“Decir ‘fracking’ responsable es como decirle a una mujer que la van a violar responsablemente”: gobernador de Boyacá

A mediados de agosto, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, presentó ante el Tribunal Administrativo de Tunja una acción popular contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y GT Services, sucursal en Colombia de la empresa Geofizyka Torun de Polonia, con la cual busca que se prohíba todo tipo de actividades relacionadas con la etapa de exploración o estudios de sísmica, así como la etapa de fracking en su departamento.

No ha habido respuesta todavía y la lucha continúa. El mandatario se ha convertido en una de las voces más fuertes contra esa controversial técnica de exploración petrolera, y ha generado molestia en entidades del nivel central, donde lo califican de populista y de desinformar, como lo asegura en esta entrevista con El Espectador.

Hay quienes dicen que esa acción popular no tiene fundamentos…

La contradicción es: ¿cómo se busca petróleo en un lugar que no tiene agua? Hay mucho malestar en las comunidades de la provincia de Ricaurte y sus 13 municipios, incluso con alteraciones del orden público, por lo que yo tuve que convocar una audiencia, en la que estuvo el presidente de la ANH, Orlando Velandia. Ahí se concluyó que el contrato del proyecto de sismoexploración de hidrocarburos no convencionales se hizo incumpliendo los requisitos legales, pues no hubo socialización. La acción popular apunta a la suspensión del contrato, que de alguna manera le abre la puerta al fracking, en defensa del agua, la vida y el derecho ciudadano, y que, bajo el principio de precaución, tuviéramos la posibilidad de que ese contrato se pudiera terminar y además se pudiera prohibir de tajo esa práctica en el departamento de Boyacá.

¿Y en qué va la acción popular?

Esperamos que ahora en septiembre se dé una respuesta oficial. Fue aceptada y sabemos que se está estudiando. El magistrado que quedó a cargo está solicitando unas pruebas e información de todas las entidades involucradas.

Cuando usted habla de irregularidades en el contrato, ¿a qué se refiere?

Es que se incumplió. Básicamente, el contrato decía que dentro del proceso de evaluación se debía hacer socialización con todas las comunidades, y eso nunca se hizo.

¿Y por qué la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, dice que se puede hacer “fracking” responsable?

No hay nada más irresponsable que decir eso. El Estado colombiano debe analizar que en países como Alemania, Francia o varios estados de Estados Unidos se ha prohibido el fracking. ¿Será que están desinformados? Hay evidencia científica rigurosa, de universidades de prestigio en el mundo, que ha demostrado que el fracking genera impactos graves en el medio ambiente. Alguien dijo que hacer fracking responsable es como decir que a una mujer se la puede violar responsablemente o que le van a dar garantías para ser violada. El tema es tan complejo que todavía no hay evidencia científica suficiente para que la ministra diga eso.

Pero ¿acaso no hay una moratoria que prohíbe esa técnica?

Y el Estado colombiano debe prolongarla hasta tanto no se tengan evidencias científicas de este tema. Debe pensarse que si las reservas de petróleo del país están próximas a acabarse, hay que implementar un nuevo modelo de desarrollo donde la agroindustria sea fundamental. Hay países en el mundo, como Italia en la región Emilia-Romaña, por ejemplo, donde las exportaciones superan a las de Colombia en agricultura. Es una discusión de modelos de desarrollo y creo que esa debe ser la tarea del Gobierno Nacional con los gobiernos regionales y la misma ciudadanía: poder dar ese debate con toda la rigurosidad y la serenidad del caso.

¿Lo han buscado del Gobierno Nacional para hablar de todo esto?

No ha habido ningún tipo de comunicación con el Gobierno, que, me imagino, apenas se está adaptando. Nosotros estamos defendiendo lo que consideramos justo y lo que sí se nota es cierta molestia en algunos funcionarios que dicen que estoy desinformado, pero, insisto, ¿entonces también están desinformados en Alemania, en Francia, en varios estados de Estados Unidos y en todas las universidades que han hecho estudios al respecto? La nuestra es una discusión informada y, así no les guste, estamos recurriendo a un mecanismo que la Constitución nos permite para poder defender nuestros derechos y nuestros territorios.

¿Molestia de quién o quiénes?

De funcionarios del mismo Ministerio de Minas o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que han dicho que yo estoy desinformado y estoy desinformando, o que estoy asumiendo una posición populista. Pero, al contrario, nuestra posición es coherente con lo que siempre hemos planteado y, además, con la defensa de quienes nos eligieron: el pueblo boyacense. Tengo la tranquilidad de que a mí no me eligió ni me nombró ningún funcionario desde Bogotá.

¿Ha habido presiones de las mismas petroleras?

No, hay más presiones desde el Gobierno Nacional, se siente la molestia, y sabiendo que un gobernador depende de ese nivel central, no es tan fácil. Pero uno tiene que defender a su gente por encima de todo.

¿Teme que desde el Gobierno Nacional le pongan obstáculos, por ejemplo, en los recursos para los programas de desarrollo del departamento?

