Defensoría le había advertido al Gobierno sobre incremento de amenazas en Cauca

El pasado 26 de abril, la Defensoría del Pueblo le envió un documento de seis páginas a Fabio Beltrán Parra, subdirector para la seguridad y la convivencia ciudadana, del Ministerio del Interior, en el que advertía el incremento de las amenazas a través de panfletos en el departamento de Cauca, en donde este sábado fueron víctimas de un atentado, aunque resultaron ilesos, varios líderes sociales que se encontraban reunidos en una finca en al vereda Lomitas, del municipio de Santander de Quilichao, entre ellos la lideresa Francia Márquez, ganadora en 2018 del premio Goldman, considerado el “Nobel del medioambiente”.

En la misiva, encabezada con un “urgente”, la Defensoría le dijo al funcionario que existe una grave situación de riesgo de violación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de miembros de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos y que este ya había sido advertido, además, en cuatro alertas tempranas que aún siguen vigentes: las 026-18, 035-18, 050-18 y 067-18. Todas las alertas llegaron al gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo ministro del Interior era Guillermo Rivera Flórez.

Sin embargo, la entidad del Estado hizo la advertencia a la nueva administración. En la carta que recibió Beltrán señala que la situación actual en Cauca no era diferente a lo reportado en la alerta temprana 026-18, que tiene fecha del 28 de febrero de 2018. La Defensoría menciona cuatro situaciones puntuales. La primera, la persistencia de una disputa territorial por parte de grupos armados, que instalan fronteras invisibles “que hacen respetar mediante el uso de la violencia instrumental, intimidando no solo a través de amenazas sino con homicidios ejemplarizantes”. En segundo lugar, señala la existencia de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal.

La comunicación también resalta, como tercer elemento, el lento avance de la implementación de los Acuerdos de Paz, en donde advierten de un “desmonte progresivo” del programa nacional de sustitución (PNIS), que enfrenta a las comunidades a la posibilidad de una erradicación forzada o fumigaciones. Por último, la Defensoría explica que persisten condiciones de vulnerabilidad que favorecen la permanencia del conflicto armado en el Cauca.

Circulación de panfletos

La carta que se envió al Ministerio de Interior reporta que desde el primer de enero hasta el 26 de abril de 2019 se había registrado la circulación de 12 panfletos amenazantes, que se sumaron a los 55 que fueron registrados en 2018.  “Los panfletos de los cuales tiene conocimiento la Defensoría del Pueblo vienen siendo firmados por diversos actores armados ilegales de naturalezas igualmente diversas, que se autodenominan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Águilas Negras, Farc columna Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, EPL frente Andrey Peñaranda Ramírez, y otros como AGUC”, dice el documento.

En ese sentido, se advierte sobre el aumento de amenazas individuales y colectivas en el norte del Cauca, en donde circularon panfletos amenazando con posibles “limpiezas sociales” y se señalan como objetivo militar a los líderes y lideresas campesinos, afros, autoridades tradicionales y gobernadores indígenas de los resguardos de la región.

La Defensoría culmina pidiendo al Gobierno Nacional la adopción de medidas efectivas para la superación de las amenazas. “La Defensoría exhorta al Gobierno Nacional para que se adopten con carácter urgente todas las medidas de prevención y protección orientadas a salvaguardar los derechos fundamentales de los líderes sociales y comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos y autoridades tradicionales del departamento del Cauca, ya que, como se observa, es posible que se sigan presentando violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, tales como atentados contra la vida, la libertad y la integridad física y la utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil”.

Lea el documento completo

El pasado 26 de abril, la Defensoría del Pueblo le envió un documento de seis páginas a Fabio Beltrán Parra, subdirector para la seguridad y la convivencia ciudadana, del Ministerio del Interior, en el que advertía el incremento de las amenazas a través de panfletos en el departamento de Cauca, en donde este sábado fueron víctimas de un atentado, aunque resultaron ilesos, varios líderes sociales que se encontraban reunidos en una finca en al vereda Lomitas, del municipio de Santander de Quilichao, entre ellos la lideresa Francia Márquez, ganadora en 2018 del premio Goldman, considerado el “Nobel del medioambiente”.

En la misiva, encabezada con un “urgente”, la Defensoría le dijo al funcionario que existe una grave situación de riesgo de violación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de miembros de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos y que este ya había sido advertido, además, en cuatro alertas tempranas que aún siguen vigentes: las 026-18, 035-18, 050-18 y 067-18. Todas las alertas llegaron al gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo ministro del Interior era Guillermo Rivera Flórez.

Sin embargo, la entidad del Estado hizo la advertencia a la nueva administración. En la carta que recibió Beltrán señala que la situación actual en Cauca no era diferente a lo reportado en la alerta temprana 026-18, que tiene fecha del 28 de febrero de 2018. La Defensoría menciona cuatro situaciones puntuales. La primera, la persistencia de una disputa territorial por parte de grupos armados, que instalan fronteras invisibles “que hacen respetar mediante el uso de la violencia instrumental, intimidando no solo a través de amenazas sino con homicidios ejemplarizantes”. En segundo lugar, señala la existencia de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal.

La comunicación también resalta, como tercer elemento, el lento avance de la implementación de los Acuerdos de Paz, en donde advierten de un “desmonte progresivo” del programa nacional de sustitución (PNIS), que enfrenta a las comunidades a la posibilidad de una erradicación forzada o fumigaciones. Por último, la Defensoría explica que persisten condiciones de vulnerabilidad que favorecen la permanencia del conflicto armado en el Cauca.

Circulación de panfletos

La carta que se envió al Ministerio de Interior reporta que desde el primer de enero hasta el 26 de abril de 2019 se había registrado la circulación de 12 panfletos amenazantes, que se sumaron a los 55 que fueron registrados en 2018.  “Los panfletos de los cuales tiene conocimiento la Defensoría del Pueblo vienen siendo firmados por diversos actores armados ilegales de naturalezas igualmente diversas, que se autodenominan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Águilas Negras, Farc columna Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, EPL frente Andrey Peñaranda Ramírez, y otros como AGUC”, dice el documento.

En ese sentido, se advierte sobre el aumento de amenazas individuales y colectivas en el norte del Cauca, en donde circularon panfletos amenazando con posibles “limpiezas sociales” y se señalan como objetivo militar a los líderes y lideresas campesinos, afros, autoridades tradicionales y gobernadores indígenas de los resguardos de la región.

La Defensoría culmina pidiendo al Gobierno Nacional la adopción de medidas efectivas para la superación de las amenazas. “La Defensoría exhorta al Gobierno Nacional para que se adopten con carácter urgente todas las medidas de prevención y protección orientadas a salvaguardar los derechos fundamentales de los líderes sociales y comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos y autoridades tradicionales del departamento del Cauca, ya que, como se observa, es posible que se sigan presentando violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, tales como atentados contra la vida, la libertad y la integridad física y la utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil”.

Lea el documento completo