidad de la obtención de la prueba, podría colegirse la ilegalidad también de lo actuado por los mandos militares y el Presidente Santos, iniciándoles un proceso judicial al interior de nuestro país que sería dispararnos, una vez más, en el pie.