Defensor del Pueblo ve con buenos ojos una tregua

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo ser un convencido del proceso de paz. / Cristian Garavito

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, es un promotor a capa y espada del proceso de paz. Por ello, no duda a la hora de señalar que el cese bilateral al fuego, solicitado por algunos sectores de la sociedad y criticado por otros, es posible e, incluso, deseable. En entrevista con este diario, Otálora se refiere al proceso de paz, al hacinamiento carcelario, a las bandas criminales, a los derechos de la comunidad LGBTI y a otros temas que preocupan a la entidad bajo su mando.

¿Cómo recibe los recientes anuncios del Eln?

Era algo que todos los colombianos estábamos esperando. Sin embargo yo esperaría un poco más del Eln y es que esos anuncios habrían podido venir acompañados de un cese unilateral de las hostilidades, digamos durante un buen tiempo. Ese hubiera sido un buen mensaje para que los colombianos recibamos con optimismo estas iniciativas pero, además, para que estas nazcan legitimadas y la ciudadanía inicie creyendo en esos diálogos.

¿Se quedaron cortos?

Sí. Igual estos son procesos en los que, como en toda negociación, los actores salen haciendo anuncios porque nadie va a generar espacios de una vez de entrega total o de unos planteamientos de negociación rígidos, ya resueltos. Sino que obviamente ellos, como en todo proceso de negociación, cada uno arranca haciendo unas exigencias y unas propuestas y yo creo que el Eln tiene todo el derecho del mundo de hacer sus propuestas en ese escenario, que no fueron tan abiertas ni tan positivas como esperaba el país, pero que fueron un punto de partida interesante. Pero creo que podría haberse hecho un planteamiento, insisto, más abierto, más de convencimiento. Porque el Eln y el Estado tienen una ventaja y es que ya hay una experiencia recogida y unos aspectos tanto positivos como algunos negativos y críticos del proceso que se ha adelantado con las Farc. Entonces ya tenemos un espacio recorrido, uno esperaría que los anuncios hubiesen tenido en cuenta todo esos espacios recorridos. No haberse planteado desde 0 cuando ya hay mucho recorrido.

¿Se ha cumplido el cese unilateral?

Nosotros automáticamente se hacen esos anuncios, a través de nuestras 36 regionales, iniciamos el monitoreo y lo que tenemos hasta ahora es que no ha habido ningún hecho que se entienda como un incumplimiento del cese unilateral. El cese se ha cumplido hasta el momento.

¿Un cese bilateral al fuego es constitucionalmente posible?

Yo soy de los que cree que sí se puede hacer porque la Constitución le da esa competencia al señor presidente de la República como el único que puede convocar procesos de paz y el único que puede generar las medidas encaminadas a legitimar ese proceso de paz. Y si la Constitución lo faculta, pues claro que, en desarrollo de eso, puede tomar esa medida. El cese al fuego bilateral es posible. Obviamente ellos lo decretarán el día que consideren conveniente, cuando se llegue a ese nivel en el proceso de paz. Como colombiano y como defensor del Pueblo, que permanentemente visito comunidades, desplazados y personas que están en medio del conflicto, pues yo soy de los que cree que lo más pronto posible que se pudiera tomar esa medida sería beneficioso. Sin embargo, yo soy respetuoso de la competencia del señor presidente, el único que puede adoptar esas medidas.

¿Qué augurios tiene para el proceso de paz?

Yo creo que ya estamos en la recta final, ya llegó el momento decisivo, ya son dos puntos culminantes, que son los trascendentales: el tema de víctimas, que es un pronunciamiento que el país está esperando, y en lo particular como defensor, donde tenemos ya 7 millones de víctimas oficialmente registradas, pues esperamos nosotros la propuesta o la agenda que se acuerde en La Habana para el tema de víctimas; y el otro que es el fundamental es el tema de la dejación de las armas, que yo creería que es un tema muy importante.

¿Cómo ve la situación actual de la Rama Judicial?

