En 50 años de conflicto armado entre el Estado y las Farc difícilmente puede hablarse de un momento tan optimista frente a la finalización de la confrontación como hoy. Las palabras del jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, lo demuestran. “Con toda responsabilidad y sin transmitir falsas expectativas, puedo decir que los resultados hasta ahora alcanzados en materia de acuerdos en la mesa de conversaciones con las Farc son importantes y esperanzadores. Nos muestran que soñar con un país en paz es posible”.
De manera formal, después de 14 meses de diálogos y 18 ciclos de negociación, hay dos acuerdos parciales firmados: uno agrario y otro sobre participación política. El primero, suscrito a finales de mayo de 2013, con planteamientos estratégicos, muy a tono con la necesidad de modernizar y democratizar la tierra en Colombia; y el segundo, firmado en noviembre, con mayores ambigüedades, pero con avances determinantes de cara a la posibilidad de que las Farc se conviertan en un movimiento político dispuesto a abandonar la lucha armada.
Todavía hay muchos dilemas y diferencias por resolver y con toda seguridad el tema crítico será cómo saldar las cuentas con la justicia. En ese momento se sabrá si los pactos son suficientes para pasar la página después de medio siglo de guerra. Según se deduce de la declaración de la guerrilla al cierre del último ciclo, el pasado viernes, las Farc siguen aferradas a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente como escenario de construcción del acuerdo final. Una fórmula que el Gobierno por ahora ha descartado enfáticamente.
Lo cierto es que 2013 concluye en medio de la discusión sobre otro aspecto determinante en la guerra colombiana: el problema de las drogas ilícitas. En palabras de Humberto de la Calle, la idea es llegar a “un país sin cocaína”, resolviendo la encrucijada de cerca de 60.000 familias campesinas y eliminando la economía de las organizaciones criminales que sostienen el negocio ilícito. En criterio de las Farc, es un asunto social inmerso en el dilema no resuelto de la reforma agraria, que debe ser concertado con las comunidades.
El Espectador conoció que aunque el debate sobre la solución al problema de las drogas ilícitas se retomará el próximo 13 de enero, ya existe un borrador con planteamientos claros para concretar un pacto. El primer aspecto apunta a la posibilidad de consolidar áreas libres de droga. Esto significa darles un presente distinto a aquellos territorios donde los cultivos ilícitos o los laboratorios para procesar drogas forman parte de la cotidianidad. La propuesta es un plan piloto, como en algún momento se propuso en los tiempos de Andrés Pastrana.
En ese momento la iniciativa de las Farc era implementar un programa de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en Cartagena del Chairá (Caquetá). No prosperó, pero el modelo de ahora no es muy distinto. Se dice que se podría gestar en la región del Catatumbo (Norte de Santander), en una zona del Putumayo o en los departamentos de Nariño y Guaviare. El tema es de tanta importancia a la hora de concretar avances, que en La Habana, con mapas y datos en mano, se revisan regiones y zonas “recuperadas” de resocialización.
Otro aspecto de discusión tiene que ver con la posibilidad de que las Farc se comprometan a ayudar en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno quiere que no sólo apoyen la erradicación, sino que contribuyan a identificar rutas, laboratorios y organizaciones que son parte de la cadena del tráfico de estupefacientes. Las Farc tienen un tema pendiente que trasciende las fronteras: la extradición. Para nadie es un secreto que Estados Unidos tiene en su mira a los principales jefes guerrilleros.
El indictment acusatorio contra los comandantes de las Farc en Estados Unidos está vigente desde abril de 2005 y, de antemano, se sabe que Washington no es amigo de negociar decisiones de la justicia. Esa negativa incluye por ahora cualquier concesión a la severa pena que hoy cumple en una cárcel norteamericana el jefe guerrillero Simón Trinidad. En esas circunstancias, el debate va más allá de Colombia. ¿Hasta dónde puede colaborar Estados Unidos? En política todo es posible, pero sigue siendo un as bajo la manga del gobierno Obama.
En últimas, el propósito adicional en la discusión sobre el tema de las drogas ilícitas es que los diálogos de paz de La Habana no sólo favorezcan a Colombia, sino que, en este aspecto específico, se presenten como el punto de partida para reducir el impacto del narcotráfico en América Latina. Es decir, una manera de abrir la discusión a la comunidad internacional, de tal manera que la paz de Colombia, con solución al tema interno del narcotráfico, se convierta en un debate sobre la despenalización, la legalización o aspectos conexos.
Se sabe que en enero en Davos (Suiza), en desarrollo del Foro Económico Mundial, en calidad de invitado especial, el presidente Juan Manuel Santos quiere hablar de paz, de oportunidades comerciales y de inversión en Colombia. Pero también de reexaminar las políticas mundiales de control de drogas. Un escenario que encaja con lo que en ese momento se seguirá discutiendo en La Habana (Cuba). Después de lo sucedido en Uruguay con la marihuana, no cabe duda de que el mundo está dando un debate que conviene al país.
Si estas expectativas se enmarcan en el contexto de más de 50 declaraciones de apoyo de jefes de Estado, gobiernos, líderes mundiales, instituciones y organismos multilaterales a la paz en Colombia, es claro que 2014 es un año decisivo. Es cierto que en marzo hay elecciones parlamentarias que puedan cambiar la ecuación política; que en mayo hay comicios presidenciales con aspiración reeleccionista de Juan Manuel Santos, pero el asunto mayor seguirá siendo la paz, y ahora que se dice estar más cerca, todo está por verse.
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Por María del Rosario Arrázola
