Desminado, ¿punto de discordia?

“Las minas no saben de treguas ni de ceses. Las minas continúan causando heridos y muertos porque para ello están construidas. Y eso no cambiará mientras el Gobierno y las Farc —e igualmente el Eln— no construyan un acuerdo especial que permita la limpieza de estos artefactos explosivos de los territorios”. Lo dice Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM). Un asunto clave ahora que en la mesa de paz de La Habana (Cuba) se habla del desescalamiento del conflicto y se insiste en la necesidad de que la guerrilla dé verdaderas muestras en ese sentido.

Y es que, según la CCCM, desde 1990 hasta diciembre de 2014 se registró un total de 11.006 víctimas de minas. De estas, 4.219 son población civil y 6.787 miembros de la Fuerza Pública. A partir del 20 de diciembre del año pasado, cuando las Farc decretaron el cese del fuego unilateral, cinco personas han resultado afectadas por estos artefactos, entre ellos un menor de 14 años, en la vereda Las Culebras del municipio de Montecristo, sur de Bolívar, quien murió por las graves heridas. El acuerdo especial que se plantea apunta a que antes que se firme la paz, se haga la limpieza de minas y remanentes explosivos de guerra en 57 zonas ya identificadas en 10 departamentos del país.

Sin embargo, las posiciones parecen no estar muy claras en la mesa de diálogos o, al menos, ha dado para malos entendidos. Ayer, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, les salió al paso a unas declaraciones de Pastor Alape, miembro de la delegación guerrillera, quien preguntado por periodistas sobre el asunto del desminado, expresó: “Esperamos que en la mesa tratemos esos temas para no ponernos aquí a hacer debate en ese sentido, esos son temas de la mesa”.

No se sabe qué entendió o qué le contaron a De la Calle, pero rompiendo la costumbre de no responder a lo que dice la guerrilla por fuera de las negociaciones, indicó: “Eso no es ninguna especulación, es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace meses (...) hay que darle claridad a la opinión pública sobre el deseo del Gobierno y la necesidad de que se proceda en esos gestos, en particular el tema del desminado, que sabemos es crucial para muchas poblaciones”.

De hecho, hace tres días, antes de viajar a Cuba para el nuevo ciclo de conversaciones, el jefe negociador del Gobierno defendió la maniobra de desminado en el marco del Hay Festival de Cartagena. Ahí, en un diálogo con la premio nobel de Paz Jody Williams, la estadounidense reclamó comenzar con el desminado, incluso antes de firmar un acuerdo definitivo, y propuso elegir espacios para que Ejército y Farc trabajen en conjunto y de inmediato para retirar las minas.

A mediados de enero, el mismo Pastor Alape, en entrevista para El Colombiano, manifestó que las Farc sí tenían plena “disposición de desarrollar gestos” para demostrar su compromiso “con la construcción de una paz estable y duradera”, y que estaban planteando lo de las minas: “Sí vamos a tomar una decisión de desminar y hacer unos desminados”. Aunque aclaró también que las cosas tienen que ser de parte y parte. “¿Cuáles son los gestos del Gobierno frente a la crisis humanitaria tan profunda que hay en Colombia?”, preguntó.

Y también ayer, en un comunicado titulado “¿Qué significa todo esto, señor presidente?”, el Secretariado de las Farc le reclamó al jefe de Estado por recientes declaraciones de miembros del alto gobierno negando la existencia de grupos paramilitares, y recalcando que entrar a discutir sobre asuntos como el desminado o la violencia sexual en medio de la guerra no representa ningún problema, “siempre que sean atendidas las dificultades presentadas en ambos bandos”.

No queda claro a qué tipo de dificultades se refiere, pero la guerrilla pidió que sea tenida en cuenta la actitud ya mostrada con el cumplimiento del cese del fuego unilateral, lo cual “ha contribuido a que las víctimas de la confrontación sean cada día menos” y sugiere que “una actitud semejante por parte del Estado haría más prontamente realizable el viejo anhelo de poner fin a los sufrimientos del pueblo colombiano”.

Lo cierto es que así se hable de buena voluntad, es utópico pensar que las Farc cuentan con un mapa preciso de las minas sembradas. Por eso, como lo plantea el analista Alejandro Reyes Posada, deben ser las mismas comunidades las que asuman la tarea del desminado como asunto propio, mientras que el Gobierno debería convertir en una agencia operativa con autonomía de funcionamiento el Programa de Acción contra Minas y convocar la cooperación internacional.

Hay otras propuestas, como la de la Fedeseguridad, en el sentido de que se les brinde a las empresas de vigilancia y seguridad privada la posibilidad de participar en el desminado. Con un ingrediente adicional: la posibilidad de contratar a los eventuales reinsertados de los grupos armados ilegales y capacitarlos para que hagan el trabajo de campo no técnico, requerido para identificar y desactivar minas antipersonal. De esta manera, además de brindarles una opción laboral, se les permite realizar una labor de reparación hacia la sociedad.

Más allá de las interpretaciones, el cruce de declaraciones deja la sensación de que existe la disposición de las partes de afrontar el tema. Y aunque, como lo dice la CCCM, los registros de nuevas víctimas por minas antipersonal están disminuyendo, es vital la construcción de un consenso antes de que se firme la paz, pues por ahora no hay certeza de cuándo se llegará a un acuerdo definitivo, cuándo los colombianos lo ratificarán y cuándo empezará a implementarse en las regiones.

