Defensor insiste en que se declare emergencia social en cárceles
El hacinamiento carcelario alcanza el 58,3%, y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400%.
El Espectador
Luego de la tragedia ocurrida en la Cárcel Modelo de Barranquilla y tras haber constatado personalmente en 36 centros de reclusión la difícil situación que vive la población reclusa en todo el país, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó este miércoles al Gobierno Nacional analizar la posibilidad de declarar la emergencia social para enfrentar la crisis que se registra en el país por cuenta del hacinamiento.
“Actualmente, el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico donde ayer murieron 10 reclusos”, destacó Otálora Gómez.
El llamado lo hizo el Defensor del Pueblo durante la primera jornada de su visita humanitaria al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la cual alertó igualmente sobre el hacinamiento en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés, que llega al 53%, toda vez que mientras la capacidad es para 139 internos, el centro de reclusión alberga actualmente a 216 reclusos.
Recordó que todos los días los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en todo el país atienden las quejas de los reclusos por cuenta del hacinamiento, de las deficiencias en los servicios de salud, la mala calidad de los alimentos o maltrato, entre otros problemas. Precisamente, la Defensoría Regional Tolima le solicitó al Inpec un informe sobre los hechos ocurridos el pasado lunes en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, en donde luego de una requisa en el bloque 4 del pabellón de mujeres y la intervención de los guardianes, ocho internas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos y otras presentaron golpes.
El problema carcelario no es nuevo y el país se acostumbró a vivir con niveles de hacinamiento cercanos al 30%, sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se observó con preocupación que luego de la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2005 y de la Ley 1453 de 2011 (de Seguridad Ciudadana) la situación ha llegado a niveles críticos que podrían poner en riesgo tanto el bienestar de la población carcelaria como el de la sociedad en su conjunto.
A juicio del Defensor del Pueblo, lo ocurrido en Barranquilla es una muestra más de la más grave crisis humanitaria que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Con lo cual, tanto la emergencia carcelaria decretada el año pasado por el Gobierno como la nueva Ley que reformó el Código Penitenciario y Carcelario no han ofrecido soluciones definitivas.
La declaratoria del estado de emergencia social, que consagra el artículo 215 de la Constitución Política, es la figura indicada para afrontar la actual situación, porque es la única que le permite al Presidente de la República tomar medidas de carácter extraordinario cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad. Así, el Estado podría devolverle la dignidad a la población reclusa, que si bien es cierto tiene que pagar por sus errores lo debe hacer en condiciones dignas.
Luego de la tragedia ocurrida en la Cárcel Modelo de Barranquilla y tras haber constatado personalmente en 36 centros de reclusión la difícil situación que vive la población reclusa en todo el país, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó este miércoles al Gobierno Nacional analizar la posibilidad de declarar la emergencia social para enfrentar la crisis que se registra en el país por cuenta del hacinamiento.
“Actualmente, el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico donde ayer murieron 10 reclusos”, destacó Otálora Gómez.
El llamado lo hizo el Defensor del Pueblo durante la primera jornada de su visita humanitaria al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la cual alertó igualmente sobre el hacinamiento en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés, que llega al 53%, toda vez que mientras la capacidad es para 139 internos, el centro de reclusión alberga actualmente a 216 reclusos.
Recordó que todos los días los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en todo el país atienden las quejas de los reclusos por cuenta del hacinamiento, de las deficiencias en los servicios de salud, la mala calidad de los alimentos o maltrato, entre otros problemas. Precisamente, la Defensoría Regional Tolima le solicitó al Inpec un informe sobre los hechos ocurridos el pasado lunes en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, en donde luego de una requisa en el bloque 4 del pabellón de mujeres y la intervención de los guardianes, ocho internas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos y otras presentaron golpes.
El problema carcelario no es nuevo y el país se acostumbró a vivir con niveles de hacinamiento cercanos al 30%, sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se observó con preocupación que luego de la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2005 y de la Ley 1453 de 2011 (de Seguridad Ciudadana) la situación ha llegado a niveles críticos que podrían poner en riesgo tanto el bienestar de la población carcelaria como el de la sociedad en su conjunto.
A juicio del Defensor del Pueblo, lo ocurrido en Barranquilla es una muestra más de la más grave crisis humanitaria que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Con lo cual, tanto la emergencia carcelaria decretada el año pasado por el Gobierno como la nueva Ley que reformó el Código Penitenciario y Carcelario no han ofrecido soluciones definitivas.
La declaratoria del estado de emergencia social, que consagra el artículo 215 de la Constitución Política, es la figura indicada para afrontar la actual situación, porque es la única que le permite al Presidente de la República tomar medidas de carácter extraordinario cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad. Así, el Estado podría devolverle la dignidad a la población reclusa, que si bien es cierto tiene que pagar por sus errores lo debe hacer en condiciones dignas.