Espero que no.

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A mediados de agosto, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, presentó ante el Tribunal Administrativo de Tunja una acción popular contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y GT Services, sucursal en Colombia de la empresa Geofizyka Torun de Polonia, con la cual busca que se prohíba todo tipo de actividades relacionadas con la etapa de exploración o estudios de sísmica, así como la etapa de fracking en su departamento.

No ha habido respuesta todavía y la lucha continúa. El mandatario se ha convertido en una de las voces más fuertes contra esa controversial técnica de exploración petrolera, y ha generado molestia en entidades del nivel central, donde lo califican de populista y de desinformar, como lo asegura en esta entrevista con El Espectador.

Hay quienes dicen que esa acción popular no tiene fundamentos…

La contradicción es: ¿cómo se busca petróleo en un lugar que no tiene agua? Hay mucho malestar en las comunidades de la provincia de Ricaurte y sus 13 municipios, incluso con alteraciones del orden público, por lo que yo tuve que convocar una audiencia, en la que estuvo el presidente de la ANH, Orlando Velandia. Ahí se concluyó que el contrato del proyecto de sismoexploración de hidrocarburos no convencionales se hizo incumpliendo los requisitos legales, pues no hubo socialización. La acción popular apunta a la suspensión del contrato, que de alguna manera le abre la puerta al fracking, en defensa del agua, la vida y el derecho ciudadano, y que, bajo el principio de precaución, tuviéramos la posibilidad de que ese contrato se pudiera terminar y además se pudiera prohibir de tajo esa práctica en el departamento de Boyacá.

¿Y en qué va la acción popular?

Esperamos que ahora en septiembre se dé una respuesta oficial. Fue aceptada y sabemos que se está estudiando. El magistrado que quedó a cargo está solicitando unas pruebas e información de todas las entidades involucradas.

Cuando usted habla de irregularidades en el contrato, ¿a qué se refiere?

Es que se incumplió. Básicamente, el contrato decía que dentro del proceso de evaluación se debía hacer socialización con todas las comunidades, y eso nunca se hizo.

¿Y por qué la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, dice que se puede hacer “fracking” responsable?

No hay nada más irresponsable que decir eso. El Estado colombiano debe analizar que en países como Alemania, Francia o varios estados de Estados Unidos se ha prohibido el fracking. ¿Será que están desinformados? Hay evidencia científica rigurosa, de universidades de prestigio en el mundo, que ha demostrado que el fracking genera impactos graves en el medio ambiente. Alguien dijo que hacer fracking responsable es como decir que a una mujer se la puede violar responsablemente o que le van a dar garantías para ser violada. El tema es tan complejo que todavía no hay evidencia científica suficiente para que la ministra diga eso.

Pero ¿acaso no hay una moratoria que prohíbe esa técnica?

Y el Estado colombiano debe prolongarla hasta tanto no se tengan evidencias científicas de este tema. Debe pensarse que si las reservas de petróleo del país están próximas a acabarse, hay que implementar un nuevo modelo de desarrollo donde la agroindustria sea fundamental. Hay países en el mundo, como Italia en la región Emilia-Romaña, por ejemplo, donde las exportaciones superan a las de Colombia en agricultura. Es una discusión de modelos de desarrollo y creo que esa debe ser la tarea del Gobierno Nacional con los gobiernos regionales y la misma ciudadanía: poder dar ese debate con toda la rigurosidad y la serenidad del caso.

¿Lo han buscado del Gobierno Nacional para hablar de todo esto?

No ha habido ningún tipo de comunicación con el Gobierno, que, me imagino, apenas se está adaptando. Nosotros estamos defendiendo lo que consideramos justo y lo que sí se nota es cierta molestia en algunos funcionarios que dicen que estoy desinformado, pero, insisto, ¿entonces también están desinformados en Alemania, en Francia, en varios estados de Estados Unidos y en todas las universidades que han hecho estudios al respecto? La nuestra es una discusión informada y, así no les guste, estamos recurriendo a un mecanismo que la Constitución nos permite para poder defender nuestros derechos y nuestros territorios.

¿Molestia de quién o quiénes?

De funcionarios del mismo Ministerio de Minas o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que han dicho que yo estoy desinformado y estoy desinformando, o que estoy asumiendo una posición populista. Pero, al contrario, nuestra posición es coherente con lo que siempre hemos planteado y, además, con la defensa de quienes nos eligieron: el pueblo boyacense. Tengo la tranquilidad de que a mí no me eligió ni me nombró ningún funcionario desde Bogotá.

¿Ha habido presiones de las mismas petroleras?

No, hay más presiones desde el Gobierno Nacional, se siente la molestia, y sabiendo que un gobernador depende de ese nivel central, no es tan fácil. Pero uno tiene que defender a su gente por encima de todo.

¿Teme que desde el Gobierno Nacional le pongan obstáculos, por ejemplo, en los recursos para los programas de desarrollo del departamento?

Espero que no.

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