La situación de la Rama Judicial es un tema que trae un lastre de tiempo atrás y no quiero que se me malinterprete: trae una demanda y una congestión de tiempo atrás. Ese es un pronóstico que tiene de tiempo atrás. Nosotros creamos más tipos penales, hay más demanda judicial pero con una misma infraestructura y eso, como en la empresa privada, está llamado a fracasar. Cuando usted quiere vender más, producir más en su empresa con un mismo equipo de trabajo, pues no lo va a lograr. Yo lo he señalado: aquí se ha logrado mayor producción porque ha habido inversión en tecnología e inversión en planta de trabajo. Pero si eso no se le hace a la justicia es elemental, nosotros no estamos descubriendo el agua tibia. Con un mismo equipo de gente, sin tecnología, queremos tener más cobertura en justicia y eso es imposible de hacerlo.

¿Y el hacinamiento carcelario?

Ese es uno de los temas bandera que asumimos en esta administración: tratar de visibilizar la problemática de las cárceles. Vemos que ese es uno de los puntos negativos del Estado, el gobierno en este aspecto en particular, es uno de los aspectos en los que se raja. Yo le pongo un ejemplo y no quiero que se me malinterprete: yo he visto pasar cuatro excelentes ministros de Justicia, intachables, lamentablemente si usted observa cada uno de ellos hizo anuncios de creación de miles de cupos carcelarios, nuevas cárceles pero al día de hoy no se ha ejecutado nada. Y no es culpa de ellos, si el Estado como tal no le mete voluntad política y recursos, eso no va a pasar de anuncios. En algunas cárceles se han hecho algunos acondicionamientos con los cuales como defensor no estoy de acuerdo. Porque están suprimiendo espacio para trabajo, educación y deporte, para hacer cupos improvisados. Esta es una problemática de Estado que requiere reformas legislativas, una política carcelaria diferente porque aquí todo el mundo quiere nuevas cárceles pero ninguno las quiere en su municipio o en su departamento, entonces no se encuentran lotes, no hay autorizaciones, no hay permisos, ese es un gran problema que se tiene en las regiones.

Ese es un tema que no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, que requiere ajustes legislativos, una política diferente, recursos. Y todos esos escenarios implican una reacción distinta del Estado. Por eso insistiré hasta lo último que el gobierno debe pensar en la emergencia carcelaria porque las consecuencias que tiene son catastróficas. Súmele el abuso desmedido de la detención preventiva, que lo hemos señalado permanentemente. No estamos diciendo que no se investigue sino que con respecto a determinados delitos la persona pueda estar en libertad y solo cuando sea vencida en juicio mediante una sentencia condenatoria vaya a la cárcel a purgar una condena. Por eso en demandas contra el Estado por abuso de la detención preventiva, según datos del mismo gobierno, superamos los $23 billones que eso es plata que le cuesta a los colombianos.

Ustedes ya han advertido que los grupos posdesmovilización, o bandas criminales, se están convirtiendo en los grandes violadores de derechos humanos en Colombia…

Sí. Hemos encontrado que hay mayores violaciones por parte de estos grupos que por el mismo conflicto que vivimos. Y obviamente se ha avanzado, se han presentado un sinnúmero de capturas importantes, como en el caso de Buenaventura, por ejemplo, donde ya se acercan a 200 capturas de cabecillas, que creemos nosotros que es la única salida que tiene el Estado, es simplemente golpear a través de inteligencia y a través de la judicialización. Eso es lo único: sacar de circulación a todos esos personajes, porque aquí no podemos hablar de otro tipo de escenario distinto que de la fuerza del Estado frente a estos grupos.

Mejor dicho ¿nada de acuerdos?

