Debate por predios de Cargill en Vichada

 El documento evidencia que entre 2010 y 2012, Cargill, la más grande comercializadora de materias primas agrícolas del mundo, adquirió 39 predios en el Vichada a través de 36 sociedades distintas y acumuló una extensión de 52.576 hectáreas.

Durante la entrega del informe, al que asistieron la exgerente del Incoder Myriam Villegas, el senador Jorge Robledo, el abogado externo de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Guillermo Forero; un delgado de la Contraloría y diversas personalidades expertas en el tema agrario, se debatió sobre la implicaciones jurídicas de la operación de compra y los alcances políticos de ésta.

Para Guillermo Forero, asesor jurídico externo de la SAC, quien se pensaba hablaría en representación de Cargill, la operación de adquisición de tierras no es irregular, pues en materia de límites a la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares la ley no es retroactiva. “No me cabe la menor duda de que las operaciones tienden a ser más legales de lo que se cree”, señalo Forero antes de explicar que no hablaba a nombre de la multinacional surafricana.

Para Forero es necesario dar un debate no sobre la legalidad, sino sobre el modelo agrario que Colombia quiere y cuando se haya surtido esa discusión se requiere presentar una ley que armonice el ámbito jurídico de la adquisición y acumulación de tierras, así como la adjudicación de tierras baldías. “Y si son tan inconvenientes estas inversiones, pues expropiemos o extingamos el dominio. Existen mecanismos en la actualidad más eficientes que el debate sobre la acumulación de UAF. Las operaciones fueron legales porque la ley permite la acumulación y en cuanto a los baldíos, no existe prohibición alguna para comprarlos, porque en Colombia toda la tierra alguna vez fue baldía”, señaló.

Una mirada contraria tiene el senador Jorge Robledo, quien afirma que es claro que la acumulación de tierras que fueron baldías es ilegal. “Que no echen carreta. No nos van a enredar con el cuentico de que faltaba una anotación y la prueba es que crearon esas SAS para esconder la operación”, sostuvo el parlamentario del Polo Democrático. Robledo cree que el problema de fondo tiene que ver es con la adquisición de terrenos para ponerlos en el mercado inmobiliario.

El delegado de la Contraloría, Luis Alberto Higuera, advirtió que por asuntos de reserva de una investigación que el ente de control adelanta no se podía referir al caso puntual, pero dejó en claro que por ser los baldíos tierras de la Nación, tenían la obligación de determinar si hubo o no una actuación indebida.

“Hubo una reunión ayer con el Gobierno en la que se excluyó a los gremios, pero antes en el Pacto Agrario se quedó por fuera el sector campesino. Esas son las dos Colombias con intereses distintos en el mundo rural. Esos son los dos mundos que tenemos. Es por eso que se necesita una política agraria, porque si no, cada actor define cómo entender la política agraria en la altillanura o en el valle. En razón de esto la Contraloría ha asumido un papel como Estado, y como vigilante de las políticas públicas. En los últimos tres años se ha trabajado sobre esto. En la Contraloría hemos encontrado una serie de tipologías distintas a las aquí expuestas de acceso, al parecer indebido, a los baldíos. Hemos identificado más de 10”, sostuvo Higuera.