Defensa del Plan de Desarrollo
El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, afirma que la propuesta es realista con la situación fiscal del pais.
Redacción Política
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, empieza discusión en el Congreso con no pocas críticas. Sin embargo, para el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, es el momento de dar el debate de temas complejos, en los cuales se escuchará a todas las partes. Aquí explicó algunos de los puntos que son objeto de discusión.
Financiación
El PND es realista con la situación fiscal. Su financiación se calculó con un precio del petróleo de US$48, frente a una proyección inicial de US$70. Por eso se redujo el valor de $790 a $703 billones.
“No es un listado de buenas intenciones que luego no podamos cumplir. Estamos siendo honestos y sinceros. Si bien hay un ajuste fiscal por la baja del petróleo, este es un fenómeno que se extiende a otros países”, dice Gaviria, y agrega que “hay otros sectores que impulsarán el crecimiento en la construcción, la industria y el renglón agropecuario”.
Licencias ambientales
“Tenemos que cumplir los tiempos de evaluación, incrementar las visitas de seguimiento y armonizar los tiempos del Decreto 2041 de 2014, con el que se reglamentaron competencias, procedimientos y tiempos para el licenciamiento ambiental, con los tiempos de la ley del Plan para no crear ambigüedades”, explica Gaviria, quien asegura, además, que no se establece ningún cambio y, por el contrario, se evitan ambigüedades jurídicas. “Hay que aprender a decir ‘no’ en 90 días para corregir y volver a comenzar el trámite, y no dilatar una respuesta negativa”.
El aporte ambiental
Aumentar de 1,4 a 2 millones de toneladas el transporte de carga, incrementar de 27 a 40% los viajes realizados en modos sostenibles y reducir de 19 a 15 años la edad de vehículos con peso mayor a 10,5 toneladas son algunas de las metas de sostenibilidad ambiental.
También, afirma Gaviria, contempla entregar 100.000 soluciones de vivienda rural, incrementar del 36,7 al 41% las aguas residuales tratadas, aumentar el número de municipios que tratan residuos sólidos y eliminar las plantas de beneficio de oro que utilizan mercurio.
Campesino con tierra
Una de las apuestas es la construcción de un catastro permanente y actualizado para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad. Se busca que facilite la formalización de la propiedad rural, restitución de tierras despojadas, adquisición de predios y otorgamiento de subsidios.
Además, contribuirá a que se adelanten procesos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción de dominio y recuperación de baldíos indebidamente ocupados. La situación plantea que Colombia tiene 15’468.961 predios o inmuebles, de los cuales 11’416.874 son urbanos y 4’052.087 rurales y, de acuerdo con las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), sólo el 21% tiene títulos y el resto está en situación de informalidad.
Facultades extraordinarias para el sector rural
Se solicitan facultades extraordinarias para que el presidente Santos pueda expedir decretos para suprimir y liquidar instituciones, derogar y modificar leyes que rigen el sector y reasignar funciones. Para el Gobierno, las facultades permiten mayor celeridad, continuidad y coherencia entre las acciones de alistamiento y estudios realizados como parte de una cuidadosa preparación, y el desarrollo legislativo e implementación que requieren.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, empieza discusión en el Congreso con no pocas críticas. Sin embargo, para el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, es el momento de dar el debate de temas complejos, en los cuales se escuchará a todas las partes. Aquí explicó algunos de los puntos que son objeto de discusión.
Financiación
El PND es realista con la situación fiscal. Su financiación se calculó con un precio del petróleo de US$48, frente a una proyección inicial de US$70. Por eso se redujo el valor de $790 a $703 billones.
“No es un listado de buenas intenciones que luego no podamos cumplir. Estamos siendo honestos y sinceros. Si bien hay un ajuste fiscal por la baja del petróleo, este es un fenómeno que se extiende a otros países”, dice Gaviria, y agrega que “hay otros sectores que impulsarán el crecimiento en la construcción, la industria y el renglón agropecuario”.
Licencias ambientales
“Tenemos que cumplir los tiempos de evaluación, incrementar las visitas de seguimiento y armonizar los tiempos del Decreto 2041 de 2014, con el que se reglamentaron competencias, procedimientos y tiempos para el licenciamiento ambiental, con los tiempos de la ley del Plan para no crear ambigüedades”, explica Gaviria, quien asegura, además, que no se establece ningún cambio y, por el contrario, se evitan ambigüedades jurídicas. “Hay que aprender a decir ‘no’ en 90 días para corregir y volver a comenzar el trámite, y no dilatar una respuesta negativa”.
El aporte ambiental
Aumentar de 1,4 a 2 millones de toneladas el transporte de carga, incrementar de 27 a 40% los viajes realizados en modos sostenibles y reducir de 19 a 15 años la edad de vehículos con peso mayor a 10,5 toneladas son algunas de las metas de sostenibilidad ambiental.
También, afirma Gaviria, contempla entregar 100.000 soluciones de vivienda rural, incrementar del 36,7 al 41% las aguas residuales tratadas, aumentar el número de municipios que tratan residuos sólidos y eliminar las plantas de beneficio de oro que utilizan mercurio.
Campesino con tierra
Una de las apuestas es la construcción de un catastro permanente y actualizado para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad. Se busca que facilite la formalización de la propiedad rural, restitución de tierras despojadas, adquisición de predios y otorgamiento de subsidios.
Además, contribuirá a que se adelanten procesos agrarios de clarificación de la propiedad, extinción de dominio y recuperación de baldíos indebidamente ocupados. La situación plantea que Colombia tiene 15’468.961 predios o inmuebles, de los cuales 11’416.874 son urbanos y 4’052.087 rurales y, de acuerdo con las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), sólo el 21% tiene títulos y el resto está en situación de informalidad.
Facultades extraordinarias para el sector rural
Se solicitan facultades extraordinarias para que el presidente Santos pueda expedir decretos para suprimir y liquidar instituciones, derogar y modificar leyes que rigen el sector y reasignar funciones. Para el Gobierno, las facultades permiten mayor celeridad, continuidad y coherencia entre las acciones de alistamiento y estudios realizados como parte de una cuidadosa preparación, y el desarrollo legislativo e implementación que requieren.