Exacto. Yo no lo veo desde ninguna óptica distinta como defensor porque aquí no podemos hablar sino de sometimiento como consecuencia de la fuerza del Estado. Y yo creo que eso es lo que esperamos también todos los colombianos. Obviamente el que se quiera someter a la justicia pues ahí hay unos trámites ordinarios, que se tienen para absolutamente todos, que son producto del Código de Procedimiento Penal y el Sistema Acusatorio, pero ese es otro escenario completamente diferente, que es un escenario común, no es excepcional para nadie. Y hay regiones donde hemos observado con preocupación que hay municipios donde les ha llegado con más fuerza los grupos posdesmovilizados y se nota. Por ejemplo, Barbacoas, Nariño, que lo planteaba yo en una alerta temprana, ahí se triplicaron los homicidios de un año al año siguiente, y las quejas que nos llegan de la población son muchísimas. Hay muchos temas que hay que manejarlos con muchísimo cuidado. Pongo un ejemplo: si usted mira la violencia en Córdoba, usted mira los índices generales y ha disminuido, entonces desde esa óptica se ha avanzado. Pero si usted empieza a estudiar municipio por municipio encontrará que hay cuatro municipios en donde se ha incrementado la violencia por la fuerte presencia de grupos guerrilleros y grupos posdesmovilizados. Por ejemplo Puerto Libertador, Tierralta, donde los índices en lugar de disminuir, se han incrementado. O sea, pese a que hay resultados a mostrar, hay preocupaciones en temas puntuales y ahí es donde nosotros convocamos permanentemente a la Fuerza Pública y a la presencia de todas las entidades del Estado.

¿No es un gran riesgo que estas bandas se conviertan en el escampadero de guerrilleros que no se quieran desmovilizar en virtud de un posible acuerdo?

Es un riesgo que hay que correr, un riesgo que se corre. Y esperamos que eso lo tengan muy presentes tanto los negociadores como la Fuerza Pública. Porque en esto hay que tener plan A y plan B. Tener un censo de cuál es la población que está, que ya existe, que me imagino que la Fuerza Pública a través de su inteligencia ya lo tiene. Y, obviamente, los representantes de la guerrilla también lo tendrán. Y es mirar qué errores se cometieron en las anteriores desmovilizaciones, cómo lo vamos a corregir y cuál es el paquete de ofertas que va a ofrecer el Estado para que estas personas entiendan y atiendan que la desmovilización es el mejor camino para tener acceso a sus familias, para desarrollarse profesionalmente, para adquirir un arte, profesión u oficio que le permita vivir en tranquilidad, en legalidad y fundamentalmente rodeado de su familia. Pero eso depende, insisto, de la oferta que vaya a tener el Estado.

¿Hacer una autocrítica sobre los servicios que se le prestan a los desmovilizados? Es muy diciente el caso de este desmovilizado que se iba a suicidar tirándose desde la Catedral Primada…

Exactamente. A eso me refiero con todos los errores que han tenido las anteriores desmovilizaciones porque lo que usted dice es cierto: una desmovilización mal atendida puede derivar en un potencial delincuente común que puede afectar a la sociedad, porque si una persona que ha estado todo el tiempo en una actividad eminentemente criminal, si no ha hecho nada distinto en su vida, si el Estado no logra ofrecerle algo mejor, es inevitable que esa persona quiera regresar a esa actividad, la actividad del camino fácil, de la extorsión, del boleteo, del microtráfico, de todos esos escenarios que ya, incluso, con un tema más preocupante y es que ya no va a atender directrices, ni mandos, ni órdenes. Ya va a querer tener su propia región, su propio grupo y va a querer ser el jefe, eso es lo que ha ocurrido con muchas bandas criminales.

¿No es preocupante que la Contraloría ande sin sede?

