Debate por información sobre el conflicto

Conocidos los diez puntos de la propuesta que el exministro Álvaro Leyva le hizo al presidente Juan Manuel Santos, que apunta a buscar “fórmulas de distensión” entre el Gobierno y las Farc con el fin de “parar la guerra” en el país, las reacciones no se hicieron esperar. Sobre todo porque en uno de dichos puntos se revive el episodio del bombardeo en Sucumbíos (Ecuador), con el que las Fuerzas Militares dieron de baja al líder guerrillero Raúl Reyes, al proponer la repatriación de los cuerpos de los caídos en dicha acción para conocer sus identidades y su nacionalidad.

Leyva plantea pedir copias de las autopsias adelantadas, lo cual serviría para esclarecer situaciones jurídicas pendientes. El proceso, dice, podría contar con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el exministro, es momento de “desacelerar la deplorable degradación de la lucha armada interna”, porque el conflicto colombiano se desarrolla dentro de un marco de inexactitudes, engaños, falta de información y misterios: “Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los hechos o cómo ocurren estos (...)”, dice.

Como se sabe, en junio del año pasado, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos llamó a juicio a seis oficiales colombianos bajo el cargo de asesinato, al tiempo que se abstuvo de acusar al hoy presidente Santos, ministro de Defensa en ese momento, por el caso del ataque de marzo de 2008. En la incursión militar colombiana murieron 25 personas, entre ellas Reyes y un ecuatoriano.

En septiembre, un juez del vecino país ordenó la detención del actual director de la Policía, general Óscar Naranjo, y los antiguos jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; el Ejército, Mario Montoya; la Armada, Guillermo Barrera, y la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Álvarez, con el fin de que comparecieran a una audiencia por el presunto delito de asesinato. El Gobierno colombiano desestimó la competencia de las autoridades judiciales ecuatorianas en contra de quienes “libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y la población civil”.

Para el representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, la propuesta de Leyva es “absurda”, ya que implica ponerle más reglas al Estado cuando las Farc han demostrado que no les interesa el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero, además, es también “inoportuna”, cuando ya se recuperó la relación diplomática con Ecuador: “Sería revivir la tensión diplomática (...) eso sólo demuestra el interés de las Farc de internacionalizar la agenda”, enfatizó Gómez Martínez, quien agregó que un tema de fondo es la lucha entre Leyva y Piedad Córdoba “por ver quién se queda con la promoción de la paz o quién se roba el show”.

El senador Alexánder López, del Polo Democrático, cree que si bien todas estas propuestas están cargadas de buena voluntad, el problema es que sean posibles: “Los elementos que plantea Leyva son importantes, pero sólo pueden constituirse en una propuesta seria si Gobierno y Farc se sientan a conversar. Hay que partir de unos mínimos y esos mínimos obligarían a la guerrilla, como primera medida, a respetar el DIH”.

A su vez, el conservador Manuel Enríquez Rosero considera que Leyva es un hombre que ha hecho importantes aportes al país, pero está cayendo en la ingenuidad: “¿Cómo puede creer que las Farc van a dar información cuando ni siquiera han dicho cuántos secuestrados tienen?”, preguntó. Sobre el tema de Sucumbíos, Enríquez Rosero advirtió que ello pondría en duda la transparencia con la que actuaron las Fuerzas Militares.

Y Juan Carlos Vélez, senador de la U, enfatizó que es imposible humanizar el conflicto con unos delincuentes que actúan como delincuentes: “El respeto por el DIH es una obligación de las Fuerzas Militares y así lo han hecho, caso contrario a las Farc. Si quieren explorar espacios de paz, hay que hacerlo con responsabilidad”, concluyó.

La propuesta de Leyva

Se requiere informar a la opinión nacional todo lo que acontezca. Se requiere establecer la verdad de lo sucedido en el conflicto. Se necesita plena transparencia.

Se pide entonces que:

1. Se informe sobre cada confrontación que tenga lugar (sitio, fecha, resultados).

2. Se indique el número y los nombres de todos los muertos o bajas, (personal militar, de policía, guerrilleros y población civil, si es el caso), producto de cada confrontación.

3. Se indique los nombres de los heridos y los sitios donde fueron atendidos en un principio y lugares a donde hayan sido conducidos finalmente para su tratamiento médico.

4. Se indique la identificación de los cadáveres de los alzados en armas. Se informe si en todos los casos se están entregando los cuerpos a sus familiares. De no ser así, se informe sobre el destino que se le viene dando a dichos despojos.

5. Se dé a conocer lo más pronto posible los términos de un protocolo de tratamiento a los muertos, a fin de evitar la cultura de la exhibición del cuerpo destrozado del enemigo como trofeo.

6. Se apliquen todas las decisiones aprobadas por la Conferencia de Expertos de febrero de 2003 y por la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en diciembre de ese mismo año, relativas al trato debido a los muertos y las sepulturas, y a la repatriación de cadáveres.

7. Se informe, dentro del anterior orden de ideas, sobre el paradero de los cuerpos de quienes han sido dados de baja o se presume han sido dados de baja a la luz de informaciones transmitidas a los medios de comunicación relacionadas con recientes enfrentamientos.

8. Se proceda a repatriar los cuerpos de los caídos en el bombardeo de Sucumbíos, Ecuador. Se proceda a identificar dichos restos humanos para establecer de quiénes se trata y se logre conocer su nacionalidad. Se obtenga copias de las autopsias adelantadas por la autoridad competente de ese país y de las autopsias efectuadas por peritos internacionales. Lo que acá se solicita servirá de contera para esclarecer situaciones jurídicas pendientes.

9. Si es del caso, se solicite del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia su experta colaboración para llevar a efecto con pleno éxito las peticiones que acá se plantean, y se acuda para lo relativo a la repatriación de cuerpos a la Convención Interamericana sobre Asistencia en Materia Penal adoptada en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de 1992.

10. Se tome como máxima permanente y propia por las partes del conflicto y la sociedad civil el aparte de la cláusula Martens (DIH), que reza: “… las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública”.