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Congresistas del Centro Democrático presentaron un nuevo proyecto de ley que busca restaurar los días sin IVA en Colombia. Los miembros del partido del expresidente Álvaro Uribe señalaron en el documento oficial de esta iniciativa que la propuesta tiene como propósito “reactivar la economía, estimular el consumo y dar un impulso al sector empresarial del país”.
Los legisladores también consideran que este proyecto es necesario debido al “estancamiento económico” que ha generado una supuesta desaceleración en los últimos dos años, según las cifras oficiales de 2023 y 2024.
El senador y precandidato presidencial de esta colectividad, Miguel Uribe, en un comunicado, defendió las razones por las que este proyecto de ley puede cumplir con sus propósitos comparando los resultados de la iniciativa durante los años que estuvo activa en la época del expresidente Iván Duque. “En el 2020, 2021 y 2022 generó más de $65 billones en ventas, dinamizando la economía nacional”, señaló el autor de la propuesta.
También criticó al gobierno de Gustavo Petro por hundir la iniciativa en el pasado por “capricho ideológico del presidente”. “Este gobierno frenó una medida que ayudaba a millones de familias, no por argumentos técnicos o fiscales, sino por puro dogma. Por eso insistimos, y que quede claro: en 2026, el Día sin IVA será una política de Estado”, aseguró.
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“Mientras este gobierno impone más impuestos y le pone trabas al sector productivo, nosotros impulsamos medidas concretas que alivian el bolsillo y reactivan la economía”, concluyó el senador del uribismo.
Cabe recordar que la Corte Constitucional devolvió al Congreso el proyecto de ley con el que se buscaba que el día sin IVA en el país quedara establecido como una política de Estado y fuera permanente. El alto tribunal revisó el caso y encontró que el Senado y la Cámara no aceptaron por igual los argumentos del gobierno de Petro para hundir la iniciativa, por lo que el proyecto tendrá que ser archivado.
Los congresistas del Centro Democrático que firmaron la nueva iniciativa también señalaron que la decisión de la Corte no dice nada sobre el talante constitucional del proyecto, por esta razón, es un “tema estrictamente de forma: la Cámara de Representantes no alcanzó la mayoría requerida para rechazar las objeciones del Gobierno.”
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Según la Casa de Nariño, la propuesta legislativa era inconstitucional porque supuestamente violaba el artículo 154 de la Carta Política al crear un beneficio tributario de carácter nacional y, a su juicio, “una regulación en ese sentido está sujeta a la iniciativa o al aval del Gobierno nacional”, con el que no habría contado en este caso.
Por otra parte, porque no se cumplió la exigencia de realizar el análisis de impacto fiscal frente a iniciativas que consagran beneficios tributarios. Desde el Gobierno señalaron que no se estudió ni socializó adecuadamente la cantidad de dinero y demás impactos económicos que hubiera acarreado el proyecto.
De todas formas, la Corte señaló que ella misma no tiene la competencia para pronunciarse sobre las objeciones gubernamentales. La Sala Plena del alto tribunal consideró que como “no se configuró la voluntad de la Cámara de Representantes para rechazar las objeciones del Gobierno nacional, la Corte se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo y remitió el expediente con la sentencia al Congreso de la República, para que se archive el proyecto de ley”.
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