Muy preocupante. Primero por la interrupción de la administración pública. La contratación estatal se aproxima, más o menos, a 800 mil contratos anuales de particulares y personas jurídicas con el Estado, más el número de funcionarios públicos que se van a estar posesionando. Todos dependen del Certificado de Antecedentes Fiscales que emite la Contraloría para poder suscribir un contrato o posesionarse. ¿Qué decir de la labor de Auditoría a todas las instituciones? Eso sumado a que es indigno que a 2.300 funcionarios los manden literalmente a la calle. Y por último van una cantidad de investigaciones que se han usufructuado del presupuesto del Estado y esas investigaciones respecto de las cuales los colombianos están esperando una respuesta no la van a tener porque van a estar suspendidos los términos, como ya lo están, o porque no se van a poder sustanciar de manera pronta y oportuna. No tiene justificación que un organismo de control de tanta importancia, que no es nada menos que el que vigila el presupuesto del Estado y que este no sea mal invertido, no tenga cómo funcionar y cómo operar dignamente.

¿Cómo ve la situación de la excontralora Morelli? Parece que ya va a volver…

Insisto, ese es un tema eminentemente jurídico. Es la interpretación de un contrato que yo no he leído, que desconozco las cláusulas, la tutela que presenté como defensor nunca iba encaminada a interpretar esas cláusulas, y yo creo que son escenarios eminentemente jurídicos tanto la interpretación de ese contrato como las investigaciones que tienen en Fiscalía y en otras instituciones. Yo mal haría como defensor del Pueblo, cuando ni conozco las minucias de las investigaciones, hacer ninguna postura. El llamado que sí le hago es que confíe en la institucionalidad, que no tiene presentación que habiendo sido uno nombrado democráticamente, y en ese momento cuando pone su nombre a su disposición cree en la institucionalidad, y posteriormente manda un mensaje equivocado diciendo que no tiene garantías. Yo creo que los que estamos ocupando cargos de esta naturaleza tenemos que mandar un mensaje de ejemplo a los ciudadanos en ese escenario y nosotros respetar y cumplir con lo que dispongan las instituciones del Estado.

El procurador ha amainado un poco sus críticas al proceso de paz…

El haber manejado el proceso en buena parte de la negociación de manera tan cerrada, se prestó para que todo mundo sacara conjeturas buenas, malas regulares, dependiendo de la orilla que se encontrara. Si se hubiese ese hecho esa divulgación, que finalmente se hizo, de todo lo acordado, pues se acaban todas esas manifestaciones, esos comentarios de pasillo o comentarios de columnas o de cualquier lado diciendo que es bueno o malo o regular el proceso de paz. Si se hace de manera abierta, se pone a disposición en Internet “esto es lo que se ha acordado, lo que se ha discutido”, nadie más puede salir a opinar cosas diferentes y las reglas de juego están ahí, y yo creo que eso fue lo que debió haberse hecho desde un inicio. Pero cuando ya eso sale, hay muchos discursos que ya no se pueden seguir planteando a la sociedad porque no corresponden a lo que se ha publicado. Yo siempre lo planteé que la mejor forma de blindar el proceso era con una comunicación más fluida. Yo creo que el gobierno tiene que reconocer que tuvo un grave problema de comunicación en el inicio y el desarrollo del proceso de paz, y que creo que ya se está corrigiendo.

¿Cómo ve esa refrendación del proceso de paz?

Yo creo que la mejor forma sería acudir de manera masiva, que los colombianos legitimemos ese proceso de paz votando en el sentido que cada uno considere. Desde mi óptica soy muy positivo con el proceso de paz, pero respeto a quienes opinan diferente. Pero la mejor forma de refrendar un proceso de paz es acudiendo masivamente a refrendar ese proceso o los que quieren, insisto, votar en contra, pues que lo hagan en contra. De eso se trata, pero para el país, para la sociedad, para las víctimas, para todos, sería un mensaje muy positivo de reconciliación. Y la mejor reconciliación es el voto que pueden dar todos los colombianos en el proceso de paz en ese escenario.

¿Cuáles otras banderas tiene la defensoría para este año?

