Un grupo de mujeres cuestionaron la efectividad y utilidad de la ruta de atención a casos de abuso y acoso en el Congreso, esto, cuando las plenarias de Senado y Cámara se disponen a discutir proyectos de ley enfocados en la protección de los derechos de las mujeres. Pese a que hace ya dos años se presentó un protocolo bicameral para prevenir y atender casos de violencia de género en el Capitolio, denuncian que este no sería efectivo.
El protocolo se presentó desde las Mesas Directivas de ambas corporaciones, así como de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Sin embargo, aseguran que se habría convertido “en letra muerta”.
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Uno de los casos por los que lo aseguran es el de Tania Acero, quien denunció que, pese a que siguió la ruta indicada en el protocolo para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual en el Ámbito Laboral y Contractual del Congreso, aseguró que la atención “se quedó en el papel”.
Acero, quien inició un proceso en la Fiscalía en contra del fotógrafo de la Cámara de Representantes -quien continúa en el cargo, a diferencia de ella que ya no es contratista en el Congreso-, aseguró que “desde que denuncié en diciembre de 2024, solo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido un acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero falta mucho para que cumpla su propósito”.
En el protocolo definido se establecen pasos como el reconocimiento del hecho, contacto con canales de denuncia, activación de una ruta de orientación psicológica y legal, así como garantías de protección para la víctima.
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Pero un grupo de denunciantes que el protocolo tiene “fallas estructurales como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas. Además, no define con claridad las competencias institucionales”.
En un derecho de petición que enviaron las denunciantes, la senadora Lorena Ríos, presidenta de la Comisión de la Mujer, reconoció que el protocolo tiene “inconsistencias en trámites y competencias”.
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