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La reciente estrategia de la Corte Suprema de Justicia de ordenar primero la captura de los congresistas presuntamente implicados en la llamada parapolítica para después escucharlos en indagatoria, tratando de evitar así la ‘gambeta’ de algunos legisladores investigados, que renuncian al fuero antes de comparecer ante el Alto Tribunal, ha vuelto a poner sobre la mesa un polémico tema: el de la doble instancia en el juicio a altos funcionarios del Estado y miembros del Congreso con fuero constitucional.
Y fue nada más ni nada menos que el propio ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, quien en un reciente foro —promovido por la senadora de Cambio Radical Claudia Rodríguez de Castellanos—, dejó entrever que el Gobierno le camina a la idea, eso sí, “con mucha responsabilidad y cuidado para no ir a lesionar las instituciones”.
Incluso, Holguín planteó tres prerrequisitos sobre la manera como debería aplicar esa segunda instancia: primero, que no afecten para nada los casos en trámite hoy en día; segundo, que el asunto se rija dentro de una misma jurisdicción y no puedan intervenir jueces que no estén especializados en lo penal y, tercero, que se debe buscar una fórmula para que el juzgamiento en primera como segunda instancias sea hecho por la Corte Suprema. “Que una subsala de la Sala Penal atienda la primera instancia y la Sala Penal en pleno, la segunda”, dijo.
En el hervidero en que se encuentra la política nacional, las reacciones no se hicieron esperar. “Eso es un intento de salvavidas del Gobierno a sus amigos presos”, opinó el senador del Polo Democrático Gustavo Petro, mientras que el presidente del conservatismo, senador Efraín Cepeda, cree que debe darse primero una concertación entre todas las fuerzas políticas, las altas cortes y el Gobierno para abocar el tema. “El debate se debe abrir porque es sano para la democracia, aunque no sé si sea el momento adecuado con la situación que vive el Congreso”, reconoció Cepeda.
Por su parte, el senador Héctor Helí Rojas, del Partido Liberal, considera que Colombia es el único país donde no se respeta la presunción de inocencia y los congresistas son juzgados bajo un sistema que se puede considerar ‘inquisitivo’ porque el que investiga es el que juzga. “Eso es lo más antidemocrático que hay”, señaló.
Otros, como el abogado Hernando Bocanegra, defensor del desmovilizado jefe paramilitar Jorge 40, piensan que plantear el tema de la segunda instancia para los legisladores es una opción que no se debe descartar, poniendo como argumento el escándalo de la parapolítica. “No se puede legislar pensando en el presente sino en el futuro. Los funcionarios de primera instancia se pueden equivocar, así sean de la honorable Corte Suprema de Justicia”, acotó.
Por el lado de los juristas, hay conceptos a favor y en contra. Para Jaime Horta, presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, lo que se debería hacer es todo lo contrario, es decir, abolir los fueros y privilegios de los altos funcionarios para que sean castigados y juzgados por los fiscales comunes. “El hecho de que la Corte Suprema juzgue a altos funcionarios no es una carga sino un privilegio”, señaló.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, llama la atención sobre la verdadera intención de una iniciativa de este calibre, así el ministro Holguín aclare que los casos de hoy en día no cuentan. “Se están lanzando ideas a ver qué tal caen, pero si se llegase a aprobar, tarde o temprano se va a mezclar con los procesos actuales de senadores y representantes porque ellos podrían abocar la favorabilidad de ese recurso”, explicó.
La senadora Claudia Rodríguez ve, en cambio, que el actual sistema “puede ser considerado inquisitivo, pues la misma autoridad investiga y juzga”. Además, dice, no acata el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos —ratificado por Colombia—, ni la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagran que toda persona condenada por un delito tiene derecho a recurrir al fallo ante el juez o tribunal superior.
En respuesta, el también ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes no cree que se estén violando normas del derecho internacional para los legisladores, porque “la calidad misma del juzgador ofrece todas la garantías a los que son juzgados en esa instancia. No es conveniente interferir con la actuación que está elevando en este momento la Corte Suprema porque puede interpretarse como una intromisión del Legislativo”, manifestó.
Y el ex vicefiscal Francisco José Sintura avizora un inconveniente: “La opción dentro de la misma Corte Suprema sería generar una sala de primera instancia, que podría ser la Penal, y una de segunda, la Corte en pleno. El problema es que la Corte tiene una composición heterogénea, es decir, de muchas disciplinas, y los penalistas están, obviamente, en la Sala Penal. Como han funcionado las cosas en los últimos 50 años, en esta única instancia están los que más saben”, enfatizó.
Lo cierto es que, según conoció El Espectador, el ministro Carlos Holguín ya le pidió cita al presidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, para hablar sobre este espinoso tema, que en criterio de muchos podría implicar un nuevo choque de trenes Justicia-Gobierno. Holguín piensa que el tema de la doble instancia tiene que ser abocado, “ojalá en este período de sesiones”. Ya un congresista, el representante conservador Jorge Humberto Mantilla, parece estar dispuesto a ponerle el pecho a la brisa y anunció que presentará un proyecto en este sentido, así le lluevan rayos y centellas.
Por Redacción Política