Hay muchos temas que nosotros paralelamente hemos venido manejando. El tema de la comunidad LGBTI, que estaba muy inquieta, nosotros creamos una delegada para ese tema. Estamos tratando de jugar un papel importante. En diciembre se hicieron las primeras convocatorias con la comunidad para ampliar los temas pedagógicos para ejercer representación en algunos hechos que consideramos hay inconvenientes porque se le están violando sus derechos y hay otros temas importantes que los hemos hecho como estudios de la defensoría y es el reclutamiento en algunas regiones de menores.

El reclutamiento lo hemos mirado desde varios focos: reclutamiento por el lado de la guerrilla, reclutamiento por el lado de los grupos posdesmovilizados y también, que no se entienda una equiparación, pero también del reclutamiento irregular que ha venido haciendo la fuerza pública en desconocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Desde todas esas orillas hemos observado y estudiado el reclutamiento y hemos hechos pronunciamientos. Tenemos un estudio que se va a hacer este año sobre el tema de las batidas de la Fuerza Pública. Ya hemos tenido reuniones con el señor ministro de la Defensa, un equipo de generales que están estudiando y observando la publicación de la Defensoría y esperamos que se ajusten los temas de reclutamiento que es un gran problema a nivel nacional porque hay muchos casos de personas que estando exentas de prestar el servicio, lamentablemente, han sido vinculados de una manera irregular. Ahora hay un tema bastante importante que es la objeción de conciencia ya reconocida por Corte Constitucional. Nosotros demandamos de la Fuerza Pública ese reconocimiento y que además unos estándares de cómo se va a entender la objeción de conciencia al momento de vincularlos.

Tenemos otros estudios que también vamos a lanzar, que ya están hechos, y es el tema de la violencia contra las mujeres, pero ahora en otro escenario y es en el sector rural. Hemos cogido algunos departamentos y hemos encontrado mujeres que han sido objeto de muchísima violencia, lo vamos a socializar con el ministro de Agricultura para que eso venga acompañado de una atención y de una política clara a través del Ministerio.

¿Cuál es su opinión sobre la adopción por parte de parejas homosexuales?

Yo he sido muy claro con eso, yo tengo principios católicos, fui criado en una familia católica, pero tengo claro que por encima de mis principios católicos están los derechos humanos y desde esa óptica siempre he sido partidario de la adopción gay y así han ido mis conceptos que he emitido a la Corte Constitucional. Por una sencilla razón y espero se me entienda el ejemplo que voy a colocar. Porque so pretexto de unos principios de una sociedad conservadora en algunos aspectos no podemos permitir que niños que hoy en día se encuentran abandonados, que les falta el calor humano, que les falta el amor natural de un padre, de un adulto, que a determinada edad queden totalmente abandonados. De pronto aparece una pareja de la comunidad LGBTI que quiere encargarse del futuro de ese menor, rodearlo de amor, de compañía, de educación al futuro y ¿por el solo hecho de tener una condición sexual de esa naturaleza, vamos a interferir en el futuro de ese menor?, yo creo que eso no es lo que está esperando la sociedad y desde esa óptica yo considero que bien puede otorgárseles a ellos ese derecho natural de poder, en pareja, formar a los menores.

El presidente Santos visos de tumbar el sistema militar obligatorio y que fuera más un servicio militar voluntario, aunque luego se retractó. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, con que en lugar de ser un servicio militar obligatorio fuera un servicio militar voluntario?

Si nosotros lo lleváramos a la excelencia de la vinculación, claro que sí. Me refiero a que las bondades que ofrece el Estado para quien se vincule a prestar el servicio sean llamativos para la sociedad. En ese caso, bienvenido sea, lamentablemente en la práctica, si usted observa por qué sigue el servicio militar obligatorio es porque no hay una contraprestación económica del Estado importante que sea llamativo para la persona, que además de prestar el servicio como ocurría con anterioridad, tenga privilegios, por haberle prestado su servicio al Estado, al momento de estudiar, de trabajar, o al momento de otra cantidad de cosas.

