En 2021, el Congreso aprobó el proyecto que busca otorgarles alternativas de penas a las madres cabeza de familia. Sin embargo, solo hasta este 8 de marzo de 2023, Día de la Mujer, la ley entró en vigor. El presidente Gustavo Petro la sancionó este miércoles, después de dos años de su aprobación. Pero, ¿por qué tomó tanto tiempo para que entrara en vigor?
La iniciativa fue impulsada por la entonces representante Juanita Goebertus y pretendía que más de 5.000 mujeres a cargo de sus hogares pudieran conmutar la pena en centro carcelario por servicios comunitarios no remunerados. Este proyecto fue del agrado de la mayoría del Congreso, que le dio debate sin mayores contratiempos. Solo tuvo algunos reparos del Centro Democrático.
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Sin embargo, cuando el proyecto pasó a sanción presidencial, el entonces primer mandatario, Iván Duque, presentó objeciones constitucionales. Para este, no se podía conmutar las penas para mujeres que hubiese cometido delitos como hurto agravado, concierto para delinquir o narcotráfico. También cuestionó que los beneficios se aplicaran para penas entre los 6 y 8 años.
En su momento, la representante Goebertus, hoy relatora para las Américas de Human Rights Watch, cuestionó la postura presidencial, pues le quitaba dientes al proyecto. “Dejaría por fuera de la aplicación al 91% de las mujeres que están privadas de la libertad”, fue la crítica de Goebertus en ese tiempo. Sin importar los reparos, el presidente envió el proyecto a revisión de la Corte Constitucional. El alto tribunal rechazó los argumentos presidenciales y devolvió el proyecto al Congreso.
El legislativo hizo los ajustes y le tocó el turno a Gustavo Petro para sancionarla, lo que hizo en la jornada del Día de la mujer. El primer mandatario destacó que, con esta ley, más de 5.000 mujeres cabeza de familia podrán sustituir sus penas en centros carcelarios por servicios que beneficien a la comunidad en áreas como la educación, restauración ambiental, recuperación del espacio público, entre otras áreas.
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“Este es el proyecto que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como presidente de la República firmo para que se convierta en ley”, expresó Gustavo Petro, que destacó las ventajas del texto firmado: “si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecerán sin afecto y muchos, en el futuro, se convertirán en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena, para que esos niños tengan a su mamá”.
Esta legislación, como también reseñó el primer mandatario, permite que las mujeres no solo conmuten sus penas, sino que puedan trabajar o estudiar mientras están en este proceso. Y es que la nueva ley en vigencia propone que las mujeres beneficiadas presten servicios de utilidad pública con un mínimo de 5 horas y un máximo de 20 horas semanales, por lo que el resto del tiempo pueden invertirlo en otras actividades por fuera del hogar o centro carcelario.
Las madres cabeza de hogar que ya están pagando una pena en centro carcelario podrán solicitar dicha medida a un juez de ejecución de penas, mientras que nuevas condenadas podrán pedir este beneficio al juez de conocimiento para el momento que se les imponga la pena.
No obstante, aunque entró en vigencia este miércoles, aún faltarán varios meses para que dicha ley se pueda, como máximo seis, pues aún falta que el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Ozuna, reglamente algunas disposiciones. Se espera que sea poca la demora pues, aunque proveniente de la anterior administración, esta legislación va muy de la mano con algunas propuestas de la actual cartera, que ha buscado privilegiar el concepto de justicia restaurativa y la descongestión de las cárceles del país.
