"Depuración del censo es permanente"

La campaña para los comicios de octubre, en los que se elegirán autoridades locales y regionales, comienza a calentarse. Y al mismo tiempo aparecen las amenazas al proceso. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero, habla en El Espectador de esos subsistentes problemas que se presentan cada vez que hay elecciones y de otros temas de moda, como la financiación de las campañas o la depuración del censo electoral, entre otros.

¿Cuáles son las alertas de cara al proceso electoral de octubre?

El primer paso para el fraude es la trashumancia electoral. En el momento en que un ciudadano decide inscribir su cédula en un lugar distinto al de su residencia, ese ciudadano es un potencial elector que puede prestarse para prácticas ilegales como la compra de votos o para convencer a otros para que actúen por fuera de la normatividad electoral y penal. Quiero hacerles un llamado a candidatos y ciudadanos para que no se presten para ello.

Cada vez que hay elecciones es lo mismo, ¿se podría hablar de una mafia dedicada a ello?

No podemos hablar de una organización nacional dedicada a eso, pero sí hay fenómenos locales y regionales donde candidatos de vieja data promueven esta práctica para fortalecerse en ciertos sitios donde van a ser elegidos. Estamos pendientes de hablar con la Fiscal General para solicitarle que intervenga seriamente, porque hace cuatro años dejamos sin efecto la inscripción de unas 400 mil cédulas y hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada. No hay nadie judicializado y todas esas cédulas que fueron dejadas sin efecto fueron trasladadas a la Fiscalía.

¿Qué tipo de delitos se configuran allí?

Inscripción irregular de cédulas, falso testimonio y fraude procesal. Son delitos de competencia de la Fiscalía.

¿Se ha detectado responsabilidad por parte de funcionarios de la misma Organización Electoral?

Le hemos pedido al registrador que haya más control. Nuestro proceso se inicia a partir de las denuncias de la ciudadanía, que es cuando entramos a revisar sobre la actas de inscripción y el censo mismo. Pero nos queda muy difícil detectar la parte previa del delito y la posible participación de funcionarios. Por eso estamos interesados en que otras autoridades también estén observando a los funcionarios que tienen la responsabilidad de cuidar la gente que se inscribe.

¿Cuál es el llamado en cuanto a la propaganda electoral?

Ese es otro problema, el de la propaganda antes de tiempo. Vamos a retirar esa publicidad extemporánea, porque hay que garantizarles a todos los candidatos igualdad de condiciones. La propaganda que sea retirada será recaudada como prueba para futuros procesos sancionatorios.

¿Y cuáles son las reglas?

La propaganda debe ser tres meses antes del día de las elecciones, que son el 30 de octubre, y tres meses antes de la fecha programada para las consultas internas, que es el 29 de mayo. En cuanto a esas consultas, la publicidad debe ir dirigida a los candidatos que van a participar en ellas. Por cierto, hoy se vence el plazo para que los partidos digan si van a hacer consultas. Hasta el momento han anunciado su interés el conservatismo, la U y los verdes.

¿Y la amenaza de los grupos armados ilegales al proceso electoral?

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, ha advertido que hay departamentos y municipios con ese riesgo. Se sabe de actores armados, tanto guerrilla como paramilitarismo, que siguen ejerciendo influencia en algunas zonas del país, pero el Gobierno está ya tomando medidas al respecto. De nuestra parte, tendremos los tribunales de garantías para estar observando y denunciando estos fenómenos de presión indebida en las campañas.

¿Cómo van a funcionar esos tribunales?

Vienen funcionando de tiempo atrás. Con ellos pretendemos conocer el manejo que se les da a los recursos, a las campañas y, por supuesto, vigilar actividades como la propaganda y sus costos. Cualquier irregularidad que se vaya presentando, se informa a las autoridades competentes.

Hablando de financiación de campañas, ¿usted cree que ésta debería ser totalmente estatal?

Yo he hablado de la importancia de que sea el Estado el que financie la totalidad de las campañas electorales, pero ese es un proceso a mediano plazo. Es claro que el Gobierno no tiene todos los recursos disponibles para ello. Por eso es que hemos ejercido también un control importante de los grupos significativos de ciudadanos que quieren participar en las campañas y hemos elevado los valores de las pólizas de seguros, para evitar que cualquier ciudadano aspire a cualquier cargo sin la rigurosidad y seriedad del caso. Eso le cuesta mucho al Estado y hay que ponerle seriedad a la democracia, más aún cuando la reforma política contempla anticipos hasta del 80%.

¿Pero eso no es coartar el derecho democrático a participar?

Cualquier colombiano puede participar y hay muchas maneras de hacerlo, por ejemplo, a través de los partidos políticos, que dan avales, o los grupos significativos de ciudadanos serios que buscan convertirse en partidos con personería jurídica. Lo que estamos tratando es de depurar esos grupos menores, esos candidatos sueltos que no colaboran con la democracia, sino que la entorpecen. Cuando una persona está aspirando seriamente no tiene dificultad en conseguir las pólizas o los avales que requiere.

¿Qué investigaciones hay en curso contra financiadores de campañas políticas?

Cada cuenta que presentan los candidatos es debidamente estudiada. Estamos constantemente investigando y la prueba de ello es que se detectó que la exsenadora Piedad Córdoba había dado dineros a un candidato en el Atlántico. El Consejo le dio traslado a la Procuraduría para que haga la respectiva investigación, porque los congresistas no pueden hacer donaciones ni aportes a campañas políticas. Ahora, es muy importante que aquellos que saben de alguna violación a las normas electorales, la denuncien.

¿Qué se está haciendo para evitar la demora y desorganización de las pasadas elecciones al Congreso?

No creo que haya habido desorganización. Nosotros tenemos la facultad de revisar el proceso. No sé cuál es el afán de los medios para que los escrutinios terminen al otro día de las elecciones. La gente lo que quiere es claridad y transparencia, no rapidez.

Está planteada en la reforma política la depuración del censo electoral, ¿será por una sola vez, como lo dijo el ministro Germán Vargas Lleras?

La norma, que está en estudio de la Corte Constitucional, contempla que el censo estará conformado por los que votaron en las últimas elecciones y los nuevos ciudadanos. Efectivamente, el ministro dijo que eso sería por una sola vez, pero no es así. La norma es permanente y cada vez que se abstengan, tienen que volver a inscribirse.

¿Usted comparte la depuración?

No, creo que la estrategia de abstenerse es absolutamente válida e incluso sirve para que los grupos que hacen oposición a nivel regional, por ejemplo, generen unos efectos políticos y jurídicos. Crearles esas dificultades a esas organizaciones que cada vez que se abstengan estratégicamente o que se opongan tienen que volverse a inscribir, implica desequilibrio y desventajas.

Decía el registrador que ello no aplicará para octubre...

Ese es un tema de la organización del proceso electoral que le corresponde al registrador. Entre más se demore la Corte en fallar, será más difícil de aplicar. Ya se inició la inscripción de cédulas, ya comenzó a calentarse la campaña y un cambio en las reglas de juego a la mitad del proceso sería más dañino que beneficioso.