Desencuentros y encuentros en Cuba

Las continuas declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez respecto a los viajes de funcionarios y particulares a La Habana (Cuba) para entrevistarse con la delegación de las Farc, han desatado una tormenta política. Ayer el vendaval tocó territorio insular y los delegados de la guerrilla en la mesa de diálogos salieron a hacer frente al debate.

“Resulta ahora que visitar La Habana es un delito. Resulta ahora que estar de acuerdo con la realización de una asamblea nacional constituyente como mecanismo de refrendación de la paz es un crimen. ¿Dónde está la democracia?”, reclamó el comandante insurgente Rodrigo Granda antes de ingresar al Palacio de Convenciones de La Habana, donde se adelanta la decimoquinta ronda de diálogos entre las Farc y el Gobierno.

El origen de tal reacción fueron las afirmaciones del procurador Ordóñez de que un grupo de concejales había viajado a Cuba sin autorización del presidente, lo cual podría ser motivo de sanciones. Y el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, avivó el fuego al señalar esta semana que “hay una preocupación válida del Gobierno, especialmente por la interferencia en el proceso por parte de Álvaro Leyva Durán. Los particulares que se están desplazando a La Habana a reunirse con las Farc para hablar del proceso y de mecanismos de refrendación, y lo hacen sin autorización del Gobierno, están entorpeciendo el proceso de paz”.

Fue precisamente en defensa del exministro Leyva que se pronunció la delegación de paz de la guerrilla, pidiendo que no se amenace con judicializar a quien está luchando por lograr la paz, pues esto no brinda garantías a las personas que piensan distinto al Gobierno.

“Es el caso de la persecución y estigmatización que se ha desatado de manera implacable contra el exministro Álvaro Leyva Durán, un hombre que por tres décadas ha permanecido activo en la tarea laudable de buscar caminos que nos conduzcan a la finalización de la guerra y el desangre de la patria”, afirmó Granda.

El jefe guerrillero recordó las declaraciones del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien dijo que “no es un delito acudir a La Habana sin permiso del presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla de las Farc o con el Eln en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están específicamente señaladas en el Código Penal. Hay una prohibición, pero no es una prohibición que conduzca a conductas penales”.

El trasfondo de las declaraciones sobre los visitantes a La Habana tiene implicaciones políticas, pues en estos momentos se espera la autorización del presidente Santos para que una delegación de los partidos políticos pueda viajar a la mesa de diálogos para intercambiar ideas con las delegaciones de paz. Esta sería la segunda vez que se realice un viaje de esta especie, pues en marzo de 2013 un grupo de parlamentarios se desplazó hasta la isla.

Sin embargo, el procurador ha puesto la lupa sobre estas comisiones y en una carta a los presidentes de Senado y Cámara exige que se le expliquen el objeto y los parámetros jurídicos del viaje, y cuáles serán los criterios para escoger quién va. Al mismo tiempo, el exministro Álvaro Leyva se defendió de las acusaciones de Cristo y concluyó: “Resulta que ahora soy un gran saboteador porque soy amigo de la constituyente. Eso no puede ser así. Eso es un atropello a un ciudadano que tiene derechos y deberes”.

Las continuas declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez respecto a los viajes de funcionarios y particulares a La Habana (Cuba) para entrevistarse con la delegación de las Farc, han desatado una tormenta política. Ayer el vendaval tocó territorio insular y los delegados de la guerrilla en la mesa de diálogos salieron a hacer frente al debate.

“Resulta ahora que visitar La Habana es un delito. Resulta ahora que estar de acuerdo con la realización de una asamblea nacional constituyente como mecanismo de refrendación de la paz es un crimen. ¿Dónde está la democracia?”, reclamó el comandante insurgente Rodrigo Granda antes de ingresar al Palacio de Convenciones de La Habana, donde se adelanta la decimoquinta ronda de diálogos entre las Farc y el Gobierno.

El origen de tal reacción fueron las afirmaciones del procurador Ordóñez de que un grupo de concejales había viajado a Cuba sin autorización del presidente, lo cual podría ser motivo de sanciones. Y el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, avivó el fuego al señalar esta semana que “hay una preocupación válida del Gobierno, especialmente por la interferencia en el proceso por parte de Álvaro Leyva Durán. Los particulares que se están desplazando a La Habana a reunirse con las Farc para hablar del proceso y de mecanismos de refrendación, y lo hacen sin autorización del Gobierno, están entorpeciendo el proceso de paz”.

Fue precisamente en defensa del exministro Leyva que se pronunció la delegación de paz de la guerrilla, pidiendo que no se amenace con judicializar a quien está luchando por lograr la paz, pues esto no brinda garantías a las personas que piensan distinto al Gobierno.

“Es el caso de la persecución y estigmatización que se ha desatado de manera implacable contra el exministro Álvaro Leyva Durán, un hombre que por tres décadas ha permanecido activo en la tarea laudable de buscar caminos que nos conduzcan a la finalización de la guerra y el desangre de la patria”, afirmó Granda.

El jefe guerrillero recordó las declaraciones del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien dijo que “no es un delito acudir a La Habana sin permiso del presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla de las Farc o con el Eln en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están específicamente señaladas en el Código Penal. Hay una prohibición, pero no es una prohibición que conduzca a conductas penales”.

El trasfondo de las declaraciones sobre los visitantes a La Habana tiene implicaciones políticas, pues en estos momentos se espera la autorización del presidente Santos para que una delegación de los partidos políticos pueda viajar a la mesa de diálogos para intercambiar ideas con las delegaciones de paz. Esta sería la segunda vez que se realice un viaje de esta especie, pues en marzo de 2013 un grupo de parlamentarios se desplazó hasta la isla.

Sin embargo, el procurador ha puesto la lupa sobre estas comisiones y en una carta a los presidentes de Senado y Cámara exige que se le expliquen el objeto y los parámetros jurídicos del viaje, y cuáles serán los criterios para escoger quién va. Al mismo tiempo, el exministro Álvaro Leyva se defendió de las acusaciones de Cristo y concluyó: “Resulta que ahora soy un gran saboteador porque soy amigo de la constituyente. Eso no puede ser así. Eso es un atropello a un ciudadano que tiene derechos y deberes”.