Desarticulación estatal, el talón de Aquiles en la atención a mujeres víctimas de violencia

La situación de las mujeres en época de pandemia es diferente a la de los hombres y esto se ha comprobado con el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus en el país y el aumento de las llamadas a las líneas especializadas para recibir denuncias sobre algún tipo de violencia. La cuarentena también fue adoptada en otros países que confirman de la necesidad de hablar de enfoque diferencial por el impacto del COVID-19.

Preocupados por la situación de las mujeres colombianas, los representantes Adriana Matiz (Partido Conservador) y José Daniel López (Cambio Radical) citaron al primer debate de control político virtual de todo el Congreso al Ministerio de Justicia, de Salud, el Instituto de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, así como invitaron a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Secretaría de la Mujer de la Mujer para indagar qué está haciendo cada una de esas instituciones por articular el trabajo para resolver la situación de las ciudadanas que han denunciado algún tipo de violencia para evitar el escalonamiento de la misma que pueda terminar en trágicos casos de feminicidios.

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Y la pregunta cobra la mayor relevancia cuando en el período entre 2008 y 2018 se registraron 2.671 feminicidios de mujer que ya habían alertado a las autoridades de algún tipo de violencia contra ellas, según comentó el representante López y que llamó como un fenómeno de “muertes anunciadas”. Esto sin contar los crímenes contra las colombianas que no interpusieron una denuncia en el que advirtieran de un posible riesgo de sus vidas.

Además de esto, para los representantes citantes del debate preocupa el hecho de que contando ya con una denuncia, la respuesta a la víctima termine siendo un proceso tortuoso que al final le otorga más impunidad a sus agresores.

“Cada entidad se asegura de cumplir por ley lo que le corresponde. El enfoque está en cumplir y no en la integración institucional para generar resultados y evitar que escale la violencia”, denuncia López, poniendo en evidencia que un hecho que materializa lo que dice son las cifras disímiles que cada despacho relacionado con la atención de mujeres víctimas de alguna violencia maneja y expone.

Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el número distinto que maneja Fiscalía, Medicina Legal y Policía de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en un período de nueve años: 505.404, 551.408 y 438.657 casos que reporta cada institución en el orden que fueron mencionadas.

Este accionar, al que en el debate se le dio el nombre de comportamiento insular (de isla, es decir, separado), pone de manifiesto las dificultades que tienen las víctimas en todo el proceso burocrático, desde la denuncia hasta el cierre del caso con una condena, en el mejor de los casos.

También: Llamadas para reportar violencia intrafamiliar se han disparado en esta cuarentena. 

“Una mujer debe de dirigirse entre cinco y diez entidades durante todo el proceso para gestionar su caso, debe de contar su historia, por lo menos, a diez funcionarios. Es revivir con cada relato una historia dolorosa. Adicional a la dificultad emocional y psicológica, debe de dedicar 20 días para hacer trámites relacionados a su denuncia. Y para que existan sentencias de fondo en la rama judicial, en el mejor escenario, debe esperar año y medio”, fue la radiografía que dio el representante de Cambio Radical.

Pero eso no es todo, la ruta de atención a la víctima, según expuso su compañera Matiz, también cuenta con muchos obstáculos, que ahora en época de cuarentena se complejizan más debido a que las mujeres están conviviendo con sus agresores por cuenta del aislamiento obligatorio. Situación que les imposibilita hacer una llamada o desplazarse hasta una Comisaría de Familia (que sigue operando con normalidad por orden del decreto 460) para hacer la respectiva denuncia.

En la exposición de la representante conservadora el panorama de las Comisarías, que es la mayoría de las veces la puerta de entrada para la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas es sombría y desde ya el Ministerio de Justicia aseguró que está trabajando en un proyecto de ley para estructurar estas entidades que dependen de los entes territoriales, muchos de ellos sin la capacidad económica para asegurar el funcionamiento eficaz de estos.

“Las Comisaría están trabajando en condiciones precarias, no cuentan con las herramientas suficientes para atender a las víctimas y son bajas las probabilidades de que sus agresores sean penalizado porque no todos sus casos llegan a la Fiscalía”, fue la antesala a las cifras que compartió de un informe entregado por la Procuraduría que es el espejo de la realidad que viven estos despachos.

Por mencionar algunas, de las 1.273 Comisarías, al 31% se les asignan funciones que no les corresponden, como inspectores de policía o secretarías de despacho, impidiendo su libre operación de su misión. Así mismo, el 74.8% de estas tienen indicadores de infraestructura deficiente, lo que dificulta la prestación de sus servicios. A nivel de herramientas de trabajo, el 41.2% no cuentan con un celular; y el 45% de ellas llevan registros en un libro indicador, en otras palabras, no tienen un computador o un sistema para llevar los casos.

También, del universo de la Comisaría, 133 manifestaron no conocer ninguna convención sobre la eliminación de cualquier violencia contra la mujer (como la CEDAW de Naciones Unidas o la de Belém do Pará de la OEA). Otro asunto rescatable, es la falta de seguimiento a las medidas interpuestas por los comisarios y el engavetamiento de muchos casos que no llegaron a conocerse a instancias de la Fiscalía.

Y en cuanto a la Fiscalía, Matiz tampoco dejó de resaltar cifras preocupantes: De 2015 a 2020, de los más de 500.000 casos de violencia intrafamiliar, 382.000 fueron archivados, y solo el 2.12% de las indagaciones relacionadas al tema llegaron a tener una condena.

Toda esta situación hasta ahora expuesta se ha multiplicado en tiempo de cuarentena, en el que se alertó de las dificultades para acceder a una atención, los tiempos de espera que deben tener las mujeres para comunicarse con alguien en las líneas 155 (a nivel nacional) y 122 (de la Fiscalía) y la misma respuesta que le dan a estas: acercarse a la Comisaría de Familia más cerca, con las implicaciones ya mencionadas sobre el funcionamiento de estas entidades.

Como bien lo dijo el representante López al finalizar el debate sobre las respuestas de los representantes estatales: “Veo sensibilidad y voluntad, pero debo decirlo con preocupación, no veo liderazgo suficiente para la articulación del seguimiento que requiere la superación de este flagelo”, señaló.

Es decir, en vez de responder e ilustrar cuál es la estrategia para que el trabajo sea articulado e interdisciplinar, cada miembro del Estado mencionó qué están haciendo para la atención a víctimas y se mencionó sin mayor profundización cómo es el trabajo armónico entre unos y otros.

Por ejemplo, Margarita Cabello, ministra de Justicia, habló de la necesidad de acompañar el cuerpo normativo vigente con estrategias de educación para atacar las violencias de género simbólicas producidas por una sociedad machista. Y la viceministra de su despacho, Juanita López, compartió la columna vertebral del proyecto de ley para reestructurar las Comisarías de Familia para mejorar la situación que ilustró la representante Matiz.

La consejera para asunto de la Mujer, Gheidy Gallo, habló de una estrategia entre varios despachos del Gobierno, un mecanismo articulador, en el que solo mencionó los ejes temáticos que se están trabajando: prevención, atención, acceso a la justicia y sistema de estadísticas. Este último, reconoció el reto que implica la unificación de cifras y el trabajo que se está haciendo, sin dar más detalle. También mencionó el seguimiento diario que están teniendo con las alcaldías capitales y el acompañamiento que les están dando para que estas cuenten con una línea propia.

Así como ella, desde el ICBF, Ministerio de Salud, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría mencionaron las acciones que se están haciendo en torno a atender los casos de violencia, así como las capacitaciones en el tema diferencial que están haciendo a sus funcionarios.

Por eso, después de más de horas de debate las preguntas siguieron en el aire, ¿cómo romper la cadena de violencias contra la mujer cuando esta ya ha denunciado?, más allá de iniciativas y estrategias, ¿qué significa una articulación estatal?, ¿cómo aterrizar las reuniones de representantes de las autoridades competentes en el tema, en las que se acuerdan metodologías de articulación, a la situación cotidiana que vive una mujer víctima que denuncia y transita por un camino burocrático para restablecer sus derechos?  

La situación de las mujeres en época de pandemia es diferente a la de los hombres y esto se ha comprobado con el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus en el país y el aumento de las llamadas a las líneas especializadas para recibir denuncias sobre algún tipo de violencia. La cuarentena también fue adoptada en otros países que confirman de la necesidad de hablar de enfoque diferencial por el impacto del COVID-19.

Preocupados por la situación de las mujeres colombianas, los representantes Adriana Matiz (Partido Conservador) y José Daniel López (Cambio Radical) citaron al primer debate de control político virtual de todo el Congreso al Ministerio de Justicia, de Salud, el Instituto de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, así como invitaron a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Secretaría de la Mujer de la Mujer para indagar qué está haciendo cada una de esas instituciones por articular el trabajo para resolver la situación de las ciudadanas que han denunciado algún tipo de violencia para evitar el escalonamiento de la misma que pueda terminar en trágicos casos de feminicidios.

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Y la pregunta cobra la mayor relevancia cuando en el período entre 2008 y 2018 se registraron 2.671 feminicidios de mujer que ya habían alertado a las autoridades de algún tipo de violencia contra ellas, según comentó el representante López y que llamó como un fenómeno de “muertes anunciadas”. Esto sin contar los crímenes contra las colombianas que no interpusieron una denuncia en el que advirtieran de un posible riesgo de sus vidas.

Además de esto, para los representantes citantes del debate preocupa el hecho de que contando ya con una denuncia, la respuesta a la víctima termine siendo un proceso tortuoso que al final le otorga más impunidad a sus agresores.

“Cada entidad se asegura de cumplir por ley lo que le corresponde. El enfoque está en cumplir y no en la integración institucional para generar resultados y evitar que escale la violencia”, denuncia López, poniendo en evidencia que un hecho que materializa lo que dice son las cifras disímiles que cada despacho relacionado con la atención de mujeres víctimas de alguna violencia maneja y expone.

Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el número distinto que maneja Fiscalía, Medicina Legal y Policía de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en un período de nueve años: 505.404, 551.408 y 438.657 casos que reporta cada institución en el orden que fueron mencionadas.

Este accionar, al que en el debate se le dio el nombre de comportamiento insular (de isla, es decir, separado), pone de manifiesto las dificultades que tienen las víctimas en todo el proceso burocrático, desde la denuncia hasta el cierre del caso con una condena, en el mejor de los casos.

También: Llamadas para reportar violencia intrafamiliar se han disparado en esta cuarentena. 

“Una mujer debe de dirigirse entre cinco y diez entidades durante todo el proceso para gestionar su caso, debe de contar su historia, por lo menos, a diez funcionarios. Es revivir con cada relato una historia dolorosa. Adicional a la dificultad emocional y psicológica, debe de dedicar 20 días para hacer trámites relacionados a su denuncia. Y para que existan sentencias de fondo en la rama judicial, en el mejor escenario, debe esperar año y medio”, fue la radiografía que dio el representante de Cambio Radical.

Pero eso no es todo, la ruta de atención a la víctima, según expuso su compañera Matiz, también cuenta con muchos obstáculos, que ahora en época de cuarentena se complejizan más debido a que las mujeres están conviviendo con sus agresores por cuenta del aislamiento obligatorio. Situación que les imposibilita hacer una llamada o desplazarse hasta una Comisaría de Familia (que sigue operando con normalidad por orden del decreto 460) para hacer la respectiva denuncia.

En la exposición de la representante conservadora el panorama de las Comisarías, que es la mayoría de las veces la puerta de entrada para la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas es sombría y desde ya el Ministerio de Justicia aseguró que está trabajando en un proyecto de ley para estructurar estas entidades que dependen de los entes territoriales, muchos de ellos sin la capacidad económica para asegurar el funcionamiento eficaz de estos.

“Las Comisaría están trabajando en condiciones precarias, no cuentan con las herramientas suficientes para atender a las víctimas y son bajas las probabilidades de que sus agresores sean penalizado porque no todos sus casos llegan a la Fiscalía”, fue la antesala a las cifras que compartió de un informe entregado por la Procuraduría que es el espejo de la realidad que viven estos despachos.

Por mencionar algunas, de las 1.273 Comisarías, al 31% se les asignan funciones que no les corresponden, como inspectores de policía o secretarías de despacho, impidiendo su libre operación de su misión. Así mismo, el 74.8% de estas tienen indicadores de infraestructura deficiente, lo que dificulta la prestación de sus servicios. A nivel de herramientas de trabajo, el 41.2% no cuentan con un celular; y el 45% de ellas llevan registros en un libro indicador, en otras palabras, no tienen un computador o un sistema para llevar los casos.

También, del universo de la Comisaría, 133 manifestaron no conocer ninguna convención sobre la eliminación de cualquier violencia contra la mujer (como la CEDAW de Naciones Unidas o la de Belém do Pará de la OEA). Otro asunto rescatable, es la falta de seguimiento a las medidas interpuestas por los comisarios y el engavetamiento de muchos casos que no llegaron a conocerse a instancias de la Fiscalía.

Y en cuanto a la Fiscalía, Matiz tampoco dejó de resaltar cifras preocupantes: De 2015 a 2020, de los más de 500.000 casos de violencia intrafamiliar, 382.000 fueron archivados, y solo el 2.12% de las indagaciones relacionadas al tema llegaron a tener una condena.

Toda esta situación hasta ahora expuesta se ha multiplicado en tiempo de cuarentena, en el que se alertó de las dificultades para acceder a una atención, los tiempos de espera que deben tener las mujeres para comunicarse con alguien en las líneas 155 (a nivel nacional) y 122 (de la Fiscalía) y la misma respuesta que le dan a estas: acercarse a la Comisaría de Familia más cerca, con las implicaciones ya mencionadas sobre el funcionamiento de estas entidades.

Como bien lo dijo el representante López al finalizar el debate sobre las respuestas de los representantes estatales: “Veo sensibilidad y voluntad, pero debo decirlo con preocupación, no veo liderazgo suficiente para la articulación del seguimiento que requiere la superación de este flagelo”, señaló.

Es decir, en vez de responder e ilustrar cuál es la estrategia para que el trabajo sea articulado e interdisciplinar, cada miembro del Estado mencionó qué están haciendo para la atención a víctimas y se mencionó sin mayor profundización cómo es el trabajo armónico entre unos y otros.

Por ejemplo, Margarita Cabello, ministra de Justicia, habló de la necesidad de acompañar el cuerpo normativo vigente con estrategias de educación para atacar las violencias de género simbólicas producidas por una sociedad machista. Y la viceministra de su despacho, Juanita López, compartió la columna vertebral del proyecto de ley para reestructurar las Comisarías de Familia para mejorar la situación que ilustró la representante Matiz.

La consejera para asunto de la Mujer, Gheidy Gallo, habló de una estrategia entre varios despachos del Gobierno, un mecanismo articulador, en el que solo mencionó los ejes temáticos que se están trabajando: prevención, atención, acceso a la justicia y sistema de estadísticas. Este último, reconoció el reto que implica la unificación de cifras y el trabajo que se está haciendo, sin dar más detalle. También mencionó el seguimiento diario que están teniendo con las alcaldías capitales y el acompañamiento que les están dando para que estas cuenten con una línea propia.

Así como ella, desde el ICBF, Ministerio de Salud, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría mencionaron las acciones que se están haciendo en torno a atender los casos de violencia, así como las capacitaciones en el tema diferencial que están haciendo a sus funcionarios.

Por eso, después de más de horas de debate las preguntas siguieron en el aire, ¿cómo romper la cadena de violencias contra la mujer cuando esta ya ha denunciado?, más allá de iniciativas y estrategias, ¿qué significa una articulación estatal?, ¿cómo aterrizar las reuniones de representantes de las autoridades competentes en el tema, en las que se acuerdan metodologías de articulación, a la situación cotidiana que vive una mujer víctima que denuncia y transita por un camino burocrático para restablecer sus derechos?