Denuncian ante la Comisión de Acusación a presidenta de la JEP y otro magistrado

Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representante posa una denuncia penal y disciplinaria contra los magistrados de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), Patricia Linares, presidenta del tribunal, y Alejandro Ramelli, por presunto tráfico de influencias y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Los hechos con los que se sustenta esta denuncia fueron advertidos por El Espectador en abril de 2018, dando a conocer la situación interna de la administración de la JEP a través de unos correos privados entre Linares y Ramelli antes de la consolidación del tribunal transicional.

Lea más: Los correos sobre la administración de la JEP

“El tema puntual (...) es que Ramelli (siendo aún magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y electo magistrado de la JEP) envió a Patricia Linares información reservada de la Corte respecto al fallo clave sobre la estructura administrativa de la JEP”, escribió este medio como síntesis del meollo del artículo.

Ese proyecto de fallo, que en ese entonces aún no había sido divulgado, determinaba la separación de la Secretaría Ejecutiva del órgano del Gobierno sobre los asuntos administrativos internos. Resolución diferente a como lo había planteado el Congreso en el Acto Legislativo 01 de 2017 en el que tanto la Secretaría como la presidenta de la JEP tendrían responsabilidades administrativas para “garantizar la autonomía administrativa, presupuestal y técnica del tribunal”.

De acuerdo con estos hechos, la denunciante de Linares y Ramelli trae a colación un punto del reglamento interno de la Corte Constitucional en el que se advierte que “la divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en la Sala Plena, antes de que estos sean firmados por todos los magistrados, constituye en una falta grave sancionable con arreglo de ley”.

Debido a las pruebas, en la denuncia se pide por la inmediata suspensión del cargo del magistrado Alejandro Ramelli y que sea reemplazado por otro funcionario en caso de vacancia temporal o definitiva, mientras se estudia el proceder disciplinar de ambos funcionarios.

Entre otras peticiones recogidas en la denuncia, está el de una inspección judicial al computador corporativo que usó el magistrado Ramelli en la Corte Constitucional, además de la interceptación de los correos que cruzó con la presidenta Linares, como tomar testimonio de Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, quien habría renunciado por su desacuerdo en el modelo administrativo del tribunal y presentó denuncias por supuestas irregularidades al interior del organismo. Frente a estos hechos, Linares sostuvo que el exfuncionario “había accedido presuntamente de manera ilegal a correos electrónicos privados de los magistrados”.

Cuando se hizo pública la polémica de los correos, tanto Ramelli como Linares se defendieron, negando cualquier tipo de falta disciplinaria. “Enviar un correo no significa que haya conocido de la decisión, ni que la haya leído, ni que la haya redactado”, dijo el exmagistrado auxiliar de la Corte.

Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representante posa una denuncia penal y disciplinaria contra los magistrados de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), Patricia Linares, presidenta del tribunal, y Alejandro Ramelli, por presunto tráfico de influencias y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Los hechos con los que se sustenta esta denuncia fueron advertidos por El Espectador en abril de 2018, dando a conocer la situación interna de la administración de la JEP a través de unos correos privados entre Linares y Ramelli antes de la consolidación del tribunal transicional.

Lea más: Los correos sobre la administración de la JEP

“El tema puntual (...) es que Ramelli (siendo aún magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y electo magistrado de la JEP) envió a Patricia Linares información reservada de la Corte respecto al fallo clave sobre la estructura administrativa de la JEP”, escribió este medio como síntesis del meollo del artículo.

Ese proyecto de fallo, que en ese entonces aún no había sido divulgado, determinaba la separación de la Secretaría Ejecutiva del órgano del Gobierno sobre los asuntos administrativos internos. Resolución diferente a como lo había planteado el Congreso en el Acto Legislativo 01 de 2017 en el que tanto la Secretaría como la presidenta de la JEP tendrían responsabilidades administrativas para “garantizar la autonomía administrativa, presupuestal y técnica del tribunal”.

De acuerdo con estos hechos, la denunciante de Linares y Ramelli trae a colación un punto del reglamento interno de la Corte Constitucional en el que se advierte que “la divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en la Sala Plena, antes de que estos sean firmados por todos los magistrados, constituye en una falta grave sancionable con arreglo de ley”.

Debido a las pruebas, en la denuncia se pide por la inmediata suspensión del cargo del magistrado Alejandro Ramelli y que sea reemplazado por otro funcionario en caso de vacancia temporal o definitiva, mientras se estudia el proceder disciplinar de ambos funcionarios.

Entre otras peticiones recogidas en la denuncia, está el de una inspección judicial al computador corporativo que usó el magistrado Ramelli en la Corte Constitucional, además de la interceptación de los correos que cruzó con la presidenta Linares, como tomar testimonio de Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, quien habría renunciado por su desacuerdo en el modelo administrativo del tribunal y presentó denuncias por supuestas irregularidades al interior del organismo. Frente a estos hechos, Linares sostuvo que el exfuncionario “había accedido presuntamente de manera ilegal a correos electrónicos privados de los magistrados”.

Cuando se hizo pública la polémica de los correos, tanto Ramelli como Linares se defendieron, negando cualquier tipo de falta disciplinaria. “Enviar un correo no significa que haya conocido de la decisión, ni que la haya leído, ni que la haya redactado”, dijo el exmagistrado auxiliar de la Corte.