Nada de eso existe porque el Estado ya no lo está brindando, porque el Estado no da un sueldo digno, no sé cuánto es con exactitud, pero creo que son unos $200.000 mensualmente. Eso para qué joven va a ser llamativo, entonces, por eso le han respondido al Estado, porque como no tiene esos recursos, no tiene esos programas, debe continuar con una vinculación obligatoria. Pero si se hicieran unos estándares interesantes de respeto, llamativos económicamente, de formación, de que esas personas a partir de ahí pueden escoger la carrera militar o escoger la educación superior desde otros escenarios, claro que es un gana gana para todo el mundo, para la Fuerza Pública, para la sociedad y sería un punto de partida diferente para todos los jóvenes que permanentemente están saliendo de los colegios en nuestro país.

Otro tema relacionado, que quedó un poco en el tintero, es ¿cómo ve una posible reforma al fuero penal militar?

Yo creo que es una discusión en la que la Corte Constitucional ha dejado unos derroteros muy claros en ese escenario, muy claros en qué sentido, en que la jurisprudencia ha dado unos requisitos indispensables para cuándo actúa la justicia especializada, en este caso la militar, y cuándo la ordinaria. Yo entiendo el interés de los militares, lo comparto en algunos aspectos, de que ellos quieran ser juzgados por pares especializados, en la medida que se esté hablando de delitos eminentemente militares. Pero si estamos hablando de delitos graves de derechos humanos en eso ya ha decantado la justicia y la Corte Constitucional ha sido reiterativa y clara en que en esos aspectos toca ir a la justicia ordinaria.

¿Cómo ha visto el rol que ha adquirido la mujer en estos últimos años frente a la paz, a estas discusiones de derechos humanos? ¿Ha habido un cambio de rol de la mujer frente a estas discusiones?

Sí, ha avanzado muchísimo y lo reconozco. Es lamentable la forma como le ha tocado vivir ese espacio, creo que en eso hemos sido una sociedad demasiado machista y demasiado cerrada, porque a las mujeres les ha tocado abrirse un espacio, casi obligadas a través de leyes, a través de todo. Yo siempre he criticado la ley de cuotas femenina porque en mi criterio eso genera atraso. Es lamentable que se tenga que decir que se tiene un 30% cuando las mujeres tienen la misma capacidad de los hombres para ejercer cualquier labor, porque hoy en día ha llegado a las labores y actividades, que inclusive, nunca pensamos que fueran a llegar, entonces no puede haber una ley que diga que pueden haber un 30%, si usted va a ver, hay una ley natural que dice que todos tenemos las mismas capacidades, y en este caso la cuota debe ser del 50%.

El tema de las víctimas es ejemplificativo cómo ellas se han organizado, cómo han generado espacios, cómo han escalado espacios. Las mujeres que están cumpliendo labores en las Cortes, en el Congreso, en todas partes brillan por si solas, sus pronunciamientos y su permanente preocupación por fortalecer la representación de las mujeres. Desde esa óptica no puedo más que felicitarlas porque de verdad son lideresas de verdad. Ojalá en un tiempo muy cercano podamos tener la experiencia de tener mujeres al frente de los destinos del país, como en Chile.

Otro tema inevitable es cómo ve el tema de la libertad de expresión después de lo sucedido en París, sobre todo, teniendo en cuenta las limitaciones que ha habido para muchos periodistas en Colombia.

Yo creo que una sociedad demuestra su grado de libertad teniendo en cuenta el respeto que tenga por el derecho de expresión y opinión. Y entre más solidaridad y más garantías, más acompañamiento haya a la libertad expresión, a la libertad de opinión, podemos hablar de índices importantes de verdaderas democracias, de lo contrario una voz maniatada, censurada, atacada, es una democracia imperfecta y eso lo debe tener claro cualquier Estado, esto no es un tema ni de política, ni de gobiernos, ni de ideas, este es un tema de políticas de Estado, cualquier Estado tienen que tener ese norte muy claro. 

jjimenez@elespectador.com