“Las minas no saben de treguas ni de ceses. Las minas continúan causando heridos y muertos porque para ello están construidas. Y eso no cambiará mientras el Gobierno y las Farc —e igualmente el Eln— no construyan un acuerdo especial que permita la limpieza de estos artefactos explosivos de los territorios”. Lo dice Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM). Un asunto clave ahora que en la mesa de paz de La Habana (Cuba) se habla del desescalamiento del conflicto y se insiste en la necesidad de que la guerrilla dé verdaderas muestras en ese sentido.

Y es que, según la CCCM, desde 1990 hasta diciembre de 2014 se registró un total de 11.006 víctimas de minas. De estas, 4.219 son población civil y 6.787 miembros de la Fuerza Pública. A partir del 20 de diciembre del año pasado, cuando las Farc decretaron el cese del fuego unilateral, cinco personas han resultado afectadas por estos artefactos, entre ellos un menor de 14 años, en la vereda Las Culebras del municipio de Montecristo, sur de Bolívar, quien murió por las graves heridas. El acuerdo especial que se plantea apunta a que antes que se firme la paz, se haga la limpieza de minas y remanentes explosivos de guerra en 57 zonas ya identificadas en 10 departamentos del país.

Sin embargo, las posiciones parecen no estar muy claras en la mesa de diálogos o, al menos, ha dado para malos entendidos. Ayer, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, les salió al paso a unas declaraciones de Pastor Alape, miembro de la delegación guerrillera, quien preguntado por periodistas sobre el asunto del desminado, expresó: “Esperamos que en la mesa tratemos esos temas para no ponernos aquí a hacer debate en ese sentido, esos son temas de la mesa”.

No se sabe qué entendió o qué le contaron a De la Calle, pero rompiendo la costumbre de no responder a lo que dice la guerrilla por fuera de las negociaciones, indicó: “Eso no es ninguna especulación, es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace meses (...) hay que darle claridad a la opinión pública sobre el deseo del Gobierno y la necesidad de que se proceda en esos gestos, en particular el tema del desminado, que sabemos es crucial para muchas poblaciones”.

De hecho, hace tres días, antes de viajar a Cuba para el nuevo ciclo de conversaciones, el jefe negociador del Gobierno defendió la maniobra de desminado en el marco del Hay Festival de Cartagena. Ahí, en un diálogo con la premio nobel de Paz Jody Williams, la estadounidense reclamó comenzar con el desminado, incluso antes de firmar un acuerdo definitivo, y propuso elegir espacios para que Ejército y Farc trabajen en conjunto y de inmediato para retirar las minas.

A mediados de enero, el mismo Pastor Alape, en entrevista para El Colombiano, manifestó que las Farc sí tenían plena “disposición de desarrollar gestos” para demostrar su compromiso “con la construcción de una paz estable y duradera”, y que estaban planteando lo de las minas: “Sí vamos a tomar una decisión de desminar y hacer unos desminados”. Aunque aclaró también que las cosas tienen que ser de parte y parte. “¿Cuáles son los gestos del Gobierno frente a la crisis humanitaria tan profunda que hay en Colombia?”, preguntó.

Y también ayer, en un comunicado titulado “¿Qué significa todo esto, señor presidente?”, el Secretariado de las Farc le reclamó al jefe de Estado por recientes declaraciones de miembros del alto gobierno negando la existencia de grupos paramilitares, y recalcando que entrar a discutir sobre asuntos como el desminado o la violencia sexual en medio de la guerra no representa ningún problema, “siempre que sean atendidas las dificultades presentadas en ambos bandos”.

No queda claro a qué tipo de dificultades se refiere, pero la guerrilla pidió que sea tenida en cuenta la actitud ya mostrada con el cumplimiento del cese del fuego unilateral, lo cual “ha contribuido a que las víctimas de la confrontación sean cada día menos” y sugiere que “una actitud semejante por parte del Estado haría más prontamente realizable el viejo anhelo de poner fin a los sufrimientos del pueblo colombiano”.

Lo cierto es que así se hable de buena voluntad, es utópico pensar que las Farc cuentan con un mapa preciso de las minas sembradas. Por eso, como lo plantea el analista Alejandro Reyes Posada, deben ser las mismas comunidades las que asuman la tarea del desminado como asunto propio, mientras que el Gobierno debería convertir en una agencia operativa con autonomía de funcionamiento el Programa de Acción contra Minas y convocar la cooperación internacional.

Hay otras propuestas, como la de la Fedeseguridad, en el sentido de que se les brinde a las empresas de vigilancia y seguridad privada la posibilidad de participar en el desminado. Con un ingrediente adicional: la posibilidad de contratar a los eventuales reinsertados de los grupos armados ilegales y capacitarlos para que hagan el trabajo de campo no técnico, requerido para identificar y desactivar minas antipersonal. De esta manera, además de brindarles una opción laboral, se les permite realizar una labor de reparación hacia la sociedad.

Más allá de las interpretaciones, el cruce de declaraciones deja la sensación de que existe la disposición de las partes de afrontar el tema. Y aunque, como lo dice la CCCM, los registros de nuevas víctimas por minas antipersonal están disminuyendo, es vital la construcción de un consenso antes de que se firme la paz, pues por ahora no hay certeza de cuándo se llegará a un acuerdo definitivo, cuándo los colombianos lo ratificarán y cuándo empezará a implementarse en las regiones.