Las demoras en la reconstrucción de Providencia, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020, fueron objeto de debate durante una audiencia pública que se desarrolló en la isla. La senadora Norma Hurtado (Partido de la U), presidenta de la Comisión VII del Senado, lideró la conversación entre el Gobierno, actores políticos y líderes comunitarios de la isla, para conocer el estado de las obras de reconstrucción y restructuración.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
En medio de la audiencia, la senadora Hurtado pidió incluir en el proyecto de Presupuesto General para 2023 un rubro que se destine a la inversión en mejoras de vivienda, saneamiento básico y salud, no solo para Providencia sino también para las islas de San Andrés y Santa Catalina. “Vinimos a Providencia para que el Gobierno asegure los recursos necesarios para su reconstrucción”, dijo la senadora durante la audiencia.
De la audiencia participaron la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, los viceministros de Salud, representantes del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), entre otros. Desde el Gobierno nacional, destacaron que el proyecto de reconstrucción de viviendas tiene un valor que supera los $646 mil millones, pero es claro que el proceso tiene al menos mes y medio de retraso.
Respecto a los pagos que se han hecho, durante la audiencia se destacó el valor de la intervención, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, que supera los $412 mil millones y los más de $10 mil millones que se ha desembolsado en apoyo de las fuerzas militares en las labores de reconstrucción. También se mencionó la necesidad de invertir más de $353 mil millones en el plan maestro de acueducto y otros proyectos necesarios para garantizar el acceso al agua, como planes de dragado del embalse de agua dulce y la optimización de las plantas de tratamiento.
De acuerdo con la senadora Hurtado, la visita fue clave para conocer el estado de las obras y escuchar las necesidades de la comunidad. “Conocimos de primera mano el estado de las escuelas, escenarios deportivos y culturales, posadas y restaurantes, así como, el aeropuerto El Embrujo, el reforzamiento del sistema de acueducto, las obras del hospital, zonas deportivas, las obras de alcantarillado y saneamiento básico, y diversas áreas comunes, a las que les da uso la comunidad isleña”, mencionó la congresista de La U.
La reconstrucción de la isla ha sido amplio objeto de debate, aún más desde que el presidente Gustavo Petro habló sobre las demoras y dificultades del proceso, como, según dijo en una visita que hizo el pasado 21 de agosto, los sobrecostos en las viviendas y no haber tenido en cuenta a los raizales. Según el mandatario, cada casa reconstruida tuvo un costo promedio de $600 millones, que según él hubiera sido inferior si se hubiera tenido en cuenta en el proceso a la comunidad raizal.
“¿Por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa de concreto $600 millones? Pregunté a quiénes se han encargado del proceso y me dijeron básicamente que era por el costo de trasladar los materiales en barcazas a la isla de Providencia aunque parte de ese costo fue asumido por la misma Armada Nacional que ayudó en el traslado. Ese valor explica lo que ha pasado allí. Ni se tuvo en cuenta a la comunidad raizal, ni en su cultura arquitectónica”, dijo en su momento Petro, quien calificó la reconstrucción como “una imposición” del anterior Gobierno.
Tras las críticas del mandatario, el consorcio que reconstruye las 330 viviendas de Providencia se pronunció por medio de un comunicado en el que detalló que se puso a “disposición toda la experiencia y capacidad de los constructores sin recibir dinero por concepto de honorarios y sin orientar la gestión a obtener retribución económica ni utilidad dineraria alguna”. Y aclararon que, por contrato, deben seguir las instrucciones de Findeter y Fiduagraria.
