Denunciarán a Cristina Plazas por muerte de madre indígena

Las diferencias entre el senador Alexander López y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, no dan tregua. En esta ocasión López decidió presentar una denuncia contra Plazas como presunta responsable por la muerte de María Cristina Pushaina, una mujer guajira que se encontraba en cuidados intensivos en la clínica Renacer de Rioacha. El asunto de fondo es que no se trata una menor de edad y los motivos de su fallecimiento nos son propiamente desnutrición.

Sobre su decisión de demandar al ICBF el senador afirmó que “en la audiencia del pasado jueves denuncié que la señora Pushaina y sus tres hijos estaban en grave peligro de muerte por su avanzado estado de desnutrición y solicité acciones urgentes de la directora del ICBF (Cristina Plazas), de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, pero infortunadamente no sirvieron porque esta madrugada perdió la vida, un hecho verdaderamente trágico”.

Así mismo, el congresista exigió al ICBF que informe si los otros hijos de la mujer fallecida se encontraban incluidos dentro de los programas con los que cuenta la entidad para proteger a las poblaciones en riesgo en la Guajira porque, señala, están también en estado de desnutrición. Al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le solicitó que se adopten las medidas para salvaguardar la vida de los otros menores de edad que podrían presentar riesgo de muerte. (Lea: Con demanda responde senador Alexander López a acusación de Cristina Plazas)

Lo que resulta confuso en la denuncia del senador López es que realmente la salud de María Cristina Pushaina no es objeto de observación del ICBF, pues no se trataba de una madre lactante y a sus 28 años no forma parte de la población (infancia) a la que están dirigidos por programas de la entidad.

Además, El Espectador indagó los motivos de la muerte de Pushaina y, aunque sí presentaba un cuadro grave de desnutrición, llegó a este estado como resultado de una tuberculosis y un posible cáncer de pulmón. Otro aspecto en el que no tiene injerencia el ICBF, sino el Ministerio de Salud.

No se trata de un asunto nuevo. Las diferencias entre López y Plazas han sido claras, en especial, sobre el tema de las garantías laborales para las madres comunitarias. Precisamente, hace pocos días el presidente Juan Manuel Santos objetó una ley, de autoría del senador López, que garantizaba estos derechos. El argumento fue que no era viable financieramente. (Lea: Madres comunitarias se quedaron sin trabajo estable: presidente objetó la ley).

Además, hace cerca de un año, López realizó un debate de control político a Cristina Plazas en el que puso en tela de juicio, con argumentos, la atención y en especial la alimentación que están recibiendo los menores del país. (Lea: “Yo no traicioné a las madres comunitarias”: Cristina Plazas en debate de control político)

Es claro que al objetar la ley que beneficiaba a las madres comunitarias, ellas no se quedarán sin trabajo, pero este es tercerizado a través de fundaciones. El argumento es el presupuesto y la carga laboral que recaería sobre el ICBF. Sin embargo, podría ir en contravía de una sentencia que obliga a garantizar los derechos laborales de las madres.

Las diferencias entre el senador Alexander López y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, no dan tregua. En esta ocasión López decidió presentar una denuncia contra Plazas como presunta responsable por la muerte de María Cristina Pushaina, una mujer guajira que se encontraba en cuidados intensivos en la clínica Renacer de Rioacha. El asunto de fondo es que no se trata una menor de edad y los motivos de su fallecimiento nos son propiamente desnutrición.

Sobre su decisión de demandar al ICBF el senador afirmó que “en la audiencia del pasado jueves denuncié que la señora Pushaina y sus tres hijos estaban en grave peligro de muerte por su avanzado estado de desnutrición y solicité acciones urgentes de la directora del ICBF (Cristina Plazas), de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, pero infortunadamente no sirvieron porque esta madrugada perdió la vida, un hecho verdaderamente trágico”.

Así mismo, el congresista exigió al ICBF que informe si los otros hijos de la mujer fallecida se encontraban incluidos dentro de los programas con los que cuenta la entidad para proteger a las poblaciones en riesgo en la Guajira porque, señala, están también en estado de desnutrición. Al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le solicitó que se adopten las medidas para salvaguardar la vida de los otros menores de edad que podrían presentar riesgo de muerte. (Lea: Con demanda responde senador Alexander López a acusación de Cristina Plazas)

Lo que resulta confuso en la denuncia del senador López es que realmente la salud de María Cristina Pushaina no es objeto de observación del ICBF, pues no se trataba de una madre lactante y a sus 28 años no forma parte de la población (infancia) a la que están dirigidos por programas de la entidad.

Además, El Espectador indagó los motivos de la muerte de Pushaina y, aunque sí presentaba un cuadro grave de desnutrición, llegó a este estado como resultado de una tuberculosis y un posible cáncer de pulmón. Otro aspecto en el que no tiene injerencia el ICBF, sino el Ministerio de Salud.

No se trata de un asunto nuevo. Las diferencias entre López y Plazas han sido claras, en especial, sobre el tema de las garantías laborales para las madres comunitarias. Precisamente, hace pocos días el presidente Juan Manuel Santos objetó una ley, de autoría del senador López, que garantizaba estos derechos. El argumento fue que no era viable financieramente. (Lea: Madres comunitarias se quedaron sin trabajo estable: presidente objetó la ley).

Además, hace cerca de un año, López realizó un debate de control político a Cristina Plazas en el que puso en tela de juicio, con argumentos, la atención y en especial la alimentación que están recibiendo los menores del país. (Lea: “Yo no traicioné a las madres comunitarias”: Cristina Plazas en debate de control político)

Es claro que al objetar la ley que beneficiaba a las madres comunitarias, ellas no se quedarán sin trabajo, pero este es tercerizado a través de fundaciones. El argumento es el presupuesto y la carga laboral que recaería sobre el ICBF. Sin embargo, podría ir en contravía de una sentencia que obliga a garantizar los derechos laborales de las madres.