Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Pasado más de un mes desde que el Gobierno expidió el decreto que revivió la aspersión aérea con glifosato, sumado al visto bueno que recibió el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que presentó la Policía Nacional para asperjar, este jueves se conoció que, desde el Congreso de la República, fue presentada una demanda que pretende tumbar la iniciativa.
Lea también: Examen al decreto del glifosato: ¿cumple con las órdenes de la Corte Constitucional?
La demanda de nulidad fue radicada ante el Consejo de Estado y busca que se declare nulo el Decreto 380 de 2021, que autorizó el regreso de la aspersión aérea con glifosato en Colombia.
Según se argumenta en el recurso –presentado por el representante a la Cámara, Carlos Ardila–, el presidente Iván Duque no tendría la competencia para reglamentar, sin la expedición previa de una ley de la República, un decreto de ese calibre.
“Se estaría reglamentando directamente una sentencia judicial de la Corte Constitucional y no una ley de la República, y ello desconoce el sistema de fuentes del derecho establecido por la Constitución Política”, explicó el congresista.
En la demanda se advierte además que se estarían atentando contra los mecanismos de protección y reivindicación de derechos, los cuales podrían ser vulnerados por cuenta de la aspersión aérea de herbicidas en la lucha contra los cultivos ilícitos. A ello se suma, insistió Ardila, una violación al derecho fundamental a la consulta previa.
Lea también: El informe sobre salud y glifosato que pocos quieren leer
“Se vulnera también el principio de reserva legal, ya que el decreto no permite la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración de los informes en salud y medio ambiente que deberán formular las autoridades correspondientes, y viola el principio de independencia y separación de poderes, y la competencia del Congreso de la República para expedir las leyes”, explicó el representante.
En la demanda, que fue respaldada por varios representantes y diputados del departamento de Putumayo, se reclama que el decreto no es claro al determinar la manera en que se aplicará el principio de precaución y da a entender que “aún en presencia de riesgos o sospecha razonable de riesgos excesivos a la salud, de cualquier modo se podrá seguir asperjando y realizando la actividad riesgosa”, precisó